Cualquiera que haya leído mi nota del 2 de junio pasado podrá comprobar que mi cabeza, basada en la postura original de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATSS), iba por otros lados que no aborda la papeleta que ahora tenemos a nuestra consideración. Creo que era mejor que el acuerdo alcanzado e incluía otros puntos importantes.
Pero ocurre que en política no siempre los planteos son ideales y perfectos. Es más: la regla suele ser que no lo sean. Se alcanzan los acuerdos que se pueden alcanzar. Uno debe tomar posiciones sobre lo que existe y no sobre lo que idealmente querría. Entonces, dado que he dedicado más de 35 años al problema práctico y teórico de la seguridad social, en particular de las jubilaciones y pensiones, debo tomar partido en el hecho político más importante que sucede sobre ella desde 1995 hasta la fecha.
El centro de mi humilde actividad sindical ha sido la eliminación de las AFAP, porque estoy absolutamente convencido y es perfectamente comprobable que perjudican a más del 90% de los trabajadores y trabajadoras, y esta será la primera vez en 29 años en que podré votar para que esa eliminación sea una realidad. ¿Qué duda puede quedarme? Firmaré para que haya plebiscito, juntaré firmas y votaré por Sí en octubre de 2024.
El centro de mi humilde actividad sindical ha sido la eliminación de las AFAP, porque estoy absolutamente convencido y es perfectamente comprobable que perjudican a más del 90% de los trabajadores y trabajadoras.
Acerca de confiscaciones y expropiaciones
En 2019, Lacalle Pou recorrió el país diciendo que si hacía una “reforma de la seguridad social” no iba a cambiarles las reglas de juego a quienes ya estuvieran trabajando. No solamente las cambió sino que los obliga a trabajar más, aportar más y cobrar menos. Ahora su delfín, Álvaro Delgado, salió a decir que queremos “expropiar los ahorros de los trabajadores”. ¿Puede ser que el mismo que decidió junto con el gobierno perjudicarlos en su jubilación ahora se erija en su “defensor”? ¿Cómo les resulta tan fácil pasar de victimarios a defensores de las víctimas? ¿Apuestan a la desmemoria?
Hay decenas de miles de jubilados y jubiladas por el régimen de las AFAP que están cobrando por la parte que a ellas les corresponde por el “ahorro individual” sumas de 80 pesos, 140 pesos, 400 pesos, 1.000, 2.000, 3.000... después de haber aportado más de 40 años al Banco de Previsión Social (BPS). ¿Quién les “confiscó” y sigue “confiscando” el monto que hubieran cobrado si no existieran las AFAP? Pues los responsables de que estas existan.
Por la ley de “cincuentones”, miles están cobrando desde que se retiraron un 10% menos que quienes estaban en el régimen de solidaridad del BPS. ¿Quién les “confiscó y confisca” ese 10% menos todos los meses? También los responsables de que eso se haya decidido a nivel parlamentario. ¿Quién se ha hecho la autocrítica por estas acciones u omisiones y las corrige?
También hay que preguntarse: ¿los trabajadores y trabajadoras que hoy están en las AFAP no recibirán “nada a cambio”? Por supuesto que sí: la inmensísima mayoría van a recibir una jubilación sólo por el BPS que será mejor que las “dos jubilaciones sumadas” que hoy se cobran por el BPS y por la AFAP correspondiente. (Tal vez los que podrían ponerse nerviosos sean los 27.000 que hoy ganan más de 236.000 pesos –entre ellos todos los legisladores y las legisladoras–, porque si triunfara el plebiscito van a tener que empezar a aportar al BPS por la totalidad de sus sueldos, también por encima de esa cifra, y tal vez devolver los aportes que no hicieron y se guardaron en el bolsillo o ahorraron todos estos años. Aun así, el Parlamento que surja de la próxima elección tendrá dos años para resolver el último problema y hasta condonar esa “deuda”).
La edad jubilatoria
“Las personas tendrán derecho al acceso a la causal jubilatoria a los 60 años de edad y 30 años de trabajo o servicios”. ¿Que esto es demasiado rígido? Puede ser. Pero las mentiras de la campaña electoral de 2019 y la intransigencia del gobierno y de la mayoría del Parlamento actual no han dejado otra opción si se quiere respetar la opinión ampliamente mayoritaria de los trabajadores y las trabajadoras del país. ¿O esta opinión –es decir, la de los verdaderos afectados y afectadas– no importa? Desde mi concepción de la verdadera democracia, sí.
Ante la duda: a favor del pueblo
Se habla del enorme gasto que se generaría y cómo se afectaría el valor del salario de los trabajadores al establecer un mínimo jubilatorio y pensionario igual al salario mínimo nacional. Simplemente, recuerdo que casi exactamente igual se plantearon las cosas en 1989: se decía que “¡si gana el plebiscito de los jubilados los trabajadores no van a tener más aumentos de salarios!, ¡la economía se irá por un despeñadero!, ¡no se va a poder invertir en salud y educación!”. Sin embargo, nada de eso terrible ocurrió: desde 1985 a 2019 –como ya lo demostré en estas páginas con base en un estudio del Ministerio de Desarrollo Social de marzo de 2020– el “gasto” en previsión y asistencia social aumentó de manera importante y también aumentó en salud y educación. Y en cuanto al salario real, los trabajadores no solamente no perdieron, sino que desde 2005 a 2019 aumentaron su valor real, al igual que las propias pasividades. Es decir: todo depende de la orientación de la política económica que se implante.
Los números de la realidad
Con la ley ya votada, como ha escrito recientemente el economista Antonio Elías, se “generan altos costos de transición, porque los trabajadores disminuyen sus contribuciones al sistema de reparto” (BPS) “y aportan al sistema privado, mientras que la mayoría de las jubilaciones en curso de pago y las que se generarán hasta que empiecen a jubilarse por el nuevo sistema deben ser financiadas por el Estado”. Si la reforma constitucional que se plantea se aprueba, la situación financiera será otra. Las finanzas del BPS, en lo inmediato y por un tiempo, van a mejorar (el año pasado el “déficit” fue de 560 millones de dólares y a las AFAP fueron a parar 1.200 millones de dólares, más del doble). Esa sustancial mejora inmediata dará oxígeno para hacer una reforma en serio.
¿Juicios contra el Estado?
De ganar el Sí en el plebiscito, la Constitución dirá: “La entrada en vigencia de esta reforma no generará indemnización por lucro cesante a las AFAP”. Algún destacado jurista ha salido a señalar los riesgos de juicios contra el Estado que generaría. No tengo formación para rebatirle, pero me remito a la contundente respuesta en sentido contrario que en 37 páginas le diera el doctor José Lamas, así como a la opinión del profesor doctor Juan Ceretta sobre otras cuestiones jurídicas. Por mi parte, simplemente recuerdo que en Bolivia lo que serían nuestras AFAP se eliminaron en la Constitución: ¿alguien ha leído o escuchado que el Estado boliviano haya sufrido y/o perdido algún juicio en su contra? ¿Argentina los tuvo? ¿Los 18 países que en el mundo han revertido las privatizaciones según la Organización Internacional del Trabajo tuvieron esos problemas? No.
El problema de fondo tal vez sea el de que, si la reforma triunfara, habrá que pensar en ampliar nuevas fuentes de financiación para el sistema y –de una vez por todas– dejar de hacerle el caldo gordo al gran capital. Como dijera el entrañable Miguel Hernández, “vientos del pueblo nos llevan”: con la verdad llegaremos hasta donde él quiera.
Adolfo Bertoni fue presidente de ATSS.