Durante estas horas resulta abstruso comprender los hechos que suscitaron la persecución política de dos dirigentes, representantes del Senado de la República por el Frente Amplio, un hecho espinoso para quienes pretendemos la construcción de un sistema democrático y representativo en Uruguay.
Investigar este hecho a fondo es decir un basta ya a ese modelo que desde algún lugar se intenta justificar bajo constantes descalificativos, por cierto inéditos en la historia reciente de nuestra nación. En este sentido podemos arribar a varias conclusiones, colocando el centro en la vulneración de los derechos humanos básicos hacia dos legisladores electos de la República, quienes de forma sostenida han colocado en la agenda pública un tema que genera muchas incógnitas, como es la entrega de la soberanía nacional a la empresa Katoen Natie.
Es claro que en estos hechos, de clara apariencia delictiva, aparecen varias interrogantes que no son fáciles de resolver ni de responder, pero que quienes hoy ocupan las responsabilidades máximas en el país deben explicarle a la población. Astesiano no actuaba en solitario; resulta evidente que había por detrás intereses espurios, autoritarios y antidemocráticos para extorsionar dirigentes políticos con información personal, que pretendía disciplinar a gran parte de la oposición crítica de los desmanes que viene realizando el actual gobierno. Este hecho es inaudito para un país que durante décadas ha sido ejemplo en democracia, instituciones y libertades.
¿Qué hubiese ocurrido si estos chats eran borrados como tantos otros y no salían a la luz? Por más que parezca obvia, la respuesta es catastrófica, porque devela un gran modelo de impunidad que ostenta el actual poder y que impide el libre ejercicio de los derechos fundamentales.
Sin ir tan lejos, en los países donde se ejerce un gran grado de autoritarismo (criticados por quienes hace unos meses eran adalides de la transparencia) utilizan estos mecanismos para amedrentar a la oposición que investiga las constantes ilegalidades de estos regímenes. Ante esto, resulta novedoso que en nuestro país se aplique, por parte de personas pertenecientes a círculos de intimidad calificados del presidente de la República, dispositivos ilegales elaborando fichas de representantes nacionales para fines que aún no conocemos con exactitud.
Hoy la persecución política radica en dos legisladores, quizá en el próximo tiempo tengamos la oportunidad de indagar y descubrir más hechos de esta trama corrupta que contaba con la complicidad de varios jerarcas y empresarios, pero el mayor peligro para la República radica en la persecución de aquellos disidentes que hoy son legisladores, pero que en el día de mañana puede ser cualquier militante partidario que, en desacuerdo con las medidas gubernamentales, las exprese públicamente. Hoy todos los uruguayos y uruguayas estamos expuestos a que alguien pueda elaborar nuestras “fichas” para, en un futuro, extorsionarnos, cuando sea redituable para sus intereses.
Los altos mandos de la Policía Nacional afirman que los legisladores de la oposición son “mierdas”, “lacras”, “unos hdp” y terminan asegurando que “mientras respiren, no van a cambiar”. Los aberrantes hechos no culminan con estos mensajes, sino que también se ha pretendido “atar [a los legisladores] para que retiren la denuncia [por la entrega del puerto]”. La principal incógnita que nos surge ante este hecho es: ¿qué estaban dispuestos a hacer para frenar esta denuncia?
En cualquier país del mundo donde prime la cordura, los mandos más altos asumen la responsabilidad moral y política sobre estos lamentables hechos y piden perdón a la ciudadanía.
No lo sabemos, pero podemos reflexionar que estos sujetos no tenían límites a la hora de amedrentar, perseguir, investigar ilegalmente o amenazar para que no se cumpliera el rol esencial de una oposición, que es la de ser contralor del Poder Ejecutivo de turno.
Tampoco sabemos quiénes entraban y salían de la Torre Ejecutiva, ya que, según la respuesta a un pedido de acceso a la información pública realizado por El Observador, no existía ningún tipo de registro que acreditara estos movimientos y, por lo tanto, nunca sabremos qué más se ocultaba.
Se observan de forma continuada varias inconsistencias, mentiras e inexactitudes. El país que supo ser ejemplo hoy no lo es, ya que en cualquier país del mundo donde prime la cordura, los mandos más altos asumen la responsabilidad moral y política sobre estos lamentables hechos y piden perdón a la ciudadanía.
Astesiano y sus cómplices no le mordieron la mano al presidente de la República, le mordieron la mano a tres millones de uruguayos que pretenden vivir en un régimen democrático, republicano e institucional, y no bajo prácticas espurias e ilegales.
Este país es el que no queremos para nuestros hijos, es el país de la impunidad, el de la perversión moral, de la injusticia, de la persecución, del hostigamiento, del trauma y de la desolación. Pero aquí no estamos solos, tenemos una Justicia independiente que de forma autónoma podrá investigar y castigar a los culpables de traicionar a su propia patria y tenemos a un pueblo organizado que no aceptará más ocultamientos e ilegalidades.
Es la hora de asumir responsabilidades, de investigar a fondo y resolver estos hechos criminales para ciudadanos, legisladores y para Uruguay. No son horas fáciles para nuestro país, pero como en 1985 salimos de una cruenta dictadura, hoy vamos a culminar de una vez por todas con esta galopante impunidad que azota a nuestra República.
A pesar de las calumnias, del silencio de nuestros gobernantes, del encubrimiento por parte de algunos sectores de la sociedad y del ocultamiento de quienes fueron sus cómplices, nos queda claro que venceremos a las ilegalidades y al silencio impune.
Gastón Castillo es presidente del comité Unidad Teja del Frente Amplio y secretario de Juventudes de la Coordinadora E.