La historia reciente de Uruguay reconoce algunos instantes “bisagra”, días en los que se celebraron referéndums y plebiscitos que todos recordamos. Estas instancias de democracia directa se distinguen en el registro sensible de la sociedad uruguaya. Lejos de ser “palos en la rueda”, “bloqueos” o “revanchismos”, hacen a nuestra noble identidad democrática.
Jornadas como la del próximo 27 de marzo se diferencian de las elecciones nacionales, trascienden los partidos, son otra cosa. En ese registro está el No de 1980, que comenzó a abrir puertas y ventanas; también la jornada de lluvia del derrotado voto verde, la defensa de las empresas públicas, o los días en que la ciudadanía uruguaya eludió los atajos –tan tentadores como ilusorios– de la baja de la imputabilidad penal o los allanamientos nocturnos. Tiempo de colibríes y de “vivir sin miedo”. Horas de claridad meridiana de esta sociedad que, colectivamente, supo separar de las soluciones mágicas las angustias inocultables que instala la inseguridad.
Aunque nadie recuerda exactamente las fechas ni las normas textuales, hay una síntesis que fragua el tiempo, que tiene más que ver con la memoria sensible que con cualquier virtuosismo teórico. La consulta a la que estamos convocados todos y todas el 27 de marzo es otra de esas fotografías a las que volveremos una y otra vez.
Desde el gobierno se insiste en atribuir a la campaña por el Sí intenciones mezquinas. Sin embargo, el referéndum contra 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC) no es un ataque al gobierno ni una revancha electoral. El 28 de marzo continuará en su plena legitimidad democrática el actual elenco de gobierno, haya amanecido rosado o celeste.
Esta es otra conversación, de largo aliento. Esta consulta popular se incorporará a esa guía de luces amarillas que nos recordará quiénes fuimos, donde ya luce la gesta insospechada de las 800.000 firmas.
Este es un referéndum complejo para todos. Es lógico que estemos de acuerdo con algunas de las medidas y nos disgusten otras. ¡Claro que es válido acordar con puntos impugnados, o mantener dudas! Por eso es clave buscar los nudos, las migas de pan que nos lleven de regreso a nuestra más íntima convicción.
Lo que sigue es una búsqueda de esas pistas en los 135 artículos cuestionados, el corazón de lo más reñido con la sensibilidad de muchas y muchos uruguayos. En cada caso se indican las secciones para que cada uno pueda verificar a gusto, sin necesidad de mediadores de lectura.
1) Los artículos impugnados en la Sección I “Seguridad pública” no resuelven los problemas, ni los urgentes ni los otros. Tampoco son artículos inocuos. Al contrario, representan un retroceso en las garantías individuales. Esto no es un eslogan. Basta leer estos 33 artículos cuestionados. Anteponen la defensa del patrimonio propio ante la salvaguarda de la vida ajena; introducen una marcada desproporción de las penas, duplican las penas para quien vende unos gramos de droga en un hogar o los ingresa a una cárcel y se deja sin agravantes al gran narcotráfico; golpean de modo desigual a los jóvenes y a las mujeres pobres, estas últimas porque son quienes frecuentemente ingresan droga en la cárcel o microtrafican en sus hogares, y los primeros porque es con ellos con quienes el sistema estrena las “innovadoras” figuras de supuesto respaldo a la Policía. Dicho corto: estos artículos, por una parte, caen en la tentación reaccionaria de convertir los problemas sociales en problemas policiales y, por la otra, descuidan a la buena policía exponiéndola y enfrentándola con la gente.
2) Los artículos impugnados en la Sección III “Educación” desconfían de los protagonistas de la educación. La LUC excluye la representación de los maestros y docentes de la cuestión educativa, borrando de un plumazo los Consejos. Modifica cosas que a Uruguay le llevó décadas construir. Una vuelta al pasado, que reestrena la receta del entonces ministro Julio María Sanguinetti, quien en 1972, con otra ley de urgencia de la educación, también centralizó las decisiones, relegó a los docentes, lo que terminó por enfrentarlo con el wilsonismo y el naciente Frente Amplio. El modelo vareliano de “educación como luz del sol para todos”, el Uruguay batllista, nuestra sociedad integrada se construyó con más educación pública, con más recursos, con más acuerdos y con más estudiantes y docentes implicados.
3) Los artículos impugnados en la Sección VIII “Adopciones” habilitan al juez, en casos excepcionales, a prescindir de la intervención especializada del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU). A su vez, el juez puede apartarse de la selección resultante del proceso técnico del INAU en aquellas situaciones de hecho, legítimas; es decir que permite al juez reconocer un acuerdo entre privados para hacer nacer una adopción. Todos queremos mejorar los procesos y los resultados de la adopción. Sin embargo, el fin no puede sacrificar el cómo. Es clave resguardar las garantías y la idoneidad técnica, y ello requiere especialización. Una modificación legal de este impacto debería ser hija de los consensos y no de las disputas.
