En los últimos días hemos escuchado, por boca de figuras políticas de primer orden, afirmaciones que son falsas. Que no hay más de “30 desaparecidos en Uruguay y otro tanto de muertos”, que lo que hubo aquí fueron “desviaciones” y no “voluntad de exterminio”, que los familiares de desaparecidos actúan movidos por el “odio” y que muchos de los militares presos en la cárcel de Domingo Arena son víctimas inocentes de una “justicia ideologizada”. No se trata de opiniones polémicas ni de lecturas discutibles de un pasado complejo. Se trata de mentiras. Y mentiras que tienen consecuencias.
La profusa historiografía acumulada desde los años ochenta permite afirmar que entre 1968 y 1985 Uruguay vivió primero un autoritarismo en ascenso y luego una dictadura que ejerció el terrorismo de Estado. Esta no es una caracterización ideológica: es la descripción de un régimen que abolió el estado de derecho, reprimió a escala masiva y de forma clandestina, y sobre el que existe un corpus de investigación histórica, judicial y periodística que ninguna declaración pública puede deshacer.
Los gobiernos de Jorge Pacheco Areco y Juan María Bordaberry (1967-1973) enfrentaron la conflictividad social y política mediante el uso sistemático de instrumentos constitucionales para situaciones de excepción y el empleo de la fuerza represiva por parte de la Policía y las Fuerzas Armadas, encuadradas en la teoría del "enemigo interno", piedra angular de la Doctrina de Seguridad Nacional que se fue consolidando en toda América Latina desde los años sesenta. En julio de 1970, una comisión investigadora parlamentaria impulsada por la senadora colorada Alba Roballo y presidida por el también senador colorado Amílcar Vasconcellos probó que la Policía torturaba de manera habitual y sistemática a los detenidos.
1972 marcó un punto de inflexión en el proceso de violencia política y en el autoritarismo. El 15 de abril, un día después de una jornada inédita en la que hubo 12 asesinatos —cuatro por parte del MLN-T y ocho de las Fuerzas Conjuntas—, el Parlamento votó el “estado de guerra interno” y la suspensión de las garantías individuales. El “estado de guerra interno” fue sustituido por la Ley de Seguridad del Estado y Orden Interno, aprobada por el Parlamento en julio y derogada recién en marzo de 1985. Este fue el marco legal que posibilitó miles de arrestos, transgrediendo el recurso de habeas corpus y permitiendo que los civiles fueran juzgados por tribunales militares.
En setiembre de 1972, el gobierno declaró que había desarticulado el aparato militar de la guerrilla. Sin embargo, las Fuerzas Armadas sostuvieron que la sedición era solamente una parte de la amenaza al orden establecido, puesto que la subversión persistía en la movilización de la CNT y en las organizaciones políticas que integraban el Frente Amplio. Hubo un episodio de insubordinación militar en octubre de 1972, un motín en febrero de 1973 (que desembocó en un acuerdo entre el presidente Juan María Bordaberry y los militares insurrectos, dando origen al Consejo de Seguridad Nacional, Cosena) y un autogolpe de Estado el 27 de junio de 1973 en el que el presidente clausuró por decreto el Parlamento y las Juntas Departamentales.
A partir de entonces se puso en marcha una dictadura conducida por un elenco de militares y civiles que mantuvieron discrepancias en torno a varias cuestiones, pero no sobre la necesidad de mantener una férrea política represiva hacia el conjunto de la sociedad (censura de prensa y control absoluto de la información, clasificación de los ciudadanos de acuerdo a criterios de confiabilidad política válidos para emplear o destituir, intervención de educación en todos los niveles y disciplinamiento social).
El régimen dictatorial supuso la anulación total del estado de derecho. No existió ningún control legal, político ni social sobre su aparato represivo. Por eso se usa la expresión "terrorismo de Estado" para referirse a la represión a gran escala con un componente planificado de clandestinidad. La modalidad característica en Uruguay fue el encarcelamiento masivo y prolongado —en 1976 era el país de América del Sur con el índice más alto de presos políticos por habitante— y la tortura sistemática. Muchos detenidos murieron a causa de los tormentos. El Informe Nunca Más elaborado por Serpaj documenta 32 muertes en la tortura entre 1972 y 1984. Todos los que sobrevivieron cargaron secuelas físicas y psicológicas.
Cientos de uruguayos fueron secuestrados en Argentina, Chile, Paraguay y Brasil, conducidos a unidades militares y centros clandestinos, y algunos trasladados a Uruguay en vuelos comerciales y militares. La investigación periodística, histórica y judicial ha probado que esas operaciones fueron posibles gracias a la coordinación con otros gobiernos de la región. El 28 de noviembre de 1975, en Santiago de Chile, delegados de cinco países —entre ellos Uruguay— formalizaron el “Sistema Cóndor”, cuyo nombre fue propuesto por uno de los delegados uruguayos. El Plan Cóndor profundizó mecanismos de coordinación e intercambio de información ya existentes y se sumó a operativos bilaterales y a la vigilancia diplomática sobre refugiados en el exterior. La coordinación represiva continuó más allá de la vigencia de este acuerdo y agentes estatales uruguayos siguieron adelante con las detenciones en otros territorios nacionales.
Además de secuestros en operativos clandestinos en Uruguay y en la región, se cometieron asesinatos y desapariciones. La acción perseverante de familiares, organizaciones de derechos humanos y diversos actores políticos y sociales ha logrado restituir la identidad de aproximadamente 200 personas secuestradas dentro y fuera de Uruguay, que están o estuvieron desaparecidas. La lista de los desaparecidos uruguayos está integrada por al menos trece niños, secuestrados con sus padres o nacidos en cautiverio. El número de desaparecidos no es una cuestión de "versiones": es el resultado de décadas de trabajo de búsqueda, identificación y documentación.
