Una nueva ley contraria a los principios más elementales del derecho se discute en la Cámara de los Comunes dominada por los Tories en Reino Unido. La ministra del Interior, Suella Braverman, dijo que la norma jurídica en ciernes “se sitúa en los límites del derecho internacional, pero no lo quebranta (sic)”.1
Hablar de límites y no de una clara violación al derecho internacional. Tal es el nuevo discurso mediático de un gobierno que ya en 2022 quiso atravesar los propios márgenes de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 (en adelante, Convención de la ONU), luego de aprobar una torpe e injusta reforma migratoria que prácticamente acabó siendo declarada ilegal por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En efecto, dicha instancia jurisdiccional señaló la inconsistencia jurídica de deportar en un avión a ciudadanos solicitantes de asilo en suelo británico a Ruanda; una medida que, amén de quebrantar claramente el derecho internacional a los derechos humanos, criminaliza el ejercicio del derecho que asiste a toda persona para buscar y obtener asilo en cualquier rincón del mundo (al menos en la enorme cantidad de países que ratificaron la Convención de la ONU).
Por su parte, Enver Solomon, director de Refugee Council, una de las ONG que han denunciado los planes del gobierno, dijo que la medida “es inviable, costosa y no va a frenar la llegada de los botes”. La organización considera que la nueva norma hace añicos el compromiso de Reino Unido de brindar a los refugiados una audiencia justa, independientemente de cómo hayan llegado al territorio, de acuerdo con la Convención de la ONU.
Actualmente, los solicitantes de asilo que llegan a Reino Unido tienen derecho a buscar protección en virtud de la Convención de la ONU y de la Convención Europea de Derechos Humanos.
ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, ha descrito las medidas que recoge la nueva ley como “muy preocupantes” ya que considera que dejarían sin protección incluso a aquellas personas con una solicitud de asilo convincente.
Su representante en Reino Unido, Vicky Tennant, aseguró al programa Newsnight de la BBC que la medida violaría el derecho internacional. “Creemos que es una clara violación de la Convención de Refugiados”, dijo, y recordó que “incluso las personas con solicitudes muy imperiosas simplemente no tendrán la oportunidad de presentarlas”.
La Convención de la ONU es un tratado multilateral que establece quién califica como refugiado y las obligaciones de los Estados signatarios para protegerlos.
Aires combativos
Sin embargo, los conservadores británicos respaldan la nueva ley que niega el derecho a reclamar asilo a los que llegan en patera a las costas inglesas. Y como prueba de ello el primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, afirmó recientemente y en tono belicoso: “Estamos preparados para luchar, y confiamos en ganar la batalla. Si nos desafían, responderemos con dureza, porque creemos que estamos haciendo lo correcto, y de acuerdo con nuestras obligaciones internacionales”.
Según reporta Rafa de Miguel para el periódico El País de Madrid,2 “el Gobierno ya ha admitido que su ley puede no ajustarse a la normativa internacional de derechos humanos. En concreto, a la Convención Europea de Derechos Humanos [que el Reino Unido firmó en 1951]. Existen además serias dudas sobre su compatibilidad con la Convención para Refugiados de Naciones Unidas”, señala Lubna Shuja, presidenta de The Law Society, la institución que apoya el ejercicio de la abogacía en Inglaterra y Gales, y vela por la preservación del Estado de derecho. “El Estado de derecho queda socavado si el Gobierno del Reino Unido asume el planteamiento de que puede incumplir las leyes —internacionales o domésticas—. Si un Gobierno incumple la ley, quiebra la confianza de sus propios ciudadanos y de sus aliados internacionales”, afirma Shuja.
El cronómetro corre en contra del mismo primer ministro británico, que ha utilizado guante de seda para mejorar sus relaciones con la Unión Europea en la era pos-brexit, pero puño de hierro con la inmigración.
