Irresponsabilidad compartida: la reacción antifeminista en Uruguay

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Durante las últimas décadas nuestro país ha construido de forma paulatina un escenario garante de protecciones jurídicas para colectivos históricamente vulnerados en su derecho a vivir una vida plena, principalmente mujeres, disidencias e infancias. A nuestro entender, si bien esto no implicó un cambio estructural en las relaciones de poder preexistentes, aportó a la transformación simbólica y cultural de la sociedad, principalmente al concebir a estas poblaciones como sujetos de derechos y brindarles estatus de ciudadanía.

Cada iniciativa de cambio despertó resistencias, algunas de las cuales se materializaron en acciones concretas que buscaron frenar o reducir su impacto.

Recordemos algunos de estos episodios: el veto presidencial al artículo sobre aborto de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva en 2008, el prerreferéndum para la anulación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en 2013, la campaña mediática contra la Guía de Educación Sexual de la Administración Nacional de Educación Pública en 2015 y la conformación de grupos de presión detractores, el caso paradigmático de la suspensión de un procedimiento de IVE por parte de una magistrada en Mercedes en 2017, las fuertes resistencias frente a los cambios de reglamentación del concurso de Figuras de Carnaval en 2017, el prerreferéndum para la anulación de la Ley Integral para Personas Trans en 2019, las recientes declaraciones públicas que revictimizan a denunciantes de delitos sexuales, entre otros.

¿Qué tienen en común todas estas acciones?

Según el diccionario de Oxford, el término “reacción” significa: 1. Cambio producido como respuesta a un estímulo. 2. Acción que resiste o se opone a otra acción, actuando en sentido contrario a ella.

La palabra reacción está compuesta por el prefijo re-, que significa “hacia atrás”, y actio, que procede del verbo agere, sinónimo de “hacer”.

A la reacción frente a los avances en materia de derechos de mujeres, infancias y disidencias, en la bibliografía académica se la conoce como “backlash antifeminista”.

¿De qué hablamos cuando hablamos de backlash?

Se trata de movimientos y acciones que tienen por objetivo sostener y defender la dominación patriarcal. De forma más o menos explícita, se busca menoscabar las posturas críticas con el orden de género y generaciones tradicional, apelando a un supuesto “orden natural” basado en un sistema jerárquico de la sociedad y la familia.

El backlash impone una moral sexual universal hetero, el no cuestionamiento de la autoridad parental, así como los derechos de la familia sobre los individuales. En este sentido, los estereotipos de masculinidad y feminidad que promueven son el del varón masculino proveedor y la mujer madre y ama de casa, que se encarga de los hijos/as y el hogar.

Este movimiento tiene diversas manifestaciones en varias partes del mundo, que van desde discursos públicos de aparente solidez teórica, que en nuestra región se impone utilizando el término “ideología de género”, hasta manifestaciones de violencia más brutales, como la violencia física.

Algunas de estas posturas están presentes en los discursos de referentes políticos del oficialismo, que por primera vez en años cuenta con mayoría parlamentaria. Esto genera un escenario propicio para la materialización de los discursos a propuestas concretas.

Alguien no está pensando en los niños

El martes 12 de julio se vota en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado un proyecto de ley que propone modificaciones al Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA) en relación al régimen de tenencia de niños, niñas y adolescentes, así como los procedimientos a seguir en caso de falta de acuerdo entre los padres luego de una separación.

Un año atrás se lanzaba una campaña por parte de distintas organizaciones sociales rechazando los proyectos de ley en discusión en ese entonces. Estos colectivos establecen que la corresponsabilidad en la crianza como deber de ambos progenitores ya está prevista en el CNA, en caso de que esto sea lo mejor para los niños, niñas y adolescentes. Entonces, ¿por qué se presenta un proyecto de ley estableciendo como principio algo que ya se encuentra en nuestra legislación?

Todas las versiones de este proyecto de ley tienen matices entre sí, pero hay un aspecto que permanece: en todos se manifiesta la necesidad de continuar con el régimen de visitas a pesar de la existencia de denuncias por violencia de un progenitor sobre otro. El magistrado podrá evaluar este régimen incluso ante la aplicación de medidas cautelares. Es importante mencionar que la lógica misma de las violencias (diferentes mecanismos de control y dominación) y las características de la edad del niño o niña (la dificultad para verbalizar las situaciones) hacen más dificultoso encontrar pruebas inmediatas de los hechos. Esta situación va en contra del principio de protección ante la violencia del CNA, poniendo en peligro la integridad de niñas, niños y adolescentes.

Nos preguntamos si todo esto no estará sugiriendo la existencia de denuncias falsas realizadas por niños y niñas contra sus padres.

El Síndrome de Alienación Parental (SAP) fue desarrollado por el psiquiatra estadounidense Richard Gardner en 1985 y difundido a través de su propia editorial. Establece que los niños y niñas son manipulados por las madres, implantando ideas sobre situaciones que no vivieron, con el fin de perjudicar al padre varón.

Es importante mencionar que este postulado no ha sido sujeto a estudios empíricos, no ha sido reconocido desde la Organización Mundial de la Salud o publicado en revistas científicas. En definitiva, se presenta como un mecanismo para invalidar denuncias por maltrato y abuso sexual, postulando que existe influencia de adultos en los niños y niñas para realizar alegatos falsos sobre una situación de vulneración. Este mecanismo busca convertir en sospechoso a todo denunciante de maltrato o abuso sexual, intentando invertir el sentido de la conducta abusiva al atribuírsela a quien denuncia o protege.

El SAP es utilizado por muchas de las organizaciones sociales y los legisladores que respaldan este proyecto para justificar este tipo de medidas u otras, como el proyecto de ley “Abuso sexual y violación de menores de edad e incapaces”, presentado en diciembre de 2020.¹ Incluso en 2015 se presentó otro proyecto que definía la alienación parental y establecía sanciones en caso de diagnosticarse el “síndrome”.

En esta misma línea, quienes promueven el cambio legislativo lo hacen con el objetivo de contrarrestar La ley de Violencia Basada en Género. Con esas palabras lo expresó la principal organización impulsora del proyecto de ley en la comisión del Parlamento el año pasado.²

Integrantes de las organizaciones promotoras de estas propuestas y representantes de la coalición de gobierno declaran que gran parte de las denuncias de violencia basada en género son falsas, pese a carecer de evidencia empírica para respaldarlo. Estos discursos son claros en las sesiones de la Comisión Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores, cuyas actas se encuentran disponibles en la web del Parlamento, en recortes de prensa o bien en las redes sociales de algunos legisladores y legisladoras.

La Ley de Violencia Basada en Género y el Código de la Niñez y Adolescencia representan avances importantes para mujeres e infancias, constituyen marcos de referencia que las y los posicionan como sujetos plenos de derechos y les protegen ante situaciones de vulnerabilidad. Simbólicamente se instalan dentro de un paradigma menos opresivo. Proyectos como el de corresponsabilidad en la crianza, que despliegan visiones estereotipadas sobre las mujeres y las infancias, en particular en los casos de denuncias por violencia y abuso, buscan volver a un orden sexo-género conservador y jerárquico, que se sustenta en la asimetría de poder del varón por sobre las mujeres, niños, niñas y adolescentes.

Eugenia Fontes es Licenciada en Trabajo Social. Clara Reyes es Licenciada en Ciencia Política.