El 27 de junio de 1973, luego de un dilatado proceso de debilitamiento institucional del país, finalmente se llegó al quiebre final del funcionamiento real de la Constitución, y por ende de todas las instituciones del Estado.
Se disolvió el Parlamento, se intervinieron todas las intendencias, se intervieron todos los entes públicos, UTE, Antel, Ancap, los entes de enseñanza primaria y secundaria dependientes del Codicen.
La Universidad de la República es la única institución nacional que quienes encabezaron el quiebre institucional no tocaron: continuaron vigentes sus autoridades legítimas electas de acuerdo con las normas legales. En cambio, y aquí sí rompiendo el marco legal vigente, se convocó a elecciones universitarias generales para todos los cargos electivos previstos en la Ley Orgánica. Dichas elecciones debían realizarse el 12 de setiembre de 1973.
Si bien la dictadura violó la autonomía de la Udelar determinando elecciones generales fuera de la fecha correspondiente, frente a la magnitud y situación a la que quedaron sometidas otras instituciones, se trató de un hecho menor.
Eso era lo formal, pero la realidad era otra. La Universidad y sus autoridades tuvieron una continuidad con el compromiso republicano y social que la caracterizaba, redoblando su misión frente a estas difíciles circunstancias. Su compromiso con el país era histórico.
Los gremios universitarios resolvieron, al igual que el movimiento sindical organizado, que frente a una ruptura institucional se decretaría la huelga general.
Ese momento llegó y se cumplió.
Se instrumentó la huelga general contra la dictadura y la ocupación de los lugares de trabajo. Los gremios universitarios hicieron lo propio y todos los locales universitarios fueron ocupados, y se han sido registradas múltiples intervenciones de la militancia en torno a los locales acompañando a las ocupaciones.
Entre ellas elijo sólo tres, de por sí de gran significación y que, desde el punto de vista institucional universitario, testifican los primeros actos de importancia de enfrentamiento de la propia Universidad con la dictadura.
La primera: el Consejo Directivo Central, al fin de la tarde del 27 de junio, el mismo día del golpe, emitió un pronunciamiento de condena al Poder Ejecutivo. Luego convocó a la Asamblea General del Claustro, que también sacó un pronunciamiento de condena al golpe de Estado. Estos dos actos se dieron en las primeras 48 horas de la ruptura institucional.
La segunda: se realizó una sesión abierta del Consejo Directivo Central el 6 de julio en el Paraninfo de la Universidad, en plena huelga general, desbordada de concurrencia, en la que se manifestó solidaridad con la causa popular y la huelga general. Esa sesión fue convocada con dos frases artiguistas: “Destruir la tiranía” y “Levantar el sagrado grito de Libertad”. Fue un verdadero acto público contra la dictadura. Y, fue increíblemente, realizado por un ente del Estado.
Culminado el acto, decidió manifestarse por 18 de Julio hacia el Obelisco y marchar al frente de la movilización el propio rector, Samuel Lichtensztejn, acompañado del Consejo Directivo Central, y una columna de los casi 2.000 asistentes al acto del Paraninfo, que fue disuelta con violencia pocas cuadras antes de culminar.
La tercera: la Universidad resolvió realizar en una sala velatoria de la calle Rivera el sepelio del estudiante de Veterinaria Ramón Peré, baleado por la espalda en una movilización el 7 de julio en las proximidades de su facultad ocupada. Se había consensuado su traslado al local central universitario ocupado, donde se le brindaría el homenaje póstumo de la institución.
Apenas entró el féretro al local central, se desplegó un cerco policial sobre el edificio, se registraron algunos incidentes, lo que impidió el desarrollo del homenaje, y se tuvo que desistir de tal evento consensuado con los deudos.
La convocatoria de la dictadura a elecciones universitarias
El 11 de julio en que se resolvió levantar la huelga general, la Universidad hizo entrega a la Corte Electoral de los padrones universitarios, con los cuales estaba en condiciones de participar en la instancia electoral decretada para el 12 de setiembre de 1973, con voto secreto y obligatorio.
También y a partir de esa fecha, al igual que todas las actividades en todo el país, las facultades y los servicios generales de la Universidad fueron restableciendo paulatinamente los servicios.
Durante esos días se fueron procesando nuevas circunstancias, tanto en el país como en la Universidad. En el plano de la enseñanza, la Universidad, una vez levantada la huelga general que involucró a los órdenes universitarios, dentro del clima especial que se vivía en el país, hizo lo posible por mantener con normalidad sus cursos y tareas generales de investigación.
Organizó un ciclo de conferencias a desarrollar en el Paraninfo, todos los miércoles, denominado “El Uruguay de 1973 y su Universidad”, que llegaba hasta setiembre.
En reiteradas oportunidades sus autoridades debieron hacer gestiones ante el Ministerio del Interior por la libertad de estudiantes, docentes y hasta consejeros del Consejo Directivo Central. Y ante el Ministerio de Economía por el pago de las inmensas partidas presupuestales incumplidas y adeudadas.