4) Los artículos impugnados en la Sección IV “Economía” instalan desigualdades en perjuicio de los más débiles con la pretendida grifa de ensanchar libertades. Basta ver lo que ocurre en materia de inclusión financiera y su disposición de dejar en manos del empleador (porque obviamente la relación es asimétrica por completo) la elección del mecanismo de pago del salario. El pago en efectivo ampara a un eventual mal empleador que ahora podrá volver a los tiempos de los trabajadores sin “caja”, sin derechos jubilatorios, en la opacidad del informalismo. Reparemos un instante en lo que implicó, sin ir más lejos, en la pandemia no contar con la protección de la seguridad social, el seguro de paro y el sistema integrado de salud. El pago en efectivo, además, favorece a eventuales evasores de pensiones alimenticias, ya que sus ingresos devienen “inatrapables”, golpeando una vez más en mujeres y niños, y obligándolos a acudir a la vía judicial con todo lo que ello implica.
¿Estamos dispuestos a convalidar esta LUC que hipotecó el debate democrático? ¿Queremos validar el camino de buscar las soluciones en el recorte de garantías individuales y libertades colectivas?
5) Esta misma sección eleva al entorno de 120.000 dólares la posibilidad de pago en efectivo. Esta disposición se comenta sola, con el sentido común de imaginar a quién puede beneficiar una compra en efectivo de semejante cuantía.
6) Los artículos impugnados en la Sección VII “Relaciones laborales” amenazan las conquistas sindicales que nos distinguen como país, al recortar en los bordes el derecho de huelga, consagrado a texto expreso en el artículo 57 de la Constitución, no sólo en su goce sino en su ejercicio y efectividad. ¡Cómo cuesta admitir que la desigualdad es más violenta que cualquier protesta!
7) Los artículos impugnados en la Sección VI “Sector agropecuario” retroceden décadas de estrategias de radicación y permanencia de la familia en el medio rural. La política de colonización, tan cara a los dirigentes nacionalistas de otros tiempos, queda explícitamente jaqueada por la reducción de 50.000 hectáreas destinadas a colonización y por el artículo que habilita a que algunos colonos no vivan en el campo ni exploten la tierra.
8) Los artículos impugnados en la sección en la Sección IX “Emergencia en vivienda” no tienen políticas habitacionales. Únicamente legislan sobre una situación de hecho: el “alquiler sin garantía”. La novedad radica en dotar al propietario de plazos de desalojo apremiantes y derechos de cobros casi usurarios para el inquilino a quien el mercado vio forzado a acogerse a este nuevo régimen que habilita la LUC. Se compromete nada menos que la permanencia en la vivienda de quienes menos tienen. Nadie que está en una situación más favorable se ve obligado a alquilar sin proveer garantía. Para colmo, tampoco le resuelve nada al propietario que hace unos pesos con la propiedad que se ve forzado a incorporar a ese mercado. Los propietarios necesitan el pago y no una casa de vuelta con una familia en la calle.
Estos son algunos ejemplos, lamentablemente hay otros. Votar con responsabilidad implica intentar ver más allá, buscar el metarrelato, preguntarse ¿en quiénes se pensó?, ¿quiénes se benefician?, ¿qué página estamos escribiendo?, ¿qué conquistas históricas corremos el riesgo de borrar?
El derecho es político por definición, da cuenta de un tiempo, saca la foto de lo que una sociedad está dispuesta a conceder y qué no. Hallar el corazón del mensaje es el único modo de votar fieles a nosotros mismos.
¿Estamos dispuestos a convalidar esta LUC que hipotecó el debate democrático? ¿Queremos validar el camino de buscar las soluciones en el recorte de garantías individuales y libertades colectivas? ¿Las ventajas circunstanciales de los “malla oro” justifican el perjuicio de las grandes mayorías?
Los pueblos, como las personas, tienen una historia hecha de esos momentos que nos convierten en lo que somos. Por eso, el 27 de marzo es una elección y una oportunidad. Si Spinoza estaba en lo cierto, “tenemos sólo dos sentimientos: miedo y esperanza”. Parece fácil elegir, ¿no?
El 27 todos y todas seremos legisladores. De nosotros depende la foto que nos saquemos como país.
Es un otoño para hacer historia. Historia colectiva, mucho más allá de a qué partido adherimos o qué votamos hace no importa cuánto.
Hagamos que este referéndum sea recordado como el día en que la sociedad uruguaya dijo Sí y de esa forma eligió adelantar el reloj, reafirmar libertades y legislar para los más.
Laura Fernández es abogada e integrante de Fuerza Renovadora, Frente Amplio.