Es tremendo considerar la posibilidad de que a un presidente de la República se le imputen delitos penales, pero corresponde hacerlo por la debilidad y oscuridad de las explicaciones que planteó Luis Lacalle Pou, el sábado 4, sobre la denuncia de un intento de ocultar información requerida por la Justicia.
Carolina Ache, exsubsecretaria de Relaciones Exteriores, declaró en Fiscalía que hace un año, cuando aún ocupaba el cargo, el entonces asesor presidencial Roberto Lafluf la convocó, en nombre de Lacalle Pou, a una reunión que se realizó con sigilo cerca del despacho de este, en el piso 11 de la Torre Ejecutiva. Dijo que en esa ocasión Lafluf pidió y logró que ella y el subsecretario del Interior, Guillermo Maciel, borraran de sus celulares el registro de chats entre ambos sobre la solicitud de pasaporte del narcotraficante Sebastián Marset.
Siempre según el relato de Ache, el asesor le indicó que realizara una certificación notarial del contenido de su teléfono, ya sin ese registro, para reemplazar la que había entregado antes en la cancillería, y al día siguiente, cuando ella le comunicó a Lafluf que había decidido no hacerlo, este le pidió tiempo para una consulta con Lacalle Pou y luego la llamó para decirle que consiguiera otra copia de aquel documento, porque él lo había destruido.
Lacalle Pou admitió el sábado pasado que él le encomendó a Lafluf que convocara a la reunión con Ache y Maciel, por la que “pasó a saludar”, para que ambos se pusieran de acuerdo sobre lo que harían con el registro de los chats, porque había “una discusión” y “matices” acerca de la entrega a la Justicia de comunicaciones privadas.
No fundamentó por qué le asignó esa tarea a un publicista y no a alguien especializado en cuestiones legales, pero en todo caso el hecho era que un tribunal había ordenado la entrega de todas las comunicaciones entre ambos subsecretarios sobre Marset, y la única alternativa que quedaba era cumplir con la sentencia o desacatarla.
El presidente dio a entender que su única intención era que Ache y Maciel armonizaran sus posiciones, sin asumir responsabilidad por el pedido de que borraran los chats. Pero también dijo que en principio los subsecretarios “se pusieron de acuerdo”, que al día siguiente Ache cambió de opinión y que, cuando Lafluf le contó esto, él le dijo que le transmitiera a la subsecretaria que aceptaba esa decisión (pero no mencionó la presunta destrucción del documento por parte del asesor).
Sólo se puede entender que Lafluf le informó a Lacalle Pou, al menos, sobre el acuerdo inicial para no cumplir con la sentencia, y que al presidente no le pareció mal. Esto es grave de por sí, y será mucho peor si se comprueba que Lacalle Pou estuvo en conocimiento de que se borró información de los celulares, se sustrajo un documento de la cancillería y se destruyó para ocultar que había existido, y se tramó la realización de un nuevo certificado engañoso.
El caso está en manos de la Fiscalía, y el presidente probablemente tendrá una oportunidad de ser más claro y convincente. Ojalá que la aproveche.