El portaaviones: los límites de la soberanía cuando el poder se vuelve paisaje

La reciente visita presidencial de Uruguay al portaaviones estadounidense USS Nimitz abre un debate que trasciende el hecho puntual. No es un episodio protocolar más, ni una anécdota diplomática sin consecuencias. Se trata de una escena cargada de significado: el jefe de Estado de un país pequeño recorre una de las expresiones más visibles del poder militar global.

Más allá de lo correcto o incorrecto del gesto, en términos inmediatos, la cuestión es qué dice ese gesto —y qué deja de decir— sobre la forma en que se concibe y ejerce la soberanía en un mundo atravesado por profundas asimetrías de poder.

Un portaaviones no es un objeto neutro. Es una forma condensada de poder: la posibilidad de proyectar fuerza a miles de kilómetros, de intervenir sin necesidad de territorio, de hacer presente la capacidad de coerción incluso en ausencia de conflicto abierto. Más allá de la visita a una instalación, es ingresar, aunque sea por un instante, en la lógica que lo sostiene.

Y esa lógica no es abstracta. El USS Nimitz participó en operaciones militares desplegadas en varios de los principales escenarios bélicos de las últimas décadas, desde Medio Oriente hasta los Balcanes y Afganistán. Desde sus cubiertas despegaron aeronaves destinadas a campañas de bombardeo en guerras que dejaron cientos de miles de muertos, desplazamientos masivos y profundas desestabilizaciones regionales. Detrás de su imponente ingeniería naval existe una historia concreta de proyección de fuerza sobre sociedades enteras. Recordar ese trasfondo no implica simplificar las complejidades geopolíticas de cada conflicto, pero sí evitar que la dimensión humana y material de la guerra quede disuelta bajo la estética tecnológica o la rutina diplomática.

Desde esta perspectiva, en política internacional, los gestos son parte constitutiva de la acción política. En ellos se condensan orientaciones, se anticipan alineamientos y se moldean percepciones. Un país como Uruguay, de incidencia material limitada, ha sabido históricamente compensar esa restricción con una construcción simbólica consistente: apego al derecho internacional, defensa del multilateralismo, prudencia frente a las demostraciones de fuerza.

Tal tradición no es una abstracción. Tiene anclajes concretos.

Durante los gobiernos de Tabaré Vázquez, por ejemplo, Uruguay enfrentó simultáneamente una de las mayores tensiones bilaterales de su historia reciente y la aproximación política a Estados Unidos en un momento de aislamiento regional. Sin embargo, esa cercanía no derivó en alineamiento. Uruguay exploró un posible tratado de libre comercio con Estados Unidos, pero finalmente no avanzó en un acuerdo pleno, en parte por la decisión de preservar márgenes de autonomía y equilibrios regionales. Del mismo modo, el país mantuvo posiciones propias en foros multilaterales, incluso en contradicción con la agenda estadounidense. La relación fue pragmática, pero no subordinada.

Esa lógica —acercarse sin diluirse— tiene raíces profundas en distintas tradiciones históricas de la política exterior uruguaya. Tanto el primer batllismo de comienzos del siglo XX como el pensamiento herrerista en materia internacional desarrollaron, desde perspectivas diferentes, una preocupación común por preservar márgenes de autonomía frente a las grandes potencias. No se trataba de desconocer las asimetrías de poder, sino de construir formas de relacionamiento que evitaran convertir la dependencia en subordinación automática.

Es precisamente esa acumulación histórica la que otorga densidad al análisis del presente. Porque lo que está en juego no es una decisión aislada, sino la posible reconfiguración —gradual, casi imperceptible— de los marcos dentro de los cuales se define lo aceptable.

Frente a este tipo de situaciones, algunos analistas invocaron un argumento que, por reiterado, corre el riesgo de volverse incuestionado: Uruguay es un país pequeño, dependiente, necesitado de mantener buenas relaciones con Estados Unidos. En términos descriptivos, suena difícil de refutar. Pero su utilización como justificación abre una zona problemática.

