Dos años en juego
La Rendición de Cuentas que el 1º de julio comenzó a tratar el Parlamento tiene una importancia especial, ya que adjudicará (o no) recursos por dos años, hasta la Ley de Presupuesto de 2025. Esto es tanto más importante en cuanto Uruguay viene de un proceso de caída del financiamiento universitario, que entre 2020 y 2023 implicó una pérdida de 6% del presupuesto global de la Universidad de la República (Udelar) y que, según las proyecciones, se mantendrá una reducción de 2,6 puntos en 2025 (no obstante la recuperación económica que el país ha experimentado desde 2022). En este marco, luego de tres años de retracción presupuestal y pérdida salarial por la inflación, en esta Rendición de Cuentas era urgente iniciar un ciclo de recuperación del financiamiento educativo y atención a las problemáticas más urgentes que plantea el sector universitario. Sin embargo, otra vez el gobierno envió al Parlamento un proyecto de presupuesto que excluye a la Udelar de cualquier partida incremental. Parece normal, pero no lo es.
Más estudiantes, menos presupuesto
Al mismo tiempo que el Estado uruguayo retrajo el presupuesto universitario, la matrícula de la Udelar tuvo un crecimiento muy importante. Tan sólo en 2021 creció 21 puntos, llegando en 2022 a 189.373 estudiantes. Este crecimiento es una excelente noticia para nuestro país, que necesita apuntalarlo respaldando con recursos el desarrollo de las políticas educativas y programas académicos a nivel nacional, lo que no está sucediendo.
Uno de los efectos más claros de la combinación de crecimiento de la matrícula y estancamiento presupuestal es el deterioro de la relación de horas docentes por estudiante. Según datos de la Udelar, desde 2014 este indicador viene empeorando, llegando en 2023 a una relación de 1,46 horas docentes semanales por cada estudiante (indicador de horas que no sólo refiere a la actividad de enseñanza sino también al tiempo dedicado a la investigación, la extensión y la gestión). Esto provoca dos situaciones convergentes: el empeoramiento de las condiciones de estudio de los/as estudiantes, y la sobrecarga laboral docente. Esto impacta negativamente en el conjunto de la enseñanza, y se expresa en grupos muy numerosos a cargo de pocos docentes, dificultades para acceder a los horarios de consulta, debilitamiento de los programas de apoyo a las trayectorias estudiantiles, y peores condiciones de estudio. A esto se suman las dificultades que tendrá la Udelar para continuar el desarrollo de programas de formación en el interior, así como el desfinanciamiento del programa de becas para los/as estudiantes que lo necesitan. Actualmente la Udelar puede satisfacer sólo el 50% de las solicitudes de becas que cumplen con las condiciones, presentadas por estudiantes que hoy pueden acceder a la Universidad pero necesitan apoyos para hacer frente a los costos de materiales de estudio, traslado, alimentación o vivienda. Sin presupuesto se pone en juego el derecho a la educación. Parece normal, pero no lo es.
Precariedad consolidada
Los salarios universitarios están sumergidos y sufren una doble postergación: en relación con la comparación con universidades similares de la región (Chile, Argentina y Brasil), y en relación con otras instituciones educativas de Uruguay. Un docente grado 1 con 20 horas semanales tiene un salario nominal de 19.695 pesos. Es el salario de ingreso a la carrera docente más bajo de Uruguay. También es el más bajo de Uruguay el salario del grado 5, el más alto del escalafón. Si se compara con el ingreso promedio que en el mercado laboral, e incluso en el propio Estado uruguayo, tienen profesionales con igual formación (licenciatura, maestría y doctorado), se podría explicar por qué razón muchos jóvenes dejan la carrera académica aunque tengan la preparación y la vocación para dedicarse a ella.
Las políticas educativas tienen efectos de largo plazo. Esto puede comprobarse mirando hacia atrás, y debería ser una advertencia al mirar hacia adelante. El crecimiento histórico de la matrícula universitaria, con grandes períodos de desfinanciamiento del sector, ha producido problemas estructurales que es necesario revertir. En 1985, a la salida de la dictadura y la intervención que desmanteló a la Udelar, los docentes de inicio de la carrera (grados 1 y 2) representaban el 53% del total. En 2021 ese porcentaje creció al 65%. En ese período la matrícula pasó de unos 40.000 estudiantes a casi 190.000. Estos datos muestran que la necesidad de dar respuesta a la matrícula creciente, en largos períodos en que la Udelar no recibió el financiamiento necesario, produjo un crecimiento de los cargos de los grados más bajos del escalafón, que son los menos costosos para el presupuesto de la institución. Pero si estos cargos de inicio de la carrera docente son el 65%, se puede decir que sobre ellos recae en muy buena medida la atención a la creciente matrícula. Se trata de los grados con menores ingresos dentro de un cuerpo docente con salarios bajos. Esto provoca una serie de problemáticas que confluyen en una situación de precariedad laboral específica de este grupo: son docentes que suelen estar en el momento de sus carreras en que deben combinar el trabajo con la formación de maestría y doctorado, mientras sus ingresos insuficientes les obligan al multiempleo. A su vez, es revelador que este sector docente esté compuesto mayormente por mujeres (54,9% en el grado 2), que en cambio en los cargos más altos representan el porcentaje menor (43,8% en el grado 4 y 31,1% en el grado 5).
El horizonte del 6% del PIB para la educación pública recomendado por la Unesco, parece tan lejano que no se ve. Es necesario alzar la voz contra esta situación.
