Relatar en pocos párrafos lo que ha sido el primer año del gobierno de la coalición de derechas, y en consecuencia, la actuación del Frente Amplio (FA) en la oposición, es tarea imposible. Fue un año marcado por la pandemia, y el gobierno ha dado sus primeros pasos oscilando entre su programa y los emergentes, atendiendo más lo primero que lo segundo, mientras que el FA parece intentar torpemente adaptarse a su papel, en medio de un proceso de revisión autocrítica de sus gobiernos y de la renovación de liderazgos. A crédito de un análisis más detallado y extenso que no podemos permitirnos en estas páginas, se puede adelantar una conclusión que se intentará argumentar con algunos ejemplos: el FA no ha logrado articular una estrategia que le permita desempeñarse como oposición de manera satisfactoria.
En líneas generales, las acciones de la fuerza política se enmarcaron en el absurdo temor a politizar la pandemia (asunto que tiene su lado político cada vez más visible, aunque el oficialismo lo niegue), lo que la desplazó de la discusión del tema del año. Cuando irrumpió la pandemia, el primer reflejo del gobierno fue culpar al FA de no prever la llegada de la covid-19 (y no perdieron oportunidad de criticar al FA en sus conferencias), mientras que el primer reflejo de la oposición fue respaldar al gobierno y evitar la confrontación. Fiel a su tradición de fuerza constructora que ya lleva medio siglo, el FA realizó una y otra vez propuestas que el gobierno no quiso escuchar: hubo varias reuniones e instancias de diálogo, pero sin acuse de recibo de las medidas propuestas. Nadie puede decir que el FA criticó y no propuso nada. No lo sabíamos entonces, pero era ingenuo esperar que escucharan a la oposición si ni siquiera le prestan mucha atención al Grupo Asesor Científico Honorario (GACH).
Pero faltó habilidad para posicionar las medidas propuestas en el debate público. Por ejemplo, la renta básica universal fue una de las más discutidas, pero con un debate muy pobre y ruidosas críticas del oficialismo, a pesar de que académicos de la Universidad de la República que hace mucho trabajan en el tema elaboraron una propuesta detallada que incluía los cálculos para la financiación.
Al margen de las propuestas respecto de la pandemia y ante el temor a politizarla, buena parte de las acciones de la oposición se apoyaron en pequeños incidentes coyunturales a los que el FA reaccionó intentando hacer política a veces con objetivos poco claros, generalmente con escaso éxito. Es imposible mencionarlos todos, pero vale la pena detenerse en algunos para ejemplificar el punto.
Un episodio lamentable fue el affaire Beatriz Argimón-Fernando Cristino, del que el FA se hizo su-eco. Más serio fue el caso de Isaac Alfie declarando en contra de Uruguay, exponiendo al país a pagar millones de dólares en un arbitraje que finalmente tuvo un laudo favorable. También allí se criticó la idoneidad ética del funcionario para permanecer al frente de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), pero al igual que en el caso de la directora de la Secretaría Nacional de Cuidados, Gabriela Bazzano, las serias dudas que despiertan algunos de “los mejores” designados por el gobierno apenas logran hacerle mella y acaban disipándose tras el respaldo del oficialismo. También en el caso de Guido Manini Ríos eligieron complicidad, negándose a votar el desafuero, cambiando impunidad por presupuesto. Aún está por verse qué sucede con Pablo Sitjar, integrante del directorio del Banco República por Cabildo Abierto, cuya destitución fue solicitada por el FA. La improvisación ha sido una característica del oficialismo: desde la renuncia de Ernesto Talvi hasta la desprolijidad en la negociación de las vacunas, pasando por el (des)acuerdo sobre el presupuesto para los juzgados de género.
Un incidente curioso fue la destitución de Erode Ruiz luego de reunirse con Gustavo Leal a espaldas del ministro Jorge Larrañaga. Fue este episodio el que finalmente motivó un llamado a sala (no lo fueron los abusos cometidos desde el primer día, ni el dudoso relato sobre las cifras, ni las fricciones con la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, ni siquiera la utilización de una picana contra un detenido, que valió una declaración de la bancada del FA). El FA, que no podía criticar al oficialismo por los desmanes de Ruiz dado que siendo gobierno lo designó jefe de Policía en Maldonado pese a su polémico historial, vio su destitución como otro episodio de falta de diálogo. A la vez, el ministro, que fue tan crítico con la gestión del FA en materia de seguridad, no podía permitirse que un cargo de confianza se reuniera con exjerarcas frenteamplistas porque habría implicado admitir de una vez las enormes coincidencias entre la pasada y la actual gestión: había que marcar diferencias a toda costa, aunque hubiese más continuidad que cambio. Pero al final el llamado a sala se suspendió alegando que la situación sanitaria era más importante, y la que quizá sea la cartera más cuestionable hasta ahora sigue sin rendir cuentas ante el Parlamento.
La debilidad para hacer política se manifiesta también en las redes sociales, donde muchos militantes ávidos de una oposición tenaz dan palos de ciego, a falta de voces que los representen en la tribuna política. A veces hasta algún legislador se sube al carro de criticar lo anecdótico por criticar algo, y termina peludeando, como en el episodio de la camioneta presidencial en la arena. Es síntoma de la falta de proyecto político y de la falta de conducción. Ya lo dijo Max Weber: la ausencia de finalidades objetivas es uno de los pecados mortales en política.