Si el tamaño o la dependencia se convierten en argumentos suficientes para validar cualquier gesto, entonces la soberanía pierde su dimensión normativa y queda reducida a una mera administración de restricciones. En ese marco, los principios dejan de operar como criterios orientadores y pasan a ser enunciados contingentes, disponibles mientras no generen costos.

Más aún, aceptar sin reservas ese razonamiento implica naturalizar una lógica en la que el poder se impone no solo por su capacidad material, sino también por su capacidad de definir lo que resulta razonable. El riesgo no es únicamente ceder ante la presión, sino internalizarla al punto de anticiparse a ella.

La experiencia histórica sugiere una lectura distinta. Para países como Uruguay, la fortaleza no ha residido en su capacidad de alinearse sin fricciones, sino en su habilidad para construir credibilidad a partir de la consistencia. En ese sentido, la soberanía no se agota en la ausencia de coerción externa: se expresa también en la capacidad de sostener criterios propios en contextos adversos.

Tal dimensión adquiere hoy una relevancia particular en América Latina, una región históricamente atravesada por intervenciones y medidas coercitivas, cuestionando los márgenes reales de autonomía de los Estados frente al poder imperial. Las persistentes tensiones en torno a Cuba —reactivadas por discursos de presión, endurecimiento de sanciones y escenarios de confrontación promovidos desde Estados Unidos— ocupan desde hace décadas un lugar emblemático en tales discusiones. En ese contexto, los gestos diplomáticos adquieren inevitablemente una dimensión adicional: no son interpretados solo por su contenido inmediato, sino también por el momento político en que ocurren.

En ese contexto, el rol de Uruguay en espacios como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) o el G77+China adquiere una dimensión adicional. No se trata únicamente de participar, sino de representar, en cierta medida, una voz regional que ha hecho de la defensa del derecho internacional y de la soberanía un eje discursivo central. Ese lugar no se sostiene solo con declaraciones. También se construye a través de gestos.

Esto no implica desconocer la necesidad del pragmatismo. La política exterior, como toda política, exige adaptación, negociación y, en ocasiones, concesiones. Pero el pragmatismo que se desentiende de sus efectos simbólicos deja de ser una herramienta para convertirse en un atajo. Y los atajos, en política internacional, suelen tener costos diferidos.

Cuando en el entorno aparecen —de manera explícita o insinuada— dinámicas de presión o de condicionamiento, es precisamente cuando se vuelve más relevante afirmar los marcos de referencia. No como un gesto de rigidez, sino como una forma de preservar aquello que, en el largo plazo, sostiene la capacidad de decisión.

Gestos de esta naturaleza pueden ser interpretados como actos de cortesía diplomática, instancias de diálogo o señales de apertura. Todas esas lecturas son posibles. Pero ninguna de ellas agota su significado. En paralelo, también puede leerse como un desplazamiento en el terreno simbólico: una flexibilización de los límites históricamente sostenidos por Uruguay.

La pregunta, entonces, no es si el país puede permitirse gestos de este tipo. La pregunta es si, al hacerlo, no contribuye —sin proponérselo— a redefinir el lugar desde el cual ejerce su soberanía.

En un mundo donde el poder sigue teniendo, entre sus formas más visibles, la de un portaaviones, podría naturalizarse su presencia como parte del paisaje. Precisamente, esa naturalización es la que conviene resistir. No por una vocación testimonial, sino por una razón más profunda: cuando el poder deja de ser interrogado, comienza a ser aceptado como límite.

Una soberanía que acepta sin interrogar los límites que le impone el poder corre el riesgo de volverse, con el tiempo, una forma elegante de adaptación.

La cuestión de fondo no es el episodio en sí mismo, sino la disposición a preguntarse —antes y después de cada gesto— qué se afirma y qué se cede en él. Porque en esa evaluación, menos visible pero más decisiva, se juega buena parte de lo que una nación entiende por soberanía.

Eduardo Mernies es secretario de Asuntos Internacionales del Frente Izquierda de Liberación y miembro asesor de la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del Frente Amplio.