El comienzo de la discusión sobre la primera Rendición de Cuentas del gobierno actual muestra, una vez más, distancias importantes entre la realidad y el discurso político. Desde los partidos que integran la Coalición Republicana se ha sostenido que la aprobación del proyecto dependerá de un juicio acerca de la política económica en el último año, como si se tratara de interpelar al ministro Gabriel Oddone, pero este enfoque de la cuestión carece de sustento jurídico.
Las rendiciones de cuentas tienen, según el artículo 214 de la Constitución, dos componentes. El primero, que les da su nombre, es contable: el Poder Ejecutivo le informa al Legislativo sobre el cumplimiento de lo dispuesto en el presupuesto quinquenal en lo referido a ingresos y egresos del Estado. El segundo, y el más relevante desde el punto de vista político, es la propuesta por parte del Ejecutivo de cambios referidos a “gastos, inversiones y sueldos o recursos” y “creaciones, supresiones y modificaciones de programas por razones debidamente justificadas”. Por lo tanto, no se trata tanto de juzgar lo hecho como de reprogramar lo que queda por hacer.
En ese sentido, y pese a que la economía creció por debajo de lo previsto en el presupuesto, el proyecto de rendición del Ejecutivo les asigna a los desembolsos estatales 31 millones de dólares más que los aprobados el año pasado. A primera vista, puede parecer que esto conducirá a un incremento del déficit fiscal, y desde partidos opositores se alienta esa interpretación superficial.
Sin embargo, según explicó hace una semana en este medio el subsecretario de Economía, Martín Vallcorba, la mitad de esos 31 millones surgiría de una recaudación tributaria que, según cálculos de la Dirección General Impositiva, será mayor que la estimada inicialmente; y la otra mitad correspondería a la reducción de exoneraciones fiscales, en especial para los automóviles eléctricos más caros.
El aumento del gasto público propuesto se reparte en cuatro áreas que el Ejecutivo considera prioritarias: la reducción de la pobreza para mejorar las perspectivas de la población infantil, la seguridad pública, la educación y la asistencia para personas en situación de calle. Si alguien cuestiona estas prioridades, debería explicar si prefiere otras o si defiende un congelamiento o una reducción de los recursos en las áreas mencionadas.
En el trámite parlamentario de las rendiciones de cuentas es frecuente y legítimo que haya una gran cantidad de modificaciones y reasignaciones, a partir de reclamos externos y de negociaciones interpartidarias. Todo eso requiere que el proyecto sea aprobado en general, para habilitar el tratamiento de su articulado.
Sin aprobación en general, quedarían descartadas todas las novedades en relación con el presupuesto: no habría incremento de recursos para las cuatro políticas priorizadas por el Ejecutivo ni para ninguna otra. En nombre de una desaprobación a la política económica, se impediría que mejore. Solo cabe esperar que intereses partidarios mezquinos no conduzcan a un desenlace tan lamentable.