Con la inflación anualizada ubicada prácticamente en 10% –muy lejos del eje del rango meta definido por el Banco Central del Uruguay (BCU)–, al que se ha llegado transitando una trayectoria creciente, se renuevan las preocupaciones sobre el importante desequilibrio que esta realidad representa, así como la multiplicidad de efectos negativos que derrama sobre la sociedad. Y con las preocupaciones también se reiteran los comentarios acerca de los fundamentos sobre los que descansan las diversas posturas políticas en debate.
Antes de abordar un repaso de esos fundamentos, no está de más tener presente el carácter concentrador y excluyente de la inflación. Definida como un incremento generalizado de los precios, supone a su vez diversos ritmos y grados de volatilidad en estos cuando se los observa en particular. Por eso es que hablamos de inflación subyacente cuando calculamos la evolución de los precios en los que se observan comportamientos relativamente más estables.
A partir de estas condiciones, los efectos de la inflación resultan especialmente negativos para quienes perciben ingresos fijos, ya que cuanto más relevante sea el grado de inflexibilidad de estos, más importante será su caída en términos reales. Estamos, entonces, ante un escenario en el que opera un gravamen esencialmente injusto desde la perspectiva del acceso a los frutos de la actividad y el trabajo.
Esta comprobación puede realizarse también si se considera que los principales factores de impulso a la inflación son los alimentos y las bebidas no alcohólicas, que a su vez representan las proporciones más altas del consumo de los sectores más pobres de la sociedad uruguaya. Dicho de otra manera, la inflación golpea a quien depende de ingresos fijos, pero lo hace con más fuerza cuando además de fijos esos ingresos son de menor nivel.
No es esta la única perspectiva para comprobar el carácter concentrador y excluyente de la inflación. También lo podemos hacer si ubicamos en el centro del análisis la evolución del gasto público. Si operamos de esa manera llegaremos a la conclusión de que la inflación es funcional a la caída del gasto público en términos reales y, por lo tanto, factor de restricción de la capacidad política para mejorar los derechos y la calidad de vida de la población. Una larga y rica experiencia histórica nos enseña que es el gasto y no el ingreso público el que demuestra por lejos la mayor efectividad cuando se trata de incrementar el bienestar con justicia y equidad.
La realidad nos está indicando que estamos fracasando en el control y la reversión del comportamiento de este importante desequilibrio. La reiteración de mediciones que ubican a la inflación anual a niveles muy lejanos del rango meta –que oscilan entre 3% y 6% por decisión del BCU– es, a esta altura, una clara demostración de tal fracaso. Es que analizando la conducta de la autoridad monetaria y la última medición de casi 10% resulta muy difícil proyectar un descenso significativo en un plazo razonable.
Que el BCU esté al frente de la política monetaria, instrumento fundamental para el combate a la inflación, no quiere decir que el control de esta última sea su único objetivo. Es que las decisiones de la autoridad monetaria en su campo especializado de acción generan efectos directos e indirectos sobre varios ámbitos de la economía y –por lo tanto– deberían ser tenidos en cuenta en las ocasiones en las que se toman tales decisiones. A estar a los resultados que se vienen obteniendo, esos efectos parecen no haber sido considerados.
Es muy difícil que en una economía que funciona con dos monedas la tasa de interés de política monetaria tenga la capacidad de provocar consecuencias efectivas en materia inflacionaria.
Para empezar, la política monetaria del BCU se apoya en la definición de la tasa de interés, esto es, el costo del dinero. Se busca con dicha definición un resultado contractivo y, por esa vía, un descenso de la inflación en base al anclaje de expectativas. Estos son los fundamentos por los cuales el banco no ha cesado de aumentar permanentemente la tasa de interés de política monetaria sin alcanzar los objetivos buscados.
No es posible ignorar la influencia del comportamiento de los precios a escala mundial, a la que Uruguay no ha escapado ni podrá escapar. Algunos correspondientes a insumos energéticos de impacto difundido han descargado una significativa incidencia sobre la economía uruguaya y sus registros inflacionarios. No obstante, también es cierto que muchas economías que sufren el mismo efecto y tienen contactos económicos similares a los de Uruguay exhiben niveles y trayectorias inflacionarias sensiblemente inferiores a las de nuestro país.
Sin embargo, no es el factor expuesto precedentemente el que explica la persistencia de la inflación uruguaya. La principal explicación está asociada a la conducta de la autoridad monetaria y a su incapacidad para superarla. En este sentido, hay que comenzar por tener en cuenta una característica avalada por una abundante evidencia a escala internacional. Es muy difícil que en una economía que funciona con dos monedas, la tasa de interés de política monetaria tenga la capacidad de provocar consecuencias efectivas en materia inflacionaria. En estas circunstancias, por elevados que sean los niveles y los ajustes de dicha tasa, los efectos buscados se diluyen ante el bimonetarismo.
Por otra parte, en el mismo sentido es ese doble patrón monetario el que alienta a la práctica del carry-trade (por la que un inversor vende una divisa con una tasa de interés baja y compra otra diferente con una tasa de interés más alta), cuyo funcionamiento con el objetivo de obtener ganancias especulativas mantiene deprimido el tipo de cambio, con las consecuencias que ello tiene sobre la competitividad y el comportamiento de la producción nacional. La experiencia acumulada respecto del problema que estoy analizando nos indica que este manejo que hace el banco de la tasa de interés de política monetaria sería el camino a seguir cuando existe un exceso de la demanda en el marco de un proceso de recalentamiento de la economía. No es este, por cierto, el caso de Uruguay.
No está de más tener en cuenta que la inflación subyacente se encuentra ubicada a un nivel muy cercano a la medición global de este desequilibrio macroeconómico, lo que constituye un indicador acerca de expectativas negativas sobre la evolución inflacionaria en el futuro.
No es por el camino que está siguiendo el BCU que podremos lograr que dichas expectativas mejoren. Y eso es preocupante no sólo por los argumentos expuestos antes, sino también porque estamos analizando una variable especialmente sensible a lo que los agentes económicos esperan que ocurra.