“La corrupción pone en riesgo la existencia misma del partido”, dijo Xi Jinping en su primer día como secretario general del Partido Comunista de China (PCCh) el 15 de noviembre de 2012 ante más de medio millar de periodistas chinos y extranjeros que desbordaron una de las salas del Gran Palacio del Pueblo de Beijing. Para justificar la “férrea autodisciplina” partidaria citó un proverbio chino: “Muchos gusanos desintegrarán la madera, y una grieta lo suficientemente grande provocará el colapso de una pared”.
Xi estaba convencido -y lo sigue estando-, quizás como ninguno de sus predecesores, que el futuro de China pasa por la impostergable necesidad de moralizar al PCCh con una “limpieza étnica” -de corruptos- que permita recuperar su credibilidad ante la sociedad y consolidar su liderazgo político. Para el líder chino, uno de los errores fatales de Mijael Gorbachov que hirieron de muerte a la Unión Soviética fue permitir que el “partido se corrompiera por dentro”.
El PCCh considera que su capacidad para gobernar depende de mantener la cohesión interna, la disciplina de sus cuadros y una relación de confianza con la población. La corrupción, en consecuencia, es interpretada como una amenaza a la autoridad política y a la continuidad del proyecto nacional. Desde entonces, el número uno de los comunistas chinos puso en marcha la campaña anticorrupción más agresiva y generalizada de la historia de la República Popular.
La quinta sesión plenaria del XX Comité Central del PCCh, celebrada en Beijing entre el 26 y el 29 de octubre de 2026, dejó un mensaje político de considerable trascendencia: la lucha contra la corrupción no constituye una campaña circunstancial ni una operación limitada a depurar determinadas estructuras administrativas. Es, según el mayor órgano de toma de decisiones del partido, una dimensión estratégica de la gobernabilidad, una condición para preservar la autoridad del Partido y un componente central del proyecto de modernización china.
La reunión aprobó una decisión destinada a impulsar de manera perseverante una disciplina integral y rigurosa del Partido. La formulación no es casual. Expresa la voluntad de convertir la lucha contra la corrupción en una política permanente, con mecanismos institucionales de prevención, supervisión y sanción, que alcancen a todos los niveles de la organización, desde sus estructuras de base hasta las más altas jerarquías políticas y militares.
Desde que se iniciara la campaña moralizadora no ha habido un solo día en que no se informe de una investigación o destitución por abuso de poder. La consigna “cazar tigres y moscas” refleja el alcance indiscriminado de las medidas represivas que no distinguen entre los altos jerarcas del estado y el partido -los tigres- y los funcionarios locales de los niveles inferiores o los simples afiliados -las moscas-. El “coto de caza” se extendió fuera de fronteras, ya que cientos de corruptos -los denominados “zorros”- fueron capturados en el extranjero.
Las sanciones y condenas a los “tigres” rompe con la tradición de ignorar o minimizar aquellos actos que involucraban a dirigentes del partido. Según el informe presentado por la Comisión Central de Inspección Disciplinaria, se habían abierto 8,1 millones de casos y sancionado a 7,9 millones de personas desde el XVIII Congreso Nacional del partido, de 2012, cuando Xi se convirtió en su líder. Entre los sancionados había 963 altos funcionarios bajo la gestión directa de la dirigencia central del partido.
El Plenum comunista volvió a colocar la lucha contra la corrupción en el centro de la agenda. El comunicado oficial reafirmó que el Partido no debe tener otros intereses particulares que los de la clase trabajadora y las amplias masas populares, y proclamó su incompatibilidad absoluta con la corrupción.
La decisión aprobada plantea cuatro líneas de acción: castigar severamente las conductas corruptas, investigar con precisión, prevenir eficazmente y desarrollar mecanismos integrales de control. Se trata de pasar de una política predominantemente sancionadora a una arquitectura de prevención y supervisión más amplia.
La consigna es impedir que los funcionarios se atrevan a corromperse, no puedan hacerlo y tampoco tengan la intención de hacerlo. Es una formulación que revela la ambición de intervenir no solamente sobre los delitos consumados, sino también sobre las condiciones institucionales y culturales que favorecen su aparición.
