Es importante reconocer el papel desempeñado por el actual comandante en jefe del Ejército, el general Gerardo Fregossi, por su iniciativa y ejecución del proceso de reforma de los planes de estudio de la historia entre 1958 y 2020 en el ámbito de la educación militar, y al ministro de Defensa, Javier García, por haberlo apoyado, así como por asumir las fallas del “sistema político” en su conjunto por no haberlo hecho en los 35 años posteriores a la dictadura. También es necesario reconocer la mejora comparativa de los contenidos aprobados respecto de lo que existía anteriormente.
Estos reconocimientos no nos impiden, sin embargo, observar algunos sesgos y ausencias importantes en los planes de estudio elaborados, que deberían ser analizados con franqueza.
Algunos ejemplos pueden ayudar a verlos.
En el Curso de Oficiales Superiores hay varios “ejes temáticos” vinculados a la guerrilla; sin embargo, no hay ninguno específico sobre los movimientos subversivos de los militares que condujeron el golpe de Estado de 1973 y la violación sistemática de la Constitución por más de 12 años, ni del papel desempeñado por las logias militares. Tampoco sobre los numerosos militares democráticos y constitucionalistas que se opusieron o no apoyaron el golpe de Estado.
Hay un capítulo dedicado a un sector del Frente Amplio, el Partido Comunista; sin embargo, no hay ningún capítulo específico sobre los importantes sectores de los partidos Nacional y Colorado que conformaron el movimiento subversivo que dio el golpe de Estado de 1973. Ni sobre los sectores empresariales que los apoyaron e impulsaron.
No hay ningún capítulo dedicado al terrorismo y los crímenes políticos masivos practicados por las Fuerzas Armadas uruguayas, como las torturas sistemáticas (renegando y traicionando el espíritu artiguista de “clemencia para los vencidos” y las leyes y convenciones sobre el trato a prisioneros), ni sobre la prisión generalizada de opositores, en la mayoría de los casos en condiciones indignas e incluso infrahumanas, ni de las desapariciones de hombres, mujeres y niños, el exilio y la proscripción de miles de personas por el “delito” de pensar diferente o defender la democracia, así como de la clasificación de las personas en categorías (A, B y C) de adhesión dictatorial (aunque la disfrazaran llamándole “fe democrática”). Ni de la violencia policial y de la ultraderecha previa al golpe, incluyendo los asesinatos de estudiantes, el Escuadrón de la Muerte, la represión de toda protesta social, incluso la clausura de medios de prensa y diversos atentados a los locales de los partidos políticos, entre otros.
Estos reconocimientos no nos impiden, sin embargo, observar algunos sesgos y ausencias importantes en los planes de estudio militares elaborados, que deberían ser analizados con franqueza.
También brilla por su ausencia el rol jugado por Estados Unidos en la promoción de golpes de Estado en la región y en Uruguay.
Es llamativa la omisión de los informes de las Fuerzas Armadas al presidente de la República Tabaré Vázquez en 2005, dado que contenían un reconocimiento explícito de algunos hechos aberrantes que hasta ese momento no eran reconocidos, más allá de algunas falsedades que también tenían.
Tampoco hay referencias a la violencia en la etapa democrática posdictadura: Comando Lavalleja (atentados a Hugo Cores en enero de 1991 y setiembre de 1992, puente ferroviario en Minas en 1992), Guardia de Artigas (estudio jurídico de Julio María Sanguinetti en abril de 1992 y secuestro del periodista Alfonso Lessa), ni a la colocación de una bomba en la casa del contralmirante James Coates, la fuga de Berríos en Parque del Plata y su secuestro y desaparición (noviembre de 1992) y posterior ejecución, los espionajes a los generales Juan Rebollo y Fernán Amado o las bombas en la plaza Virgilio y el edificio Anexo del Palacio Legislativo. Ni sobre el espionaje en democracia de los servicios militares de inteligencia a políticos y sindicalistas.
Tampoco se desprende del programa la inclusión de acciones de “no repetición”.
Por estas y otras razones, reconociendo el valor del camino iniciado, enfatizamos la ausencia de algunos hechos sustanciales para avanzar en la construcción de unas Fuerzas Armadas profundamente democráticas y comprometidas con el “nunca más” dictaduras ni mesianismos. Ni terrorismo. Ni crímenes de lesa humanidad.
La razón de ser de la existencia de Fuerzas Armadas es la defensa de la paz, la soberanía y la población; no su sometimiento. El reconocimiento crítico y autocrítico de los errores y horrores cometidos es parte sustancial del camino de construcción de unas Fuerzas Armadas sustancialmente diferentes a las dictatoriales.
Gustavo Scaron es presidente de la Comisión Especial de Defensa Nacional del Frente Amplio.