Pero más allá de la pandemia y de las pequeñas escaramuzas, el suceso clave para analizar el desempeño del FA en la oposición es sin duda la ley de urgente consideración (LUC), por ser el buque insignia de la coalición de gobierno y por sintetizar el programa común de las derechas. Aparecida en medio de la emergencia sanitaria, el oficialismo prefirió sus propias urgencias a las de los y las uruguayas (cosa que reafirmó en la ley de Presupuesto), negándoles además la posibilidad de un debate democrático al respecto. “La gente votó un cambio”, decían, como si la democracia fuese ir cada cinco años al cuarto secreto y nada más.
El FA se presentó como una “oposición responsable”, apostando al diálogo, a la crítica constructiva y a la “reducción de daños”. Asumiendo que la LUC es una mala ley con la que ideológicamente nunca podría estar de acuerdo, pero aceptando que de todos modos sería aprobada, el FA optó por negociar para introducir cambios que la hicieran menos mala, votó por unanimidad muchos artículos y logró excluir otros: pequeñas victorias más a instancias de socios disidentes de la coalición que por mérito propio, que en algunos casos se revertirían parcialmente en la ley de Presupuesto (como la desmonopolización de Ancap) o esperan su momento (como la nueva ley de medios).
Pero el discurso de “oposición responsable” parece haberse convertido en un brete. Aprobada la LUC que una y otra vez se calificó de antipopular, innecesaria, autoritaria, privatizadora e incluso inconstitucional, el movimiento social no tardó en reclamar su impugnación, y lo que pasó después es de conocimiento público: parte del FA y del movimiento social quieren ir por todo, otros lo consideran riesgoso. El asunto termina laudándose en dos campañas de recolección de firmas: una que pretende impugnar 135 artículos (básicamente los que el FA no votó) apoyada por el PIT-CNT y el FA, entre otros; y otra, impulsada por diferentes organizaciones y colectivos, que pretende impugnar la ley entera. Parece haberse negociado más en el Parlamento para aprobar la ley que con el movimiento social para buscar su impugnación. En todo caso, con el diario del lunes, lo más conveniente parecía ser no interferir con el movimiento social y su estrategia.
Ahora el FA se apresta a una ardua campaña en la que tiene que explicar por qué criticó tanto la ley si no estaba tan en contra, por qué si había “dos modelos de país” bien distintos hay 341 artículos del programa de las derechas que no merecen ser sometidos a la democracia directa. En fin, contradicciones del progresismo que habrá que revisar si se quiere ser una oposición responsable y ofrecer una auténtica alternativa al modelo de las derechas. Pero independientemente de la derogación total o parcial, estas campañas serán exitosas si logran reivindicar el derecho de la ciudadanía a pronunciarse sobre una ley de cuyo debate se vio excluida por los caprichos del gobierno y las restricciones sanitarias.
De este brevísimo repaso, que quizá peca de injusto, lo que se desprende es la poca capacidad para marcar agenda, para generar hechos políticos por mérito propio frente a un gobierno que cuando no está anunciando el anuncio de la futura medida está dando marcha atrás a una medida anunciada. Es un todos contra todos sin diálogo real con la oposición y sin dar respuesta a los problemas que se acumulan, evidenciando autoritarismo y falta de sensibilidad. Sería muy fácil reconocer el éxito de la estrategia de comunicación del gobierno o el doble juego de oficialismo y oposición dentro de la propia coalición, o culpar al “blindaje mediático”. Pero hacer política es responsabilidad de la fuerza política.
El FA no encontrará comodidad en la oposición sin antes laudar la revisión de sus propios gobiernos y elaborar desde allí una verdadera alternativa de izquierdas al proyecto de las derechas. No sólo hace falta delinear una estrategia: hace falta un proyecto político que trascienda lo electoral y que (re)una a las izquierdas, porque sin él la estrategia no es más que el plano de un castillo de naipes.
No se puede criticar al gobierno sin asumir las contradicciones propias: esto implica una revisión del progresismo, de sus posibilidades y de sus limitaciones. Hace falta una renovación –que puede ser generacional o no–, pero debe ser fundamentalmente ideológica y estratégica si se quiere contrarrestar el embate de las derechas: a todas luces el consensualismo no está funcionando. El FA sabe más de ser oposición que de ser gobierno, pero antes de ser gobierno tenía un proyecto político a estrenar y una estrategia de “acumulación”. Ahora ese proyecto mostró sus debilidades, y es necesario fijar un nuevo rumbo para disputar hegemonía. No hay que tenerle miedo al conflicto: la política es conflicto. La forma de no polarizar no es evadir la confrontación, sino confrontar con honestidad intelectual (y algunos de los nuevos liderazgos saben hacerlo muy bien).
Ahora bien, no es el FA el que debería adaptarse tibiamente a su rol de oposición siendo la fuerza política más grande, esto es, casi la mitad del país. Debería ser el gobierno quien mida la temperatura del agua con el codo antes de tomar decisiones. Así como lentamente crece el malestar entre los votantes de la coalición, crece también el descontento entre los votantes del FA en relación a su estrategia. Hay que ser más creativos, más ingeniosos, más audaces. De nuevo con Weber, no se consigue nunca lo posible si no se intenta lo imposible, y en eso consiste el arte de la política.
Marcos Hernández es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República.