De todos los inmigrantes que hicieron en 2022 la travesía del canal, según datos del Ministerio británico del Interior, el 10% procedían de Irán; otro 10% de Irak; el 15% de Afganistán; el 8% de Siria y el 35% de Albania. Este último dato —el elevado número de llegadas de un país europeo en el que no hay un conflicto bélico—, junto con el hecho de que el 75% de los llegados desde 2018 sean varones adultos, ha permitido al Gobierno de Sunak definir a la ola de recién llegados como inmigrantes “ilegales” que deciden saltarse la cola, en detrimento de los contribuyentes británicos y de aquellos que viajan hasta el Reino Unido a través de los cauces legales.
“Es una ley inmoral, porque culpa y estigmatiza a los inmigrantes solamente por el modo en que han llegado al Reino Unido, en vez de atender a sus propias circunstancias personales”, acusa Sheona York, jurista especializada en asuntos migratorios de la Facultad de Derecho de Kent. “Los botes que lleguen mañana [a las costas inglesas] pueden transportar a una mujer que huye de la mutilación genital, a uno de los afganos que el propio Reino Unido seleccionó para su evacuación de aquel país y que no pudo llegar al aeropuerto, o a un opositor iraní cuya mujer ya esté aquí, pero no se pueda arriesgar a esperar dos años por un visado de reunificación familiar”, señala York.
Señales de ilegalidad
El Gobierno de Sunak —en concreto, la ministra Braverman— ha dado pistas claras de su voluntad de forzar las normas. “Soy incapaz de hacer una declaración pública que corrobore que, bajo mi criterio, las medidas de la ley contra la inmigración ilegal sean compatibles con la Convención [Europea] de Derechos [Humanos], pero el Gobierno desea aun así que la Cámara de los Comunes tramite el texto”, ha escrito Braverman negro sobre blanco.
Hay más. La nueva ley, en su primer artículo, deja claro a los tribunales británicos que deberán limitarse a aplicar sus disposiciones, sin interpretar —como estaban obligados a hacer hasta ahora— si se ajustan o no a la convención. Al atar las manos de jueces o abogados británicos, el Gobierno de Sunak se prepara para la que intuye será la verdadera batalla, cuando el asunto acabe recalando en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
“Si el Reino Unido pierde, o bien acata la sentencia del TEDH —y eso significará que la ley no ha servido para nada— o puede desafiarla, y situarse de ese modo en quebranto de las obligaciones de derecho internacional establecidas por la convención”, pronostica Jonathan Jones, abogado y jefe del departamento de asesoría legal del Gobierno británico hasta 2020.
Primero lo intentó Boris Johnson; después, y brevemente, su sucesora, Liz Truss: y ahora Sunak, que ha vinculado el éxito de su mandato a acabar con la crisis migratoria. Stop the Boats (Detengamos las pateras), dice el eslogan con que el que se ha puesto en marcha su Gobierno. Pero las maniobras desplegadas hasta ahora se han revelado inútiles. El acuerdo con Ruanda para deportar los inmigrantes interceptados a ese país africano está paralizado. El TEDH frenó en seco el despegue del primer avión que iba a zarpar del Reino Unido el pasado junio. Su decisión encolerizó al ala dura de los conservadores y animó al Gobierno a rebelarse contra la jurisdicción de ese tribunal.
Las decenas de millones de euros entregados a Francia para reforzar la vigilancia policial de sus costas —un compromiso reforzado este mismo viernes por Sunak y el presidente francés, Emmanuel Macron, en París— no han frenado la llegada de inmigrantes. El cronómetro corre en contra del mismo primer ministro británico, que ha utilizado guante de seda para mejorar sus relaciones con la Unión Europea en la era pos-brexit, pero puño de hierro con la inmigración, para contentar y mantener calmada al ala dura de su partido.
Mauricio Ochoa es abogado por la Universidad Católica Boliviana y maestrando en Filosofía del Derecho por la Universidad de Buenos Aires.