Es habitual que los gobernantes en problemas aleguen que actuaron muy bien pero fallaron al comunicar sus logros. El actual oficialismo, maltrecho y malhumorado pero todavía soberbio, arremete contra nuestra profesión. Sin reconocer fallas en su gestión ni en su discurso, pretende convencer a la ciudadanía de que está en apuros por culpa de quienes informan.
Sirven de muestra declaraciones recientes. El director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Santiago González, afirmó que se ha construido un “culebrón venezolano” a partir de los chats de Alejandro Astesiano, con un tratamiento de la información que “no es serio”, y que se publican “cosas que son aberrantes y ni siquiera están comprobadas”.
El jefe de González, Luis Alberto Heber, sostuvo que con la difusión de esos chats se le quiere hacer “daño a la figura del presidente”. El ministro de Defensa Nacional, Javier García, también afirmó que se intenta “dañar al presidente de la República” por interés “político electoral” y que esto es una “inmundicia” “repugnante”.
No quedó claro si García se refería a las reacciones opositoras tras la divulgación de que Astesiano realizó averiguaciones irregulares sobre un viaje de Lorena Ponce de León, a la propia publicación de esa noticia o a una presunta operación que incluye ambas cosas. Hay oficialistas que manejan la última hipótesis, le atribuyen al Frente Amplio un inverosímil control sobre periodistas de los más diversos medios y justifican la inclusión de la palabra “conspiranoico” en el diccionario de la Real Academia Española.
Sin embargo, parece probable que otros no crean realmente en el cuento de la conspiración frenteamplista y que en su embestida haya algo de despecho, basado en una profunda incomprensión del periodismo.
Muchos políticos, no sólo en la actual coalición de gobierno, suponen que los medios de comunicación funcionan con cadenas de mando similares a las de los sectores partidarios. Como no valoran las diferencias de fondo entre los dueños de medios y quienes trabajan como periodistas, piensan que las concesiones a los primeros y la afinidad ideológica con ellos determinarán el comportamiento de los segundos, por encima de la ética profesional.
Algunos patrones intentan que así sea, pero no necesariamente lo logran. Esta semana, colegas de El Observador difundieron, mediante redes sociales personales, una nota sobre lo de Astesiano y Ponce de León que el medio no había querido publicar (tras “al menos una llamada desde el gobierno”, según denunció la Asociación de la Prensa Uruguaya). En Uruguay hay periodistas.
En la diaria estamos convencidos de que la mejor forma de sostener la independencia periodística es combinar la autogestión y una estructura de ingresos que nadie pueda utilizar contra el interés y los derechos de quienes nos leen, pero reconocemos el valor de lo que se hace en otros contextos.
Ojalá las experiencias de este año sirvan para que la sociedad impulse, en beneficio propio, mayores garantías de independencia y dignidad para el trabajo en todos los medios.