En estos días se cumplieron cuatro años del acto inaugural en Durazno del movimiento Un Solo Uruguay (USU). Más allá de la operación política que intentaba la derecha para generar un movimiento de masas vinculado al trabajo rural, se estaba canalizando en USU el descontento que desde 2016 se venía gestando en el medio socioeconómico “rururbano” del país.
La caída de los precios de los commodities –a partir de 2015– tuvo un efecto negativo en la esfera de influencia del medio rural, que en Uruguay es casi todo el interior. Después del crecimiento económico del agronegocio y sus servicios en los diez primeros años de la intensificación agrícola, se hacía difícil adecuarse a los cambios en la macroeconomía y volver al nivel de vida previo.
El ingeniero Eduardo Blasina utilizaba la figura de las “diez mochilas” como metáfora de la carga que en sus espaldas debía sostener la actividad productiva del país, especialmente el agro. La séptima mochila refería al “precio de la tierra”, que lo vincula a la actividad forestal. Señalaba la competencia desigual de esta actividad frente a otros sectores más tradicionales del agro uruguayo que no contaban con las ventajas de las cadenas productivas que instalan industrias en zonas francas. Asimismo, se marcaba claramente el desacuerdo con que se estuviera dedicando tierras altamente productivas al uso forestal.
Parecía entonces que USU se movilizaba en contra del modelo forestal celulósico, interpretando el sentido y generalizado el reclamo en el medio rural de las consecuencias muy negativas para el resto de las actividades productivas que tiene dicho modelo, según ellos planteaban.
Sin embargo, para sorpresa de “propios y ajenos”, en la proclama de USU del 23 de enero de 2022, apenas cuatro años después de su conformación, nada se dijo sobre el insólito y poco republicano veto presidencial que se interpuso al día siguiente de que el Parlamento aprobara la conocida Ley Forestal. Nada se dijo tampoco sobre el decreto que se promulgó el 10 de diciembre pasado, elaborado a la medida de los intereses del lobby celulósico, a total contrapelo de las demandas de USU en 2018.
Cabe preguntarse qué pasó para un total cambio de rumbo en pocos años. ¿Desapareció la mochila forestal que nos planteaba Blasina? ¿El diablo –Herrerismo-Ciudadanos– “metió la cola” en USU? Ese movimiento deberá explicar a sus integrantes y seguidores –y a todo el país– las razones de tan significativo cambio.
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El encare político de este relato parte de una buena y consensuada Ley Forestal “madre” (15.939). Durante más de 30 años, poderes ejecutivos de todos los partidos políticos que gobernaron –a veces con algunos aciertos en sus políticas, pero todos con graves errores y contradicciones– permitieron que el crecimiento forestal del país se sostuviera en el presente en el modelo pulpero.
El país ha quedado atrapado en un “círculo vicioso” insustentable, que hasta la fecha los partidos políticos no han acordado cómo desarmar.1 Opera el lobby pulpero, dominado por las empresas celulósicas y el capital transnacional.
Hay dos plantas ya instaladas, una en avanzada construcción, una cuarta planta en puerta. La magnitud de las inversiones hace que muchos problemas asociados a ese modelo sean soslayados. Parece razonable que la planta en construcción absorba las plantaciones ya hechas y las que se hagan con este destino. Sin embargo, la eventual instalación de una cuarta planta debe ser motivo de un análisis mucho más profundo, partiendo de una evaluación y reformulación del modelo forestal vigente en el país, de orientación mayoritariamente pulpero.
Las plantaciones de rendimientos más “verdes” –amigables con el ambiente y la gente– son las destinadas a madera sólida de calidad en ciclos forestales largos. Este modelo buscado por los legisladores en la ley “madre” aún no ha alcanzado el desarrollo suficiente para aportar sus beneficios a la sustentabilidad de todo el sector forestal. Para ello, la política forestal es la herramienta fundamental a la hora de limitar la expansión excesiva de las plantaciones con destino a pulpa, posibilitar absorber los excedentes de madera ya disponibles y promover la producción de madera de calidad, construyendo un “ciclo virtuoso” de ganar-ganar.
Es claro que si no se resuelve el “círculo vicioso” instalado por el modelo celulósico y no se encuentra un destino alternativo para la madera excedente no habrá desarrollo forestal sostenible.
Para sorpresa de “propios y ajenos”, en la proclama de Un Solo Uruguay del 23 de enero, apenas cuatro años después de su conformación, nada se dijo sobre el insólito y poco republicano veto presidencial.
