Los debates acerca del proyecto de ley sobre tenencia compartida muestran limitaciones y dilemas de la coalición de gobierno nacional.
La iniciativa, acordada por legisladores del Partido Nacional (PN) y Cabildo Abierto (CA), ha recibido fuertes críticas, sobre todo porque implica riesgos de desprotección de derechos infantiles cuando hay denuncias de violencia. Estos argumentos son compartidos por el Frente Amplio (FA), por la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Mónica Bottero, que integra el oficialista Partido Independiente (PI), y por parte de los parlamentarios del PN (incluyendo a la vicepresidenta Beatriz Argimón) y del Partido Colorado (PC), entre estos últimos, por el sector Ciudadanos, que anunció la presentación de un aporte propio y tiene en sus manos la suerte del proyecto en la comisión del Senado que lo trata.
Ante esta situación, grupos que apoyan la iniciativa han lanzado una virulenta campaña contra Ciudadanos y contra los colorados en general en redes sociales y mediante pintadas en muros.
El acuerdo entre el PN, el PC, CA, el PI y el Partido de la Gente se veía venir antes de la primera vuelta de las elecciones de 2019, pero se formalizó después de esta, a fin de derrotar al FA en el balotaje. Una vez anunciada la decisión política, se negoció el documento “Compromiso por el país” para definir y difundir los consensos programáticos posibles. En varias áreas no los hubo, y se optó por omitirlas o por plantear lineamientos muy generales.
Este proceso es habitual cuando negocian partidos con orientaciones y tradiciones diferentes, que incluso se caracterizan por sus discrepancias históricas sobre cuestiones relevantes, como el PC y el PN. En algunos casos, a medida que recorren camino juntos y les hacen frente a grandes desafíos comunes, la coalición se va volviendo alianza para todos los participantes o para la mayoría de ellos, se consolida una identidad colectiva, la historia compartida empieza a importar tanto o más que las previas, y se llega a una nueva configuración política cada vez más irreversible, como sucedió con el FA. Otras veces hay senderos que se bifurcan.
La “coalición multicolor” incluye a sectores y personas con la convicción de que casi todos los cambios normativos de los 15 años previos a la asunción de Luis Lacalle Pou (y en algunos terrenos también antes del primer gobierno de Tabaré Vázquez) son parte de una misma orientación nacional e internacional que es preciso combatir y revertir, muy especialmente en el terreno social. Pero esta postura no es homogénea, y resulta obvio que, en varios temas de derechos, parte del oficialismo está más cerca del FA que de CA o de sectores casi confesionales del PN.
La tenencia compartida de un proyecto político se vuelve muy compleja y peligrosa cuando una de las partes es notoriamente más primitiva y violenta que la otra. Como sucede con la tenencia de hijas e hijos, el problema no se resuelve con presiones, descalificaciones e intentos de imposición por la fuerza, sino que se agrava.