Desprecarizar no se reduce al problema salarial, sino que también incluye otras dimensiones que hacen a la organización del trabajo, los derechos laborales, la posibilidad de avanzar en la carrera docente, las políticas de cuidados, y la construcción de un ambiente de trabajo y estudio libre de violencia y discriminación. La propuesta presupuestal de la Udelar y el programa de reivindicaciones de la Asociación de Docentes de la Udelar (ADUR) contienen proyectos para abordar estos diferentes aspectos. Sin recursos no será posible implementarlos. La precariedad estructural vulnera derechos y pone en riesgo el futuro de la institución. Puede parecer normal, pero no lo es.
Continúan las excusas, falta la negociación
El año pasado, durante el conflicto que llevamos adelante para enfrentar la pérdida salarial y los recortes a la Udelar, se nos indicó, en la negociación realizada en el ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), que el gobierno no tenía margen para atender la problemática salarial dado que el proyecto de presupuesto ya se había enviado al Parlamento, y que la negociación debía realizarse con anterioridad. Este año, luego de aprobado el pedido presupuestal por el Consejo Directivo Central de la Udelar, y de realizadas las instancias de negociación bipartita dentro de la institución, el 30 de mayo solicitamos al MTSS el inicio de la negociación tripartita, cumpliendo con los plazos indicados por el gobierno el año anterior. Recién se nos convocó el 20 de junio a una reunión en la que no pudimos avanzar al no hacerse presente el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Entonces solicitamos al MTSS la convocatoria urgente, dados los plazos, de una reunión con presencia del MEF, solicitud que planteamos al propio MEF durante la sesión del Consejo Superior de Negociación en el Sector Público realizada el 23 de mayo, y que reiteramos días después al MTSS. El MEF nunca apareció. Con sus hechos, el gobierno deja claro que los argumentos que utilizó en 2022 no eran más que una excusa para ejecutar una política de ajuste sin negociación. Parece normal, pero no lo es.
Crisis
La pandemia de covid-19 puso en evidencia con nitidez la importancia de contar con un sistema científico y universitario sólido con capacidad de respuesta ante situaciones de esta naturaleza. La actual crisis hídrica, de una magnitud histórica, expone las mismas enseñanzas para quien quiera verlas. Es alarmante que la política del gobierno vaya exactamente en sentido contrario. Con la actual política presupuestal, el principal instrumento de profesionalización de la actividad científica y creativa de Uruguay (el régimen de Dedicación Total de la Udelar) se verá desfinanciado a partir de 2024. El presupuesto del sistema científico y tecnológico, considerado en su globalidad de actores y programas, consolidará una situación de inversión deficitaria del 0,4% del producto interno bruto (PIB) (y tendiendo a bajar), ya muy lejos del 1% del PIB comprometido por el sistema político. Por falta de recursos, hoy Uruguay se pierde de ejecutar al menos 170 proyectos de investigación del programa I+D de la Comisión Sectorial de Investigación Científica y al menos 47 proyectos de extensión de la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio de la Udelar. Son proyectos sobre diferentes temas y problemáticas sociales, que han sido aprobados con calificación excelente en su evaluación académica, pero que no pueden realizarse por falta de fondos. ¿Es posible pensar en anticipar y responder de forma multidimensional a las crisis ambientales, cada vez más frecuentes en el mundo contemporáneo, sin un sistema científico y universitario fuerte? ¿Qué visión de sociedad está detrás de las políticas de ajuste y recortes a la Udelar?
Defender la educación pública
No sólo a la Udelar, sino a toda la educación pública se le niegan recursos incrementales para los próximos dos años en un contexto de creciente inflación. El horizonte del 6% del PIB para la educación pública recomendado por la Unesco, parece tan lejano que no se ve. Es necesario alzar la voz contra esta situación. Para ello, desde ADUR estamos comenzando una campaña de comunicación bajo la consigna “Parece normal, pero no lo es”. Sobre todo, iniciaremos un proceso de movilización junto a la Intergremial universitaria y los demás gremios de la educación, convocando al conjunto de la sociedad a sumarse a la defensa de la Udelar y de la educación pública.
Que tantos y tantas jóvenes abandonen su carrera académica al momento de iniciarla; que jóvenes científicos/as, docentes o artistas tengan que emigrar o no puedan retornar a Uruguay por falta de oportunidades; que un/a docente deba culminar su maestría o doctorado mientras trabaja 20 horas semanales por menos de 20.000 pesos, atendiendo grupos cada vez más numerosos; que estudiantes que ingresan a la universidad tengan dificultades para conseguir un horario de consulta docente porque estudian en grupos de varios cientos de alumnos; que estudiantes culminando su carrera no tengan quien supervise su trabajo final de grado por falta de docentes; que cientos de proyectos de investigación o extensión sobre problemáticas sociales relevantes, así como nuevas carreras en Montevideo y en el interior, no puedan realizarse aunque tengan aprobación académica porque faltan los recursos; que Uruguay sea uno de los países latinoamericanos que menos invierten en ciencia y tecnología. Todas estas cosas son parte de un panorama social y educativo que, a fuerza de reiterarse, puede parecer normal, pero no lo es. Nuestro futuro depende de cambiar esta normalidad. Por eso luchamos.
Nota: Los datos incluidos en este artículo son tomados de la Dirección General de Planeamiento y del documento de rendición de cuentas de la Udelar.
Héctor Cancela, Mariana Achugar y Agustín Cano son integrantes de la Comisión Ejecutiva de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República.