Ahora parece extraño, pero hace unos años era común leer y escuchar que quienes buscaban verdad y justicia acerca de las violaciones a los derechos humanos cometidas desde el Estado durante la última dictadura estaban empecinados, equivocadamente, en mirar hacia el pasado. Hoy, más allá de la opinión que se tenga sobre las causas de aquel régimen cívico-militar, resulta claro que los eventos traumáticos deben ser aclarados y resueltos para evitar más sufrimiento.
Sólo en estos días atravesamos unos cuantos acontecimientos que nos ligan a ese pasado irresuelto. El miércoles, Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario penitenciario, solicitó que se modifique el proyecto de prisión domiciliaria que impulsan sectores gobernantes, para que la norma no se convierta en “una ventana de impunidad para delito alguno ni una oportunidad de trato privilegiado para colectivo alguno”; entre estos, los más evidentes son los militares procesados por crímenes cometidos durante la dictadura. También el miércoles, el ministro de Defensa, Javier García, tuvo que referirse a un documento interno que no aparece, pero que podría aportar información sobre los detenidos desaparecidos. Ayer se reavivó la polémica por los archivos de la inteligencia militar dictatorial, tras la publicación de miles de documentos en un sitio web anónimo, en paralelo al proyecto oficialista de liberar el acceso a ese tipo de materiales. Además, en la próxima semana se intensificarán las actividades oficiales y originadas en la sociedad civil que recordarán los 50 años del golpe de Estado del 27 de junio de 1973. Un poco después de eso, cuando se completen los análisis de ADN, se conocerá la identidad del cuerpo encontrado hace dos semanas en el Batallón 14.
En medio de todo esto, el jueves tuvo lugar el acto en que el Estado reconoció su responsabilidad en la desaparición forzada de Luis Eduardo González y Oscar Tassino, y en el asesinato de Diana Maidanik, Laura Raggio y Silvia Reyes, las “muchachas de abril”. Como había sucedido antes en relación con el “caso Gelman”, fue parte del cumplimiento de una sentencia contra Uruguay de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), y el carácter poco habitual de ese acontecimiento reforzó su simbolismo.
Allí, Karina Tassino, que habló en representación de las familias de las víctimas, dijo que el acto de reparación no apunta al pasado, sino al presente. La Corte IDH maneja una concepción de la justicia que enfatiza tanto la reparación a las víctimas como la investigación acerca de las responsabilidades, el castigo a los culpables y la prevención de crímenes similares. Se trata no sólo de restaurar y conocer, sino también de advertir a toda la ciudadanía sobre las consecuencias personales y colectivas de dejar avanzar al autoritarismo.
Ceremonias como la que tuvo lugar en el Palacio Legislativo cumplen, entre otras cosas, una función formativa: nos recuerdan qué es lo que no puede ocurrir nunca más.