Se registró un relacionamiento permanente, a medida que se aproximaba la fecha de las elecciones, con la Corte Electoral. Ello implicó la elaboración de los padrones, confección y presentación de listas y su registro, disposición de los locales para el evento, etcétera.
Y todo ello en un contexto que no era fácil y que incluso muchas veces era contradictorio. Se había ilegalizado a la CNT y existía un pedido de captura a los integrantes de su dirección, había un consejero estudiantil del CDC de la Universidad detenido en el Cilindro. Mientras ello sucedía, por otro lado, la Juventud Uruguaya de Pie (JUP) realizaba sin dificultades su “Congreso” en Montevideo.
El 14 de agosto, la Universidad realizó en el Paraninfo un acto recordatorio y de homenaje a los cinco años del asesinato de Líber Arce. La oratoria estuvo a cargo del rector, un delegado de los trabajadores y un delegado estudiantil.
Hacia fines de agosto el clima general se enrareció más. Se había realizado una “jornada del ruido” (caceroleo) como expresión colectiva de resistencia.
Se prohibió la realización de un acto convocado por la Universidad al pie del monumento a Artigas en la plaza Independencia.
Nuevamente se realizó un acto público en el Paraninfo de la Universidad convocado por personalidades de la universidad y la cultura, de homenaje a Emilio Frugoni a cuatro años de su fallecimiento.
Se detuvo a Hugo Batalla y se pidió la captura de Héctor Gutiérrez Ruiz. En medio de ello se registró la muerte por torturas del estudiante de Agronomía Hugo de los Santos.
Miles de universitarios se convocaron en el Palacio Peñarol para la proclamación de las listas gremiales de estudiantes y docentes, mientras los estudiantes denunciaban los ataques en algunas facultades del Movimiento de Restauración Nacionalista.
Finalmente se aceptó por los personeros del régimen de facto que los estudiantes presos en el Cilindro salieran a votar el 12 de setiembre. En este clima llegaron las elecciones.
La Universidad y sus autoridades tuvieron una continuidad con el compromiso republicano y social que la caracterizaba, redoblando su misión frente a estas difíciles circunstancias.
La elección, ¿y ahora qué?
La campaña previa realizada, con las limitaciones del caso, registra una singularidad que es necesario señalar: refería más a la situación política del país que a las internas universitarias de los órdenes. Fue la campaña más politizada que se registra en la historia de las elecciones universitarias.
En todos los órdenes las listas se agrupaban en sectores “en defensa de la democracia y el Estado de derecho”. Las que apoyaban a los golpistas hablaban de la recuperación democrática de la Universidad, “expulsando al marxismo y la sedición de su seno”. Un sector muy pequeño convocaba a votar en blanco.
La consigna electoral de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) fue, en dictadura, “Un voto por el Pueblo”.
Con esta polarización, el resultado electoral implicó un triunfo aplastante de las fuerzas democráticas, con altísimo porcentaje de votación en todos los órdenes. Ello implicó un amplísimo apoyo a las autoridades existentes, que con su ratificación se veían más legitimadas aún en el ejercicio de sus cargos.
Fue el primer rechazo popular en elecciones libres a las directivas dictatoriales, a menos de tres meses de que se instalaran en el poder.
La agonía democrática
Después del inequívoco pronunciamiento del cuerpo electoral universitario, uno podría esperar un encauzamiento del funcionamiento regular universitario. Pero no, por el contrario: se iniciaron los 45 días finales de la democracia universitaria que sobrevivió al malón dictatorial.
Mientras la Universidad continuaba, miércoles a miércoles, su ciclo de conferencias sobre la problemática nacional desde el Paraninfo, con nutrida asistencia, y seguía reclamando la libertad de docentes, estudiantes y consejeros detenidos en distintos centros de reclusión, o pasados a la justicia militar, la Corte Electoral comenzaba el escrutinio definitivo del acto electoral.
También se reeditaban los CDC abiertos en el paraninfo de la Universidad sobre temas de la situación nacional, que reunían a una enorme cantidad de presentes, entre estudiantes, docentes y egresados.
Mientras tanto, desde el semanario oficioso de la dictadura Azul y blanco se proclamaba, en referencia a la Universidad: “Mayoría o no, hay que barrerlos”. En igual sentido se pronunciaban los Estudiantes Nacionalistas, grupo que apoyó el voto en blanco, manifestando que “las elecciones sólo sirvieron para entronizar el comunismo internacional en la Universidad”.
Nuevamente fue baleado un estudiante en la escalinata de la Universidad, en un ataque del grupo Movimiento de Restauración Nacionalista, de lo que se dio cuenta a la Justicia.
Ya en octubre, a un mes del acto electoral, se convocó un cónclave del gobierno cívico militar en Colonia Suiza, donde entre otras cosas se evaluó el resultado de las elecciones universitarias.
El 25 de octubre, finalmente, la Corte Electoral proclamó el resultado final de las elecciones y de los candidatos electos en todos los servicios. Esta fue la noticia principal de la prensa de todos los diarios al día siguiente, 26 de octubre de 1973. Justamente el último día que la Universidad autónoma y democrática sobrevivió a la dictadura.
