Faltan pocos días para el referéndum y la campaña deja mucho que desear, no sólo en términos de calidad sino también en un sentido más profundo, que tiene que ver con las posibilidades de que cada parte defienda su posición.
Es muy notoria la desigualdad de recursos para comprar espacios publicitarios (suponiendo que a ambas partes se les cobra lo mismo, cosa que no es posible verificar). Lleva mucha ventaja en este terreno la campaña del No, cuyos dirigentes se abstienen de informar cuánto dinero gastan y de dónde proviene.
Lo único positivo de esto es que la izquierda social y política se ve obligada a recordar algo que no siempre tuvo presente durante los años de gobierno del Frente Amplio: su identidad la pone del lado de los pobres y exige un fuerte involucramiento masivo.
El desequilibrio económico podría ser mitigado en parte por un acceso igualitario a los recursos estatales, pero el Poder Ejecutivo se puso al frente del No, con el presidente Luis Lacalle Pou como principal portavoz, y el manejo de esos recursos tiene un fuerte sesgo.
El comando del Sí dispondrá de siete minutos en cadena nacional el martes, pero al otro día no habrá otra cadena de siete minutos por el No, sino una conferencia de prensa de Lacalle Pou en defensa de los artículos impugnados, durante todo el tiempo que quiera y con el mensaje de la otra parte a la vista. No es ilegal, pero es injusto.
Esto no hace mejores ni peores los 135 artículos de la ley de urgente consideración que serán sometidos a referéndum, pero dice mucho sobre una manera de hacer política, que es la de quienes encabezan su defensa y fue la del Poder Ejecutivo cuando impulsó esa norma.
Los proyectos de urgente consideración no están previstos para que quienes ganaron las elecciones nacionales aprueben de un saque, al comienzo del mandato, la mayor cantidad posible de sus iniciativas. La imposición de marcha forzada al Poder Legislativo debería justificarse por verdaderas emergencias, y aun así no puede abarcar una gran cantidad de temas. Por eso la Constitución le impide al Ejecutivo enviar “más de un proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración simultáneamente”, o uno nuevo mientras se esté tratando otro.
No se respetó el sentido evidente de esa norma al presentar, bajo la forma engañosa de un proyecto con 501 artículos, lo que en realidad eran numerosos proyectos sobre los asuntos más diversos. El texto enviado por el Ejecutivo abarcó desde la derogación del monopolio de Ancap para importar combustibles –que no se aprobó por discrepancias dentro del oficialismo– hasta la autorización a las carnicerías para elaborar chorizos artesanales, cuya presunta urgencia no ha sido explicada.
Son avivadas peligrosas. Si el propio presidente de la República considera aceptable, para beneficio propio, todo lo que no esté expresamente prohibido, la única consecuencia posible es que aumenten la crispación entre los partidos, la desconfianza ciudadana y la devaluación de la política. Y eso sólo les conviene, como ya deberíamos haber aprendido, a los enemigos de la democracia.