El presidente Luis Lacalle Pou prometió reiteradamente, antes y después de ser elegido, hacerse cargo de sus responsabilidades, pero no siempre cumple con ese compromiso.
En diciembre de 2021, el Estado uruguayo fue condenado una vez más por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH), debido a sus responsabilidades en las desapariciones forzadas de Luis Eduardo González y Óscar Tassino, desde 1974 y 1977 respectivamente, y a sus omisiones de la debida investigación de las muertes violentas en 1974 de las “muchachas de abril”, Diana Maidanik, Laura Raggio y Silvia Reyes.
Las condenas no recaen en particular sobre el actual gobierno, ni sobre los anteriores que presidieron Jorge Batlle, Luis Alberto Lacalle Herrera, José Mujica, Julio María Sanguinetti dos veces y Tabaré Vázquez otras tantas. Son condenas al Estado, cuyos poderes usurpaba una dictadura cuando se cometieron los crímenes, y que luego de la restauración democrática incumplió los deberes que le corresponden por integrar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y haber aprobado sus convenios.
Cuando se produce una sentencia de la Corte IDH, las autoridades estatales del país condenado deben cumplirla. La del caso Gelman fue dictada en 2010, y sus primeras consecuencias fueron asumidas por el gobierno que presidía Mujica, pero todos los siguientes tuvieron y tendrán obligaciones mientras no se cumpla por completo –como aún no se ha cumplido– con lo que dispuso el fallo. Lo mismo sucede en este caso.
Entre otras cosas, el Estado uruguayo debe realizar una ceremonia pública de reconocimiento de sus responsabilidades, en la que reafirme el compromiso de cumplir con la sentencia “e investigar, sancionar y reparar adecuadamente las violaciones a derechos humanos cometidas”.
Ya se hizo en 2012, en cumplimiento de la condena por el caso Gelman, y en esa ocasión puso la cara Mujica, por cierto ajeno al secuestro y la desaparición forzada de María Claudia García, y a la supresión y sustitución de la identidad de su hija María Macarena, desde su nacimiento en 1976 hasta que se determinó quién era verdaderamente, en 2000.
Ahora le tocaba a Lacalle Pou hacerse cargo de sus deberes políticos, jurídicos y éticos como jefe de Estado, aunque era un niño pequeño cuando se produjeron los crímenes contra González, Tassino y las muchachas de abril. Pero no quiere hacerlo y no lo hará. Será reemplazado en la ceremonia, que se llevará a cabo el 15 de junio, por la vicepresidenta Beatriz Argimón.
Hace meses mandó decir que no iba a estar, y en los últimos días ha apelado a la excusa inaceptable de que en esa fecha estará fuera del país, para recibir una distinción del foro Americas Society, fundado por David Rockefeller.
La fecha no la fija la Corte IDH, sino que debe ser acordada por las autoridades estatales con familiares de las víctimas. De hecho, ya estamos largamente fuera de plazo, y no se eligió cualquier otro día, anterior o posterior al viaje de Lacalle Pou, porque él no lo quiso. Su ausencia, mezquina y pusilánime, será una vergüenza nacional e internacional.