En estas horas, en algún lugar —dicen que de África— está requerido y prófugo un narcotraficante uruguayo con antecedentes delictivos graves. La huida fue posible gracias a un pasaporte común que le expidiera el Estado uruguayo.
Las circunstancias que rodearon la solicitud y el trámite de este “pasa puerta” son increíbles y vergonzantes. El diligenciamiento, los plazos y el cúmulo de excepciones sólo se entienden mirados desde el interés del narcotraficante Sebastián Marset.
En pocos días sobrevino una catarata de notas, investigaciones periodísticas y segmentos informativos que la ciudadanía intenta desmadejar ante el vacío de respuestas oficiales satisfactorias. La información adquirió estatus de escándalo inocultable a pesar del intento vano de los ministros involucrados de poner la culpa en la estructura administrativa y (por supuesto) en los gobiernos anteriores.
Los hechos
En setiembre de 2021, un delincuente pesado uruguayo ingresó a Emiratos Árabes y fue detenido usando un pasaporte paraguayo falso. En octubre pidió al Estado uruguayo, vía su servicio consular, un pasaporte común. Lo pide, lo tiene. El 25 de noviembre estuvo listo y en pocas horas fue retirado de la cancillería por el estudio jurídico de Alejandro Balbi para ser llevado en mano por su familia a Dubái.
Esto, que no resiste el filtro del sentido común de nadie, ocurrió en este país como consecuencia de un Estado al servicio de los intereses de un individuo preso, que ya había conocido la cárcel en Uruguay, sobre el que pendían sospechas de homicidio, sicariato y narcotráfico, por lo menos.
Se caía de maduro que el Parlamento iba a dar cuenta de la perplejidad de la media ciudadana que buceaba en un mar de noticias infames, sucedidas como una serie policial de violencia, sicariato y fuga; con la triste diferencia de que fue cierto y ocurrió en nuestras narices.
Las “explicaciones”
El reflejo entrenado de rehuir las responsabilidades propias y licuarlas hasta la liviandad rindió hasta la jornada de la interpelación. El estilo sereno, riguroso y documentado del interpelante exhibió la gravedad y acabó por desarmar una defensa enclenque y plagada de contradicciones. El papel del gobierno fue igual de inconsistente que en las evasivas previas, con el agravante de algunos escuderos que terminaron por derrapar en el barro.
Las justificaciones son básicamente dos: 1) “en noviembre nadie sabía quién era Marset”, “sabíamos de un futbolista uruguayo preso” (palabras del canciller Francisco Bustillo consignadas en la versión taquigráfica); 2) el otorgamiento del pasaporte “indigna”, “molesta” a los ministros interpelados y hasta “enoja” (dichos del presidente Luis Lacalle Pou al abandonar su llamativo mutismo, el 25 de agosto), pero el decreto de 2014 los ataba de manos y obligó a las autoridades a expedir el mentado pasaporte, a su pesar.
Ambas explicaciones, además de contradictorias, no se compadecen con la verdad de los hechos.
Es imposible que se desconociera el perfil delictivo de Marset. ¿Por qué? a) Una simple búsqueda en Google hubiera despejado “quién era” este personaje. b) Si nadie tuvo “curiosidad”, estuvieron los funcionarios de nuestro servicio exterior pidiendo instrucciones, advirtiendo de la delicadeza de la situación y sugiriendo prudencia. Imaginemos por un segundo lo infrecuente que es hallarse en una oficina consular en Emiratos Árabes, que se contacte un uruguayo, preso por pasaporte falso, pidiendo un pasaporte común; atender en la otra línea a los diplomáticos paraguayos advirtiendo quién era este sujeto; luego trasladarse hasta una cárcel en Dubái, recoger las huellas y la firma, tomar las fotos. Pretender instalar que todo eso pasa bajo el radar del “mero trámite” nos subestima violentamente; c) Si algo faltaba para prender los reflectores de la obviedad, se supo que desde mayo de 2021 la Policía uruguaya colaboraba con la investigación internacional acerca de Marset, sus negocios, su narcodinero y sus contactos globales.
Sobre las justificaciones legales, lo primero y obvio: actuar en el marco de la legalidad no es un mérito en sí mismo como para “batir el parche”, sino el presupuesto irrenunciable de cualquier gobierno.
