El 2021 se presenta como un año lleno de desafíos para América Latina y el Caribe, pero empezó con una buena noticia: la ratificación del Acuerdo de Escazú. Este es el primer gran pacto ambiental de la región y abre una nueva fase, ya que busca garantizar los derechos de todas las personas a un medioambiente sano y al desarrollo sostenible. Asimismo, busca facilitar el acceso a la información pública y promueve la participación ciudadana en las políticas medioambientales de la región.
Este histórico acuerdo regional tiene sus orígenes en la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20) y está fundamentado en el Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, de 1992. Más allá de los representantes de gobiernos y organismos internacionales, en su construcción y negociación fue también significativa la participación de movimientos sociales, académicos, expertos y sociedad civil en general.
El “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”, mejor conocido como Acuerdo de Escazú, se firmó en la ciudad costarricense de Escazú el 4 de marzo de 2018. El tratado fue promovido por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y firmado por 22 países, tras el acuerdo regional alcanzado en negociaciones presididas por Chile y Costa Rica, que contaron también con la participación de Argentina, México, Perú, San Vicente y las Granadinas, y Trinidad y Tobago.
Un instrumento jurídico pionero de protección ambiental
El Acuerdo de Escazú constituye, en primer lugar, un instrumento jurídico pionero en materia de protección ambiental. En segundo lugar, se trata de un tratado de derechos humanos que, según la Cepal, tiene como propósito “garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la Justicia en asuntos ambientales”.
Estos elementos constituyen la base de la democracia ambiental y se convierten en realidad cuando las decisiones políticas sobre la gestión del medioambiente están en armonía con los intereses de los ciudadanos.
El acuerdo se opone además a toda forma de desigualdad y discriminación. Por ello, busca garantizar la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación para contribuir a la protección del derecho de cada persona y de las generaciones presentes y futuras a vivir en un medioambiente sano y al desarrollo sostenible.
Para su entrada en vigor, el acuerdo requiere la ratificación de al menos 11 estados. Hasta el año pasado había sido ratificado por Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Uruguay. Pero con la ratificación de México y Argentina y el depósito –ingreso del documento de ratificación– de este instrumento ante la Organización de las Naciones Unidas el 22 de enero, se alcanzó el número necesario. De esta manera el Acuerdo de Escazú entrará en vigor el 22 de abril de 2021, Día Internacional de la Madre Tierra.
Conflictos socioambientales
Los numerosos conflictos socioambientales y el elevado número de asesinatos de líderes ambientales como Berta Cáceres o Samir Flores han llevado a Global Witness (2020) a considerar a América Latina y el Caribe la región más peligrosa del mundo para ser defensor de los derechos humanos, de la tierra o activista medioambiental. Por ello, el acuerdo es, sin lugar a dudas, un gran avance y una respuesta clave ante una de las principales deudas regionales.
Desde una perspectiva histórica, estamos ante el primer acuerdo internacional que incluye disposiciones sobre las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. Su artículo 9 destaca: “Cada Parte garantizará un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad”.
Por todo esto, el Acuerdo de Escazú constituye un convenio sin precedentes que demuestra el valor de la cooperación y el multilateralismo. Se trata no sólo del primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe, sino también del único acuerdo vinculante adoptado hasta la fecha derivado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río+20).
El convenio pone también a América Latina y el Caribe a la vanguardia de una transformación medioambiental que prioriza los derechos de las personas, con perspectiva de género. Además, cuenta con un enfoque que considera las necesidades de las personas y grupos más vulnerables ante la degradación del medioambiente y los efectos del cambio climático.
El acuerdo marca un punto de inflexión en la agenda ambiental regional y tiene un enorme potencial en el proceso de construcción de sociedades más justas, equitativas y sustentables.
En efecto, la centralidad de este acuerdo radica en que los derechos que garantiza también se aplican a las decisiones y políticas en materia de cambio climático. De esta manera, sirve como un marco para la adecuada implementación regional del Acuerdo de París (2015) y para la construcción de políticas climáticas efectivas.
La construcción de la democracia ambiental
En la construcción de la democracia ambiental en América Latina y el Caribe, el Acuerdo de Escazú representa un paso fundamental. Constituye también una de las bases esenciales para la cooperación internacional y el multilateralismo en relación al desarrollo sostenible, al medioambiente y al cambio climático.
En un momento en que es necesario pensar en la recuperación regional tras la pandemia de la covid-19, el acuerdo nos recuerda que no se puede hablar más de economía y de promoción del desarrollo sin tomar en cuenta los efectos sobre el medioambiente y el cambio climático. A partir de este marco, la región puede y debe optar por una recuperación verde y sostenible que considere no solamente los derechos de las actuales generaciones, sino también de sus futuros habitantes.
En definitiva, el acuerdo reivindica la urgencia de pensar en el medioambiente y el cambio climático, así como en la construcción de una verdadera democracia ambiental. Reconoce el derecho fundamental a un medioambiente sano, al paso que da voz a las mujeres, a los pueblos indígenas, a los jóvenes, a las personas con discapacidad y a las comunidades vulnerables para que luchen por sus derechos y tengan garantías de protección en este proceso.
De esta manera, el acuerdo marca un punto de inflexión en la agenda ambiental regional y tiene un enorme potencial en el proceso de construcción de sociedades más justas, equitativas y sustentables. Teniendo en cuenta los numerosos obstáculos y desafíos que enfrentará a partir de su próxima entrada en vigor, nuestra tarea como ciudadanos será trabajar para que este instrumento no sólo sea ratificado por todos los países, sino también para que se convierta en realidad.
María Villarreal es cientista política, profesora e investigadora de la Universidad Federal del Estado de Rio de Janeiro.
Este artículo fue publicado originalmente en www.latinoamerica21.com