Uruguay ha sido y es un país adultocéntrico. Esto puede tener sus causas en la característica demográfica que se ha manifestado tempranamente en nuestro país, con un porcentaje cada vez mayor de personas adultas y personas mayores, pero también por una cultura general que ha tendido a ignorar a la niñez como personas en desarrollo y cuya construcción como ciudadanos depende de los apoyos y el respeto que tengamos sobre sus opiniones y situaciones de vida.
A pesar de un inmediato reconocimiento y ratificación formal de la Convención de Derechos de la Niñez de 1989, la adecuación de nuestra legislación fue largamente resistida en el sistema político. Tras diez años de idas y venidas, finalmente se aprobó en 2004 un Código de la Niñez y la Adolescencia bastante tutelar, que si bien contempló los principios fundamentales de la convención internacional, siguió registrando en varios de sus procedimientos concretos una mirada paternalista y de resistencia a interpretar claramente la calidad de sujeto de derecho en construcción con las responsabilidades que esto conlleva para el Estado, la comunidad y las familias.
Es por ello que en cada legislatura han convivido proyectos de adecuación de la legislación a la convención con otros de retroceso en cuanto a algunos de los principios incorporados como guía en el texto nacional del Código de la Niñez y la Adolescencia.
Las políticas públicas hacia la niñez y adolescencia han ido perfeccionando los protocolos de actuación especialmente en los temas de protección ante el maltrato, la violencia y el abuso, creando equipos técnicos y peritos especializados e incluso un sistema de prevención interinstitucional (Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia, Sipiav) que ha venido relevando en los últimos años estas situaciones en los ámbitos donde conviven los niños, niñas y adolescentes. Las cifras son penosas en un país con una cada vez menor proporción de esta franja etaria.
Estas propuestas no sólo retroceden sobre lo que ya está legislado en la materia de familia, sino que no fundamentan en qué se basan para defender la tesis de que los jueces son parciales porque siempre favorecen a las madres.
En la presente legislatura se reiteraron y ampliaron proyectos relativos a los casos de separación de los padres que, al no poder acordar sobre las formas de tenencia de los hijos o del régimen de visitas, buscan imponer una tenencia compartida obligatoria para ambos padres, sin pedir la opinión de los niños, niñas o adolescentes en juego. Se conmina así a los jueces o juezas a determinar siempre esta paridad en la tenencia de los hijos aun cuando uno de los padres esté denunciado por violencia, maltrato o abuso familiar si todavía está en proceso el tratamiento de la denuncia.
Estas propuestas no sólo retroceden sobre lo que ya está perfectamente legislado en la materia de familia sino que no fundamentan en qué se basan para defender la tesis de que los jueces son parciales porque siempre favorecen a las madres. No hay un estudio de las sentencias que confirme dicha discrecionalidad, y de esta forma se habilita a que si los niños están viviendo en un ambiente agresivo para sus personas, tengan que seguir haciéndolo mientras los procesos judiciales se tramitan.
Varias organizaciones de la sociedad civil que trabajan con la niñez y la adolescencia, en su mayoría justamente en procesos de apoyo en los temas de violencia y maltrato, han emitido una declaración conjunta en la que señalan el peligro que estas propuestas encierran para los niños involucrados. La Asociación Nacional de ONG Orientadas al Desarrollo (Anong), el Comité de los Derechos del Niño y la Niña, el Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), la Intersocial Feminista, la Red Pro Cuidados y la Red Uruguaya contra la Violencia Domestica y Sexual se han entrevistado con las bancadas legislativas, con la vicepresidenta Beatriz Argimón y con la Asociación de Magistrados del Uruguay, llamando la atención de las consecuencias para la niñez uruguaya de aprobarse estas modificaciones al tradicional derecho de familia de nuestro país. Asimismo, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo ha realizado un preinforme en el mismo sentido.
Este mes de mayo comenzó el tratamiento de los proyectos en la Comisión de Constitución y Códigos del Senado y serán recibidas estas organizaciones e instituciones, así como los colectivos de padres proponentes de los proyectos de tenencia compartida impuesta.
Desde la Red Pro Cuidados, esperamos que el Parlamento uruguayo no revierta la sensatez legislativa que se viene aplicando desde hace décadas en protección de la niñez de nuestro país.
Margarita Percovich es integrante de la Red Pro Cuidados.