Sobre Casa de Galicia y el corralito mutual

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Trabajé en Casa de Galicia. Eso fue hace ya muchos años. En la década del 80 del siglo XX. Pocos meses después de que dejara la institución, comenzaron los problemas con el pago de los salarios. Es decir, la historia es prolongada.

Esta crisis que sucedió en Casa de Galicia era “una muerte largamente esperada”. Pero creo que debe servir para analizar más profundamente lo que significa el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS).

Yo no participé en las discusiones que se dieron previo al año 2007 para la implementación del SNIS. Pero una de las dificultades previstas consistió y consiste en la cantidad de prestadores de salud privados, más de 40, para asistir a los poco más de tres millones de habitantes del país. Recordemos, además, que más de un millón de esos ciudadanos se asisten en el sector público. Eso dificulta “la integración” y seguramente incrementa los gastos. Cada institución compite con las otras para captar afiliados, y la manera de competir es “tener todo”. Cada una quiere su tomógrafo, su resonador, su CTI. Es la lógica del libre mercado, que en salud no da buenos resultados.

Traigo esto a colación porque si bien comparto y entiendo la tristeza de los afiliados a la institución que ha sido reiteradamente mencionada en estos días (creo recordar de épocas pasadas que los afiliados de las mutualistas que cerraron también manifestaban tristeza, me refiero, por ejemplo, a MIDU, Uruguay España, etcétera), el problema fundamental es que todos los trabajadores de la institución sean reinsertados en otras instituciones. Y se puede ver también esto como una oportunidad para pensar si son necesarios tantos prestadores para la población que tenemos. Repito: lo que debe realmente preocuparnos es el reintegro de todos los trabajadores al SNIS a la brevedad posible.

Con respecto a los afiliados a la institución, alguna precisión.

En el último gobierno del doctor Tabaré Vázquez, la oposición, hoy en el gobierno, sostenía día por medio que los afiliados a las diferentes instituciones no tenían libertad de elección. Es decir, si querían cambiar de la institución A a la B, tenían que esperar a febrero, mes en que se levantaba el llamado “corralito mutual”. Había excepciones, como por ejemplo el cambio de localidad de vivienda, pero necesitaban un trámite administrativo.

En particular, el entonces senador nacionalista Javier García y el entonces diputado del mismo partido Martín Lema se referían una y otra vez al problema. Quiero recordar algunos pocos episodios. Javier García decía sobre el corralito mutual: “Lamentablemente, se ahorró en calidad y no en publicidad”¹. En 2018, García convocó al ministro de Salud Pública, Jorge Basso, para que explicara la resolución de no permitir a los usuarios cambiar libremente de prestador de salud ese año. El ministro defendió la decisión de la cartera de no abrir el “corralito mutual” y cuestionó el dinero invertido por las mutualistas en campañas publicitarias para atraer afiliados en cada período.

García dijo a El Espectador que no consideraba suficientes los argumentos del ministro de Salud, ya que “tiene una concepción diferente a la que tiene el gobierno y el ministro sobre el asunto”. Agregó que si la atención que se le brinda al usuario es mala y se puede cambiar de institución, “el prestador va a hacer todo lo posible para reducir los tiempos de espera, mejorar los servicios de los especialistas, las operaciones y mejorar el trato”, entonces, el corralito “garantiza” y “perpetúa” la mala calidad de los servicios. Recuerdo en particular una frase que el doctor Javier García reiteró: “Por unos pocos delincuentes, los usuarios de las instituciones no pueden ejercer su libertad”.

Por su parte, el entonces diputado Martín Lema declaraba el 27 de julio de 2018: “Estoy evaluando seriamente plantear la eliminación del corralito mutual”. Consultado sobre si el sistema está preparado para los cambios constantes que implica que el corralito no esté, respondía: “Ahora el usuario no puede decidir, antes la intermediación se daba de manera mucho más agresiva condensada en el mes que se abría el corralito mutual. Sin embargo, si el usuario puede cambiarse cuando quiera no sé si expone al sistema a tener problemas mayores. Lo estoy evaluando seriamente porque estoy viendo qué consecuencias podría tener una medida de estas características. A priori, creo que si se aplica una batería de medidas en la que se ejercen los controles necesarios y se le da al usuario la libertad, se puede empezar a instrumentar un SNIS que hasta el momento es un eslogan”.

Cuando triunfó la coalición que nos gobierna, pensé que los hoy ministros García y Lema, con la importancia que le deban al tema, darían total libertad a los usuarios del SNIS para cambiar de institución. Pero la montaña parió un ratón.

A través de un decreto, el 15 de diciembre de 2020 el Poder Ejecutivo resolvió que los usuarios de los prestadores de salud podrán cambiar de institución asistencial entre marzo y diciembre, por lo que se elimina el denominado “corralito mutual”. El subsecretario de Salud Pública, José Luis Satdjian, informó que la medida comenzaría a regir a partir del 1º de marzo de 2021 y que se pretendía eliminar la intermediación lucrativa. En diálogo con Comunicación de la Presidencia, el subsecretario explicó que la eliminación del “corralito” fue un compromiso de gobierno que implica la defensa de la libertad de los usuarios. En este sentido, indicó que el decreto permite la libre movilidad y la elección del prestador de salud en el cual asistirse. Dijo que el sistema anterior “era totalmente injusto para los usuarios”. Aseguró que la nueva normativa brinda garantías al sistema, ya que es necesaria una estabilidad financiera, tanto de los prestadores como de los equipos de gestión médica. “Se debe garantizar la trayectoria de salud de los usuarios”, subrayó.

En cuanto a los requisitos establecidos por el decreto, se destaca que los usuarios deben permanecer dos años recibiendo atención en un prestador para luego poder concretar el cambio, que se podrá realizar entre los meses de marzo y diciembre, de acuerdo al último dígito de la cédula de identidad. O sea que en vez de febrero, se dispone de un mes de acuerdo al dígito de la cédula de identidad. No es muy libre esa libertad.

Pero mi asombro es mayor con lo que sucede con los socios de Casa de Galicia. Ante el cierre de la institución, los afiliados tienen libertad para elegir… ¡entre cuatro instituciones! ¿Dónde está la libertad de elección tanto tiempo reclamada? ¿Por qué esas cuatro instituciones? ¿Cuál es la razón para que no pueda el usuario de Casa de Galicia elegir libremente el prestador que desea?

Reitero: es fundamental que todos los trabajadores de Casa de Galicia sean prontamente incorporados al SNIS, en los distintos prestadores. Pero sigo sorprendido de la poca preocupación de las autoridades del gobierno por algo en lo que insistieron tanto. Seguramente los problemas de la pandemia han impedido a los hoy señores ministros ocuparse de los usuarios del SNIS. Espero que, dada la preocupación demostrada en el anterior período de gobierno, esta haya sido una preocupación real y no simplemente ataques al SNIS, que llegó para quedarse y para seguir perfeccionándose.

Jorge Quian fue profesor agregado de Pediatría, director del Programa de Salud de la Niñez del Ministerio de Salud Pública y subsecretario de Salud de esa cartera.