En un artículo de la diaria que informa sobre el acto de “la transformación que impulsa” la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), se incluyen -bajo el subtítulo Formas de cambiar- expresiones del presidente del Consejo Directivo Central de la ANEP, Robert Silva, que creo imprescindible someter a un breve examen crítico.
Según el artículo, en rueda de prensa Silva señaló que a dicho acto asistieron invitados de diversas instituciones y expresó: “Hay que dialogar, pero hay que resolver, que es lo que el país precisa”. Además, según recoge la nota, señaló que se trabaja “en procura del diálogo”, pero “sabiendo el lugar que ocupa cada uno”.
Quizás no hay en este planteo ninguna novedad respecto al modo de concebir el diálogo del gobierno actual, pero, expresado por el presidente del consejo directivo de un ente autónomo de la educación (y no de un ministro del gobierno) entiendo importante objetar el manejo de ese concepto de diálogo en la presentación de una transformación educativa propuesta para la ANEP, que incluye reforma curricular, el otorgamiento de mayor autonomía a las comunidades educativas y la definición de una “política nacional docente”.
Las palabras del presidente del Codicen de la ANEP cometen un error conceptual al oponer “dialogar” a “resolver”. Hay dos modos en que se pueden tomar resoluciones. Uno: sin discusión previa (es decir, sin diálogo entre los interesados), por la sola voluntad de la autoridad. Otro: antes de tomar resoluciones, quien tiene potestades resolutivas hace públicos sus proyectos, consulta o escucha a distintos actores, dialoga con todos los involucrados en el tema del que se trate, toma en cuenta distintos puntos de vista y modificaciones o alternativas eventualmente propuestas antes de decidir; lo discute (en este caso, en el interior del Codicen) y después toma las decisiones. El primer modo puede caracterizarse como autoritario, antidialogal o antidemocrático. El segundo, en cambio es antiautoritario,dialogal y democrático.
Al dar a entender que el diálogo es un obstáculo a la toma racional de decisiones, Silva está optando por un modo de proceder antidemocrático.
Dice que se trabaja “en procura del diálogo”, pero “sabiendo el lugar que ocupa cada uno”. Una de las condiciones más elementales de cualquier diálogo es que sea igualitario. De lo contrario, algunos no quedan reconocidos como interlocutores válidos. La fórmula poco feliz que utiliza el jerarca es incompatible con los conceptos de igualdad y ciudadanía: todo ciudadano, excepto quienes tengan cargos de autoridad, queda descalificado para el diálogo y reducido “al lugar que ocupa”.
Estos errores conceptuales, son realizados en el momento mismo en que se están presentando públicamente resoluciones ya tomadas sin diálogo sobre cuestiones fundamentales de la educación y sobre las cuales no había conocimiento público. En concreto, se presentan propuestas de:
“Reforma curricular”. Campo extremadamente complejo que sería importante debatir en serio entre todos. Existe la herramienta del Congreso Nacional de Educación: no convocarlo para este tema no parece una decisión que esté “procurando el diálogo”. Es de rigor democrático informar y consultar los profesionales de la educación respecto a su especialidad; como es de sentido común, cualquier transformación educativa que desconozca a los educadores como profesionales está destinada al fracaso, en perjuicio de todos.
“Autonomía de comunidades educativas”. Es algo demasiado ambiguo sobre lo que sería importante dialogar. Pero la concepción del diálogo que está manifestando el presidente del Codicen parece incompatible, tanto como con la idea misma de “comunidad” como con la de “autonomía”.
Una “política nacional docente”. Si no es sujeta a diálogo previo, resulta sospechosa de intentar politizar al cuerpo docente en el ejercicio de su profesión. Silva nos concede que podamos no estar de acuerdo con algunas decisiones. Bueno sería que no. Y, una vez más, le sobra un “pero”: “la responsabilidad de conducción del gobierno de la educación la tenemos nosotros”, afirma. No negaré esa responsabilidad. Por el contrario, parte de la responsabilidad de las autoridades -en este caso del Codicen- es hacerse cargo no sólo de sus decisiones, sino de los modos de tomarlas; no solo del “cambio”, sino de las formas de cambiar.
Las que el jerarca manifestó en el mencionado artículo son inaceptables. Sería necesario, entonces, asumir la responsabilidad de dialogar también sobre las formas de cambiar. Aunque sea para que el próximo Codicen, o el otro, o el otro, no caigan en la tentación de imponer otro cambio sin diálogo, y otro, y otro, por la urgencia de resolver. ¿Será posible educar así?