"Es imprescindible mantener una postura de alta presión en el castigo a la corrupción, fortalecer el condicionamiento y supervisión del funcionamiento del poder, consolidar el cimiento ideológico de la preconización de la honradez y de la resistencia a la corrupción, y aumentar la eficiencia integral de la acción de impulsar, como un conjunto, que nadie ose, pueda ni intente corromperse", subraya la resolución del cónclave comunista.
El encuentro del Comité Central ha tenido el mayor número de ausencias desde que comenzaron a celebrarse estas reuniones, en 2022. Hubo 279 asistentes, frente a los 376 que había originalmente, lo que puede demostrar el gran número de castigados durante estos años.
“Los problemas de mala conducta y las infracciones disciplinarias son persistentes, están arraigados y se repiten”, declaró Zhang Fuhai, subdirector de la comisión de Inspección Disciplinaria, en una rueda de prensa con otros funcionarios para abordar las decisiones del pleno. “Los esfuerzos para abordarlos requieren un compromiso inquebrantable a largo plazo”, completó.
La acumulación de privilegios, el alejamiento de las necesidades populares, la corrupción de los funcionarios y la pérdida de capacidad de conducción aparecen como factores que pueden erosionar la legitimidad de cualquier estructura gobernante. Xi Jinping recupera esta preocupación y la traslada a la realidad contemporánea del Partido Comunista de China.
La experiencia china permite identificar una relación estrecha entre la lucha contra la corrupción y la legitimidad política del Partido. En un país que experimentó transformaciones económicas extraordinarias, la expansión de los mercados, el crecimiento de los sectores privados y la complejidad creciente de la administración pública generaron nuevas oportunidades de desarrollo, pero también nuevos riesgos de concentración de privilegios, tráfico de influencias y utilización privada de recursos públicos.
La modernización económica necesita instituciones capaces de garantizar reglas estables, limitar los abusos y ofrecer previsibilidad a los ciudadanos y a los agentes económicos. Desde esta perspectiva, la lucha anticorrupción tiene una dimensión económica, además de la política. Un sistema administrativo permeable a los intereses particulares puede obstaculizar la innovación, distorsionar la competencia y comprometer la eficiencia de las inversiones. Combatir esas prácticas es también una manera de proteger las condiciones institucionales del desarrollo.
Para comprender el alcance de la decisión aprobada en Beijing es necesario detenerse en un concepto fundamental del Pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con características chinas para una nueva era, la doctrina oficial del PCCh desde 2017: la autorreforma del Partido, implementada en cuatro dimensiones interrelacionadas -autopurificación, autoperfeccionamiento, autoinnovación y autofortalecimiento-.
La idea parte de una preocupación histórica. En la tradición política china existe una reflexión recurrente sobre el ascenso y la decadencia de las dinastías y de los sistemas de gobierno. La acumulación de privilegios, el alejamiento de las necesidades populares, la corrupción de los funcionarios y la pérdida de capacidad de conducción aparecen como factores que pueden erosionar la legitimidad de cualquier estructura gobernante. Xi Jinping recupera esta preocupación y la traslada a la realidad contemporánea del PCCh.
Un partido que lleva décadas en el ejercicio del poder necesita desarrollar mecanismos internos capaces de corregir sus propias desviaciones, renovar sus estructuras y evitar que la permanencia en el gobierno termine debilitando su relación con la sociedad. La autorreforma supone, en esta perspectiva, que el Partido debe tener la capacidad de examinarse, corregirse y transformarse sin esperar a que sus problemas se conviertan en una crisis general.
El valor de esta práctica de gobernanza trasciende ampliamente las fronteras de China. El Pensamiento de Xi Jinping sobre la Construcción del Partido rompe el monopolio de los modelos occidentales de gobernanza de los partidos. Demuestra que los partidos gobernantes pueden mantener una gobernanza duradera mediante la autorreforma y que las vías de modernización deben estar arraigadas en el suelo civilizatorio propio de cada nación. Recuerda al mundo que no existe un sistema universal para la modernización política y que cada nación puede explorar un modelo de gobernanza acorde con su patrimonio histórico y sus condiciones nacionales.
Daniel Barrios es autor del libro Des-cubrir China (Fundación de Cultura Universitaria), premio Bartolomé Hidalgo 2026 en divulgación académica.