A partir de los tiempos que corren, si no se reformula la política forestal, seremos un país dominado por la producción de troncos para las industrias en zonas francas o exportables sin tratamiento, con algunos bosques que seguirán en pie como sumideros de carbono que benefician a los que pagan para seguir contaminando el planeta. Los sumideros de carbono, que se instalan destruyendo pastizales naturales, son sólo un negocio financiero: capital fundiario muy seguro, pero de baja rentabilidad. Sólo se vuelve rentable al país cuando integra un proyecto forestal sostenible.
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La ley vetada por el Ejecutivo a fines del año pasado apuntaba desde un posicionamiento de ordenamiento ambiental del territorio precautorio en esa dirección: poner un marco de racionalidad a una competencia totalmente sesgada (y sin límites) a favor de un modelo productivo celulósico, a contramano de los recursos de que el país dispone y de las ventajas que desde estos puede lograr.
La práctica no sustentable de sustituir praderas naturales por eucaliptos en algún momento tenía que tener un límite, pero no se logró. Se impuso el veto del lobby pulpero: los malla oro del presidente.
No sólo eso. El Herrerismo, asociado con el sector Ciudadanos del Partido Colorado, dobló la apuesta. Junto con el veto, sacó un decreto en el cual sumó a los suelos ya disponibles, y sin definirlos como tales (de prioridad forestal), nuevos terrenos. Incorporó aquellas tierras agrícolas que tengan limitantes por riesgo de erosión y en algunos casos tierras agrícolas que ni siquiera cumplan con ese requisito. Como si el país no tuviera cosa mejor que hacer con esas tierras fértiles que plantarles eucaliptos. A su vez, lo presentaron como un decreto innovador en lo ambiental, cuando la ley vetada era claramente superior en estos asuntos.
Sin embargo, el gran acervo de conocimientos hoy disponible sobre conservación de suelos permitiría levantar la restricción del riesgo de erosión para esos suelos “clase IV” y sostener su uso agrícola pastoril, sin la necesidad de apelar al absurdo planteo del decreto. Más aún, otros usos productivos intensivos han ocupado hasta ahora terrenos “clases VI y VII”, con resultados socioeconómicos que superan los obtenidos en los bosques de eucaliptos para pulpa. Pero el nuevo decreto los incorpora in totum al modelo pulpero.
El Poder Ejecutivo, con su veto apoyado en su minoría parlamentaria mayor, que no permitía levantarlo, le dio el “sí” al lobby de las papeleras y al capital trasnacional y sus “amigos”. Y, por añadidura, firmó el Decreto 142, “nuevecito de paquete”, el 10 de diciembre pasado.
Les dijo “no” a los sectores productivos y sociales afectados por el negocio de las pasteras. Hoy día estos sectores son todos, en cualquier parte del país, principalmente aquellos próximos a las plantas ya instaladas o a instalarse en el futuro. A esta barbaridad habilita el artículo 9 del referido decreto.
Finalmente, le dijo “no” al desarrollo sustentable, al ambiente y sus principales componentes: el suelo productivo, el agua, los uruguayos.
Por estas razones el Frente Amplio trabajó, elaboró y logró acuerdos en el Parlamento que resultaron en la Ley Forestal aprobada por el Legislativo el 15 de diciembre de 2021, que hace a la definición de los suelos a forestar, a la expansión de los bosques y al control ambiental de todas las plantaciones, sin importar su extensión.
Para los suelos, la ley vetada reafirmaba los lineamientos marcados en la Ley 15.939 (tierras que no admitan otro uso que el forestal o aquellas que por interés general se destinen a dicho fin); para la expansión de plantaciones para celulosa, establecía un tope precautorio máximo, razonable, de 10% del país. Estas definiciones continuaban y desarrollaban lo ya establecido por leyes nacionales y normas departamentales de ordenamiento ambiental del territorio para el desarrollo sostenible promulgadas luego del año 2008, durante sus gobiernos.
El Frente Amplio votó esta ley forestal. Luego denunció en la Asamblea General, el 29 de diciembre, el veto que interpuso el Poder Ejecutivo. También denunció en esa oportunidad el Decreto 142, del 10 de diciembre de 2021, por ser un instrumento engañoso, embaucador y discrecional para introducir la desregulación del sector forestal, atendiendo viejas y reiteradas demandas del lobby pulpero.
Los sectores productivos, y toda la sociedad, no pueden dejar de opinar al respecto.
Alejandro Borche, Dardo Esponda, Eduardo Cotto, Eduardo Dilandro, Gustavo Guarino, Héctor Arbiza y Manuel Chabalgoity integran el Colectivo de Agrónomos Heterocigotas.