El negacionismo no construye memoria ni debate: destruye el piso común de verdad sobre el que descansa toda posibilidad de convivencia democrática.
Quienes critican la fiabilidad de la lista de desaparecidos o sostienen que su ampliación es prueba de falsedad o de maniobras, eligen ignorar dos hechos fundamentales. El primero es que la desaparición forzada, por definición, es un crimen pensado para no dejar rastros. El ocultamiento del destino de las víctimas, la negación de información a las familias y la destrucción de evidencia son parte constitutiva del método. Establecer una nómina completa y “cerrada” es extremadamente difícil precisamente porque así se concibió el crimen. El segundo es que, tras la restauración democrática, los archivos militares permanecieron cerrados durante más de dos décadas, sustrayendo al conocimiento público —y a la investigación histórica y judicial— documentación que habría resultado decisiva. Lo que sabemos hoy es el resultado de un trabajo monumental hecho, en gran medida, a pesar de esos obstáculos y no gracias a la colaboración institucional.
La disputa sobre el pasado tiene historia en Uruguay y conviene conocerla para entender qué está ocurriendo hoy. La Ley de Pacificación Nacional —una de las primeras leyes aprobadas en democracia— posibilitó la liberación de los presos políticos, la restitución de funcionarios públicos destituidos y facilitó el retorno de los exiliados. En las primeras dos décadas que siguieron a la restauración democrática (1985-2005) se buscó evitar la revisión del pasado reciente. La Ley de Caducidad de la pretensión punitiva del Estado, aprobada en 1986 y ratificada en referéndum en 1989, intentó poner punto final al conocimiento de los hechos y a la acción de la justicia. No se reivindicaba la dictadura en voz alta, pero la memoria oficial postulaba el olvido, el perdón y la necesidad de no volver la vista atrás. Mientras tanto, organizaciones de familiares y de derechos humanos exigían excavaciones en sitios denunciados, buscaban niños apropiados y reclamaban investigación sobre crímenes dentro y fuera de Uruguay.
El segundo escenario comenzó con la victoria electoral del Frente Amplio en 2005, en un contexto regional de gobiernos de centroizquierda que, con matices y tensiones internas, convergieron en procesos de revisión de los pasados dictatoriales. Se impulsaron diversas vías para resquebrajar la impunidad: la exclusión de casos concretos de la cobertura de la Ley de Caducidad, la declaración de imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad con base en la normativa internacional suscripta por Uruguay, la restitución de la pretensión punitiva del Estado mediante una ley. En 2017 se creó la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, que desde el año siguiente ha solicitado un centenar de procesamientos y obtenido condenas en varios casos. Se firmó un convenio con la Universidad de la República para la búsqueda de detenidos desaparecidos. Se señalizaron y crearon sitios de memoria. Se renovaron los programas de educación formal. Se aprobaron leyes de reparación para ex presos políticos, exiliados y familiares de víctimas.
Ese resquebrajamiento de la impunidad estimuló, como en otras partes de América Latina, la organización de movimientos y sectores políticos que desacreditan los procesos judiciales, atacan a la Fiscalía y al Poder Judicial, y otorgan especial importancia a la reescritura de la historia. La diferencia con el primer escenario es significativa: ya no se promueve el olvido, sino que se exige contar la "historia verdadera". La banalización —cuando no la reivindicación— del terrorismo de Estado ha alcanzado niveles desconocidos desde la restauración democrática.
Es indudable que existen distintas memorias sobre los años 60, el golpe de Estado, la dictadura y la transición. Esas memorias coexisten con el conocimiento histórico, que es algo diferente a los recuerdos. La construcción del relato histórico —siempre provisorio, siempre sujeto a revisión— no consiste en descubrir "la verdad" de una vez y para siempre, sino en otorgar significados a partir del análisis de relaciones entre acontecimientos, coyunturas y estructuras, sobre la base de fuentes suficientes y verificables. Quedan muchas preguntas abiertas. Hay zonas de sombra que la investigación no ha iluminado del todo.
El pasado siempre puede ser revisado y reinterpretado. Pero hay verdades históricas comprobadas. Y hay mentiras. Afirmar que hubo "una guerra entre dos bandos", cuando uno de esos supuestos bandos era el Estado ejerciendo violencia sistemática sobre su propia población, es una mentira. Sostener que no hay niños desaparecidos en Uruguay, cuando hay nombres, fechas, expedientes judiciales y familias que los encontraron décadas después, es una mentira. Decir que las condenas a militares son producto de una “justicia ideologizada", cuando son el resultado de procesos con garantías constitucionales, instancias de apelación y revisión internacional, es una mentira.
La disputa por la memoria es legítima y necesaria. El debate histórico, amplio y abierto también lo es. Lo que no merece ser presentado como una "versión" más entre otras es la negación de hechos documentados, la desacreditación sistemática de las víctimas y sus familias, o la equiparación entre quienes ejercieron el terrorismo de Estado y quienes lo padecieron. Eso no es revisionismo histórico. Es negacionismo. Y el negacionismo no construye memoria ni debate: destruye el piso común de verdad sobre el que descansa toda posibilidad de convivencia democrática. En nombre de la larga lucha de la sociedad civil movilizada y de la historia investigada con seriedad, no merecemos escuchar hablar de que hubo una guerra, de que los “daños colaterales” fueron inevitables y de que los familiares de las víctimas están “movidos por el odio” y el “curro de los derechos humanos”. Parece demasiado.
Magdalena Broquetas es historiadora, directora del Departamento de Historia del Uruguay, Universidad de la República.