Las normas: desde 1993 estaba vigente el Decreto 167, que fue derogado en 2014 por el Decreto 129 (el padre de todos los males, según se nos explica). Varias precisiones en el plano normativo: a) ¿En qué radica el cambio introducido en 2014 y ensayado como justificación? El artículo 33 del Decreto 167/1993 disponía: “A los ciudadanos naturales que tramiten su pasaporte en el exterior se les exigirá: [...] C) Información de antecedentes de conducta a mayores de 14 años...”. El artículo 38 del Decreto 167/1993, por su parte, consignaba: “La información de antecedentes de conducta [...] se requerirá: [...] B) Ciudadanos no inscriptos y/o no residentes en la jurisdicción consular, a las autoridades locales y a la filial Interpol respectiva, cuando el Cónsul lo estime pertinente”.
Posteriormente, el artículo 27 del Decreto 129/2014 dispuso: “A los naturales uruguayos (nacidos en el territorio nacional) que tramiten su Pasaporte Común en el exterior, se les exigirá: [...] C) Información de Antecedentes Judiciales en el Uruguay a los mayores de 18 años, o en su defecto, consulta a la filia Interpol respectiva o prueba testimonial en la que deberá constar declaración de por lo menos dos personas de conocimiento del Funcionario Consular y a satisfacción de este”. O sea, si no hubiera mediado el denostado decreto de 2014, el plus hubiera sido la información de las autoridades locales y de la filial Interpol respectiva, “cuando el Cónsul lo estime pertinente”, lo cual —además de facultativo, eventual— hubiera arrojado la situación de Marset en Emiratos Árabes, más que obvia desde el momento en que estaba preso. En otras palabras: la aplicación piedeletrista de cualquiera de los dos artículos específicos (fuera en la redacción dada en 1993 o en 2014) daba idénticas herramientas para sustanciar.
Ahora resulta que ocurrió un resultado que nadie quiso, que la mano invisible de la burocracia entregó en mano un pasaporte, en una cárcel, a un narcotraficante con antecedentes y buscado por la Policía, Interpol y la DEA.
El mareo argumental de culpar a la normativa de un gobierno frenteamplista, además de falso, es parcial. Ese mismo decreto, “culpable” de todos los males, tiene otros dos artículos que deliberadamente se ignoraron.
El artículo 34 del decreto 129/2014 dispone: “A los naturales, nacionales uruguayos y/o ciudadanos legales que sean objeto de expulsión por las autoridades del Estado en que residen, se les otorgará un documento ‘Válido directo a la República por un solo viaje’; dejando expresa constancia en el documento la causa que motivó la expedición del mismo, debiéndose comunicar en forma inmediata a la autoridad competente el medio de transporte y la fecha de arribo al país”.
El artículo 48 del mismo decreto establece: “Toda situación no prevista en el presente decreto en lo que tiene que ver con la expedición o renovación de pasaportes comunes, en la República o en el exterior [...] será resuelta por la Dirección Nacional de Identificación Civil o por el Ministerio de Relaciones Exteriores de acuerdo a sus competencias conforme al espíritu de las normas...”.
Este artículo 48 recoge el criterio del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, según el cual ningún país está obligado a expedir pasaportes a cualquier persona que lo solicite. Un pasaporte no es un vaso de agua ni una emergencia de salud. Es plenamente válido denegarlo cuando existen razones fundadas.
O sea que, dicho corto, la legislación “heredada” no dispone plazo alguno que explique las corridas, no elimina información que ya no fuera evidente, establece el modo de evitar otorgar un pasaporte por diez años; provee de un mecanismo para traer a Marset expreso a Uruguay y, para rematar, da discrecionalidad a las autoridades enfrentadas a un caso excepcionalísimo como notoriamente era y es este.
Además, este mismo gobierno lo revisó en 2021, considerándolo y modificándolo en materia de menores e incapaces —modificaciones oportunas ellas — y dejando tal cual los artículos hoy demonizados (Decreto 9/2021).
Si alguna duda quedaba de la debilidad de los argumentos legales, sucede que el gobierno removió a un funcionario del Ministerio del Interior, el subdirector de la Dirección Nacional de Identificación Civil, por su obrar en este caso. O es culpa de una mala norma aplicada ingenuamente, o hay responsabilidades político/administrativas que determinaron esta remoción. Las dos a la vez, no cierra.