El “asalto final” de la dictadura a la Universidad
El funcionamiento de una universidad autónoma, con sus autoridades legítimas cuyo mandato aparecía ratificado masivamente por elecciones libres y con voto secreto convocadas por el propio gobierno de facto, consolidaba una anomalía dentro del propio régimen.
En el cónclave cívico-militar de la dictadura desarrollado en Colonia Suiza se evaluó la marcha del “proceso”. En dicha evaluación podemos pensar que estuvieron presentes las arengas del semanario Azul y blanco, las mencionadas consignas de los sectores del Partido Nacional y la propia evaluación negativa de los “cívico-militares”.
En ese mes y con ese contexto, la suerte de la Universidad estaba echada, planificándose en todos sus detalles su “asalto final”, y el fin del funcionamiento autónomo de la Universidad de la República bajo la dictadura cívico-militar.
Con ello las autoridades de facto corregían su primer grave error a cuatro meses de su gestión: haber convocado a elecciones universitarias y no haber intervenido la Universidad en el mismo momento que disolvieron el Parlamento e intervinieron todos los entes del Estado y sus intendencias.
El 27 de octubre de 1973 fue el día del “asalto final”. La Facultad de Ingeniería se encontraba vigilada perimetralmente por efectivos armados desde el día 26. Temprano en la mañana del sábado 27 de octubre, estalló una bomba en la sala de proyecciones del primer piso de la Facultad de Ingeniería. Como resultado del estallido murió un estudiante de dicha facultad, Marcos Caridad Jourdan, de 22 años.
Inmediatamente intervinieron bomberos, policías, fuerzas conjuntas, la justicia militar y el propio jefe de Policía, el coronel Alberto Ballestrino, que establecieron un cerco en torno a todo el edificio universitario. En el correr de las horas siguientes se cercaron igualmente todos los edificios universitarios de la capital y el resto del país.
A media tarde se reunió el Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), que una hora después dio a conocer la noticia de que la Universidad había sido intervenida, y que el ministro de Educación y Cultura, Edmundo Narancio, actuaría como rector interventor.
Se dispuso también la clausura de todos los locales universitarios con excepción del Hospital de Clínicas, la suspensión de cursos y exámenes, y el arresto de los miembros del Consejo Directivo Central.
Al día siguiente, domingo 28, se dio conocimiento formalmente del texto del decreto.
Una agresiva campaña antiuniversitaria se instrumentó en los medios de prensa, con profusa información de materiales subversivos hallados en los locales universitarios. Ministros, comandantes de las Fuerzas Armadas, jefes de policía recorrieron acompañados por la prensa los locales universitarios.
El editorial del jueves 1° de noviembre de 1973 del semanario Marcha, titulado “Ante el atropello de las fuerzas militares que con toda impunidad toman por asalto la Universidad en su ‘cruzada antisubversión’”, tenía como portada la foto de la Universidad y la frase “La Universidad es el país”.
El domingo siguiente, 4 de noviembre de 1973, se decretó la disolución de la FEUU y sus filiales.
A manera de epílogo
¿Entonces, cuál fue el sustento de la decisión tomada, el 27 de junio de 1973, cuando al dar el golpe de Estado, la dictadura no tocó la Universidad?
Como hipótesis de trabajo podemos suponer tres relevantes y extremas:
a. Que no estaban preparados para dirigirla. Precisaban tiempo.
b. Tener que violar la autonomía universitaria y asumir los daños colaterales era un costo alto.
c. Que fijando elecciones “democráticas” con voto secreto y obligatorio “el marxismo” y la “sedición” serían desplazados “naturalmente” de la conducción universitaria.
La primera está cargada de soberbia universitaria y al poco tiempo quedó demostrado que no era así, o quizás fue tomado como el tiempo necesario para preparar los nuevos cuadros de la dictadura en la universidad.
La segunda se derrumba con la mera consideración de que quienes fueron capaces de violentar el orden constitucional y de disolver las cámaras de senadores y diputados no se podía detener ante la institución universitaria para “no violar su autonomía”.
La tercera sería la más potable, pero tampoco resulta muy admisible. ¿Puede que haya sido un error de información de los servicios de inteligencia? Esta información no parece racional, ya que por lo menos desde hace dos décadas, recogieron información, hicieron valoraciones y un seguimiento particular de los gremios e integrantes de la institución.
Pero errores hubo, desde el momento en que tuvieron que apelar al estallido de la bomba y a la muerte de un estudiante para instrumentar la intervención. El costo colateral fue la muerte de un estudiante que además fue presentado como “armador de artefactos explosivos”. Pero fue un costo que no los detuvo.
De otras atrocidades ya eran responsables y aún hoy se las sigue juzgando por ellas.
Francisco Sanguiñedo fue profesor universitario desde 1962, luego destituido y, tras la dictadura, reintegrado en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, y finalmente en el Programa Apex Cerro hasta 2014.