En la campaña para las elecciones estadounidenses de 2016, Donald Trump afirmó que su rival, Hillary Clinton, era una corrupta que debía ir a la cárcel. Cada vez que la mencionaba en un discurso, los seguidores de Trump coreaban “¡Enciérrala!”.
Tres años después, en la campaña para las elecciones uruguayas de 2019, la oposición de entonces no llegó a esos extremos, pero instaló la idea de que los gobiernos frenteamplistas habían llegado a niveles de corrupción sin precedentes, que causarían muchas condenas cuando se investigaran.
Desde la asunción de Luis Lacalle Pou, las autoridades oficialistas han impulsado numerosas auditorías y en varios casos trasladaron las conclusiones al sistema judicial, sin que hubiera nada parecido a una oleada de imputaciones y sentencias. En muchas ocasiones, las auditorías no hallaron nada irregular o indebido, en otras Fiscalía comprobó que los hechos denunciados no tenían de delictivos ni siquiera una vaga apariencia, y en otras los procesos languidecen sin esperanza.
Está denunciada la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, con base en una controvertida auditoría privada sobre la construcción del Antel Arena, que contrató con inusual celeridad la mayoría del directorio de Antel, insatisfecha con las auditorías internas anteriores. En este caso, se agregó una insólita autointerpelación oficialista, para potenciar desde el Parlamento los cuestionamientos hacia una probable precandidata a la presidencia.
Está denunciado el senador Charles Carrera, por la atención brindada en el Hospital Policial a una persona gravemente lesionada hace diez años, quizá por el disparo de un policía. Es vaga la tipificación del delito de abuso de funciones, y se abusa también de esa figura penal. Fueron denunciados Liliam Kechichian y Benjamín Liberoff, por su desempeño en el Ministerio de Turismo, y no uno sino dos fiscales descartaron que hubieran hecho algo reprochable.
El director de la Secretaría de Inteligencia, Álvaro Garcé, denunció la filtración a TV Ciudad de un documento reservado que había fotocopiado y repartido en el Parlamento, pero Fiscalía maneja indicios de que la “traición a la patria” de la que habla el oficialismo tuvo otro origen. Sea como fuere, Garcé puso en la picota al periodista Eduardo Preve por hacer su trabajo.
Las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social, tras papelones con denuncias anteriores, decidieron ahora presentar una contra la Coordinadora Popular y Solidaria de ollas populares y merenderos. El afán acusatorio no distingue entre partidos y sociedad civil: antes se había denunciado también a profesores sindicalistas de Secundaria por presuntas licencias irregulares, luego de que actuara una comisión investigadora parlamentaria con veleidades de tribunal pero sin las garantías del debido proceso.
Hay oficialistas que atribuyen el magro resultado de tanta denuncia a la infiltración izquierdista, en la administración pública en general y en el sistema judicial en particular. En vez de recapacitar, suben la apuesta: acusan a más personas y socavan el prestigio de más instituciones, junto con el propio.