Lo inexplicable
Un episodio aparte es la entrega del famoso pasaporte. Una vez franqueados todos los obstáculos, aún se corría contra el tiempo. Noviembre se terminaba y Marset buscaba desesperadamente poner fin a su reclusión en Emiratos Árabes, evitando así la deportación. Estaba alertado de que el cerco policial y judicial se cerraba sobre él y la organización ilícita que comandaba, tal cual surge de las escuchas telefónicas que han tomado estado público.
La señora Carolina Ache, subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, dijo espontáneamente en su Twitter que recibió al abogado de Marset, el doctor Balbi, hecho que ratificó en el Senado. El abogado la contactó telefónicamente y fue recibido en su despacho ministerial, con el fin de conocer la fecha de salida de la valija diplomática que llevaría el pasaporte a Marset. La respuesta complicó las cosas, razón por la cual Marset y su defensa optaron —consentimiento mediante del ministerio— llevarlo en mano a su destinatario, a esa altura en la cuenta regresiva para su deportación.
Falta explicar cómo podía ignorarse “quién era Marset” a la vez que se recibía a su abogado, justamente, para conocer los tiempos ordinarios de envío de su pasaporte. En palabras de la jerarca, la reunión terminó allí. Desconocemos quién más supo de la inquietud de Balbi, por qué se franqueó la excepcionalidad del retiro en mano del pasaporte. ¿Contaban con un poder general? ¿Específico? (tal como hubiera correspondido). Si fue así ¿cómo hizo Marset para otorgarlo estando en una cárcel de Dubái? Todos espacios en blanco que el gobierno no completó en las horas de interpelación ni en los sendos pedidos de informes que la bancada de senadores del Frente Amplio cursó a los ministerios implicados, respuestas que —por si fuera poco— omitieron todo lo relevante, y se dieron por cumplidos con el Senado de la República enviando capturas de pantalla del inicio del trámite.
En la misma cuenta larga de explicaciones pendientes se halla el rol (o la ausencia) del Sistema Nacional de Inteligencia del Estado. Una vez más, la media de la sensatez se pregunta si Inteligencia no tiene un papel a jugar en semejante caso. ¿Para cuáles asuntos quedaría reservada?
Justos por pecadores
Ahora resulta que ocurrió un resultado que nadie quiso, que la mano invisible de la burocracia entregó en mano un pasaporte, en una cárcel, a un narcotraficante con antecedentes y buscado por la Policía, Interpol y la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).
Las últimas horas decantaron una respuesta del oficialismo igual de inquietante; arrancar la hierba mala, o sea, derogar el decreto de 2014. ¿Esto qué implicará? Mostrar la gestión (aparente y falaz) de resolver la causa del escándalo; endurecer las condiciones de cualquier ciudadano para obtener un pasaporte, aquello de “pagar justos por pecadores”; y seguir lejos del problema y todavía más lejos de las respuestas imperiosas al flagelo del narcotráfico global y el crimen organizado.
Final abierto
Las noticias se siguen generando: Conocemos de la misa la mitad. Procedería aquello del poeta que “gran parte de las claves del futuro están, curiosamente, en el futuro” Pero el oficialismo (todo) mantiene una actitud acrítica. Es evidente que el camino escogido es cantar lejos del nido e instalar otros temas de modo que el Frente Amplio pase de interpelante a sospechado, que los periodistas queden neutralizados por prácticas despreciables y que los operadores de la justicia sean, una vez más, agraviados.
A pesar del cúmulo de evidencias, el gobierno ni siquiera se allanó a la obviedad del daño que este episodio representa para la imagen internacional del país, ni para la credibilidad ciudadana en sus instituciones.
Aún falta establecer si hubo desidia, falta de apego, si se miró oportunamente para el costado o si sobrevino la “tormenta perfecta” de descoordinaciones y enredos. Sea como sea, se agotó la receta de escandalizarse, sorprenderse; se agotó el recurso de trasladar la responsabilidad. Habrá que “hacerse cargo” de que, por lo menos, se escapó la tortuga.
Laura Fernández es abogada e integrante de Fuerza Renovadora, Frente Amplio.