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Ilustración: Ramiro Alonso

La transformación en formación en educación en modo fórceps

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El martes 29 de noviembre, el Consejo de Formación en Educación (CFE) aprobó las mallas curriculares que le dan sustento al nuevo Plan 2023 que las autoridades se proponen aplicar a partir del 1º de marzo. Con los votos afirmativos de los tres consejeros políticos y ante la negativa de los dos representantes electos –uno de de los docentes y otro de los estudiantes–, la propuesta resultó refrendada sin margen para una discusión técnica y académica mínima. En conferencia de prensa convocada en horas de la tarde del mismo martes, la consejera Rosana Cortazzo explicitó que los documentos a considerar para su aprobación fueron llegando hasta unas horas antes de la sesión prevista.

En esa misma sesión, la consejera docente presentó una moción de postergación de la aplicación del plan, en el entendido de que todo el proceso de implementación estuvo viciado, como lo señalan desde hace meses todos los colectivos implicados en el tema: sindicatos, gremios estudiantiles, la Asamblea Técnico Docente (ATD), las Salas Nacionales por Departamento Académico. El propio CFE había definido como fecha límite para la aprobación del plan el 23 de setiembre; sin embargo, dado lo tortuoso de todo el proceso de elaboración curricular decidido por las autoridades, es recién el 29 de noviembre que finalmente lograron aprobarlo, y a medias.

Vale destacar que esta aprobación se realiza contraviniendo la normativa vigente. Según el artículo 70 de la Ley General de Educación, es preceptivo que la ATD, como órgano idóneo para expedir la opinión del cuerpo docente, debería haber conocido previamente esas versiones finalmente aprobadas y emitir su evaluación. Eso no fue así. El documento que se aprobó difiere significativamente con lo enviado a la ATD Nacional, que sesionó entre el 14 y el 16 de noviembre en la ciudad de Minas. Existen diferencias importantes en las mallas curriculares (algunas de ellas inexistentes o incompletas en la consulta) y en carreras que se suprimen o fusionan sin haber mediado anuncio y fundamentación previa.

El propio CFE había definido como fecha límite para la aprobación del Plan el 23 de setiembre; sin embargo, dado lo tortuoso de todo el proceso de elaboración curricular decidido por las autoridades, es recién el 29 de noviembre que finalmente lograron aprobarlo, y a medias.

Pero hay más. Según los procedimientos legales, el Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP tiene que dar sanción definitiva al Plan 2023. La sesión del Codicen convocada a esos efectos estaba citada para el miércoles 30 de noviembre, pero debió postergarse el tratamiento del tema, dado que las mallas aprobadas por CFE no llegaron (o no estaban en condiciones de ser consideradas aún). El jueves 1º de diciembre la Secretaría General del CFE no había podido publicar la resolución de la sesión del martes, pues su presidente, Víctor Pizzichillo, aún no enviaba la versión definitiva (publicable, entendemos) de las mallas curriculares. Pero, como señalamos antes, estas ya se habían aprobado el martes.

En el contexto de denuncias públicas por la disminución de la oferta educativa y cuestionamientos académicos, en declaraciones a la emisora FM 89.3 de la ciudad de Florida, realizadas el miércoles, Pizzichillo buscó transmitir tranquilidad a estudiantes y docentes. Afirmó que los estudiantes no verán afectados sus derechos, que los docentes continuarán trabajando con normalidad, que no hay recortes presupuestales, que no se eliminarán horas de clase.

Está faltando a la verdad y él lo sabe. Lo sabemos los docentes, lo saben los estudiantes, lo saben los directores de los Centros Regionales de Profesores del Interior del país. ¿Acaso puede transmitir tranquilidad en un proceso tan improvisado, caótico y con demostrada impericia? ¿Acaso puede generar confianza en autoridades políticas que han sido totalmente sordas ante la mayoritaria advertencia de estudiantes y docentes de todo el país, que han denunciado sin desmayo?

La formación en educación pública está de luto. Las actuales autoridades políticas son responsables de todo este deterioro administrativo, institucional y académico. Los docentes y estudiantes continuaremos dando la batalla por defender una formación de calidad para nuestros estudiantes.

Anahí Laroca y Pablo Langone son integrantes de la Coordinación de Salas Nacionales de los Departamentos Académicos del CFE.

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