Es miércoles 27 de diciembre y son las 7 de la tarde. En la Junta Departamental de Colonia se discute una nueva solicitud de excepción por parte de la desarrolladora de “+Colonia”. La tercera solicitud de excepción desde que el Ejecutivo coloniense firmara la aprobación del proyecto plan, en mayo de 2022, que prometía la construcción de una ciudad por ellos mismos denominada “inteligente”, “del conocimiento”, “el Silicon Valley sudamericano”, en un predio de 514 hectáreas en las costas del Río de La Plata. El proyecto prometía, entre otras cosas, una inversión privada de 1.900 millones de dólares, la radicación de empresas multinacionales de tecnología de renombre global que generarían empleo y la colocación de la ciudad de Colonia del Sacramento en el mapa internacional de la innovación. El a priori para la aprobación exprés del Ejecutivo local pareció ser el derrame (mal llamado desarrollo) que provocaría a la ciudad de Colonia y sus habitantes. Se especulaba sobre todo acerca del aumento considerable del turismo y de fuentes de trabajo y la dinamización de la economía local como consecuencia de las miles de personas que se mudarían a vivir en Colonia.
Casi dos años después, lo que concretamente ha sucedido incluye lo siguiente.
En primer lugar, el Ejecutivo ha recategorizado las parcelas que son propiedad de la familia Bastita desde hace más de 30 años de rurales a turísticas, incrementando significativamente el valor de comercialización del metro cuadrado de 6,5 a 69,7 dólares, casi un 1.000%. Un negocio millonario para los desarrolladores si se calcula que el predio recategorizado consta de 99,51 hectáreas.
En segundo lugar, se han reducido las exigencias de la autorización original, pasando de una responsabilidad de los desarrolladores de asumir el costo del 100% de la infraestructura (calles, desagües, saneamiento, iluminación, etcétera) a 50% primero y desde el 27 de diciembre, a 30%.
En tercer lugar, no se han obtenido los permisos ambientales de UTE, OSE, ni estudios de impactos ambientales ni sobre las comunidades y, sin embargo, y aunque está prohibido, se ha comenzado el movimiento de tierras.
En cuarto lugar, la comisión de seguimiento pública estipulada en el contrato plan aprobado brilla por su ausencia.
Y, en quinto lugar, las garantías que +Colonia le está ofreciendo a la intendencia en caso de no cumplir con los compromisos acordados y por un valor supuesto de 2,5 millones de dólares son los mismos terrenos por los que gracias a la recategorización de la intendencia los desarrolladores de +Colonia ya han ganado 62,9 millones de dólares.
El proyecto +Colonia no ha obtenido los permisos ambientales de UTE, OSE ni estudios de impactos ambientales ni sobre las comunidades y, sin embargo, y aunque está prohibido, se ha comenzado el movimiento de tierras.
Ante esta situación plagada de excepciones, incumplimientos y falta de transparencia pública es que en la reunión de la Junta Departamental celebrada el 27 de diciembre se escuchaba a algunos de los ediles del Partido Colorado, del Partido Nacional y del Frente Amplio ofuscados y contrariados. Sus reflexiones ilustran la incomodidad reinante: “El Ejecutivo aprobó un proyecto de “innovación y hoy +Colonia no es más que un mero negocio inmobiliario”; “apruebo, pero espero que esta sea la última excepción que aprobamos”; “no están las condiciones para aprobar más nada en este proyecto que se ha transformado en ya no sabemos qué, no tienen los papeles en regla y ni siquiera la aprobación de las comisiones”; “el costo de este proyecto lo está pagando Juan Pueblo”; “el intendente se cortó solo y aprobó sin la participación de los representantes de los ciudadanos que somos nosotros”; “tenemos que pensarlo como que Colonia ya ganó gracias a la publicidad que este proyecto nos ha generado“; “no estamos seguros de que los ciudadanos vayan a ganar algo con este proyecto”; “ya está llegando gente a Colonia buscando trabajo en +Colonia y ni siquiera se puso un ladrillo”; “no conocemos, por la falta de transparencia de este proceso, las consecuencias de lo que aquí y ahora estamos votando”; “¿quiénes serán los responsables de todo esto si sale mal? Nosotros”; “es necesaria una audiencia pública, los desarrolladores y nosotros como representantes les debemos eso a los ciudadanos de Colonia que piden conocer qué estamos autorizando en su nombre”.
Aunque el resultado final fue la aprobación de la solicitud de excepción, el descontento y las dudas inundaron el aire del bellísimo salón de la Junta Departamental.
Las audiencias públicas son espacios de encuentro e intercambio de información entre los ciudadanos, los inversores privados y quienes tienen la responsabilidad de tomar las decisiones. Tienen como principal objetivo lograr el involucramiento de las personas en la gestión de los temas públicos, asegurando un mayor nivel de información, transparencia y espacios para expresar la diversidad de puntos de vista –dicen los expertos como Eduardo Gudynas y Daniel Sabsay– y prevenir cualquier tipo de alteración negativa en el ecosistema ambiental y en el buen vivir de las poblaciones afectadas.
La legislación uruguaya incorpora las audiencias públicas como parte del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (Artículo 16 del Decreto 435/94). La reglamentación establece su carácter consultivo, transparente y abierto a todos, siendo responsabilidad del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (en el caso del departamento de Colonia, la secretaría) convocarlas cuando considere que “el proyecto implica graves impactos de orden cultural, social o ambiental”.
Definitivamente, el proyecto + Colonia es uno de esos casos.
Florencia Roitstein fue subsecretaria de Estado para el Desarrollo Sustentable en Argentina.