Se sigue dilatando la adhesión de Uruguay al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (TCP). El proyecto de ley no cuenta con el respaldo de los legisladores del Frente Amplio, y Cabildo Abierto condiciona su votación. Ahora el proyecto se encuentra nuevamente en comisión. Es la quinta vez que un gobierno intenta adherir: la administración de Luis Alberto Lacalle en 1991, de Julio María Sanguinetti en 1997, de Jorge Batlle en 2002, de Tabaré Vázquez en 2017 y la actual. La ausencia de Uruguay en el tratado dificulta el proceso de patentamiento en otros países por parte de investigadores y empresas nacionales. Además, muestra a un Uruguay aislado, condicionando nuestra integración internacional y comercial, al tratarse de un eventual requisito para acceder a acuerdos internacionales de gran relevancia para nuestro país, como el acuerdo Transpacífico (CPTPP).
El TCP es un acuerdo internacional, ratificado por 157 países, que simplifica el proceso de patentamiento internacional. Al presentar una solicitud de patente en una oficina de propiedad intelectual de un país adherido, es posible comenzar simultáneamente el proceso en los demás miembros del acuerdo. Luego de presentarse en la oficina nacional, el inventor pasa a tener 30 meses (actualmente, sin la adhesión al TCP el plazo es de 12 meses) para presentarse en las oficinas locales donde quiera registrar su invención.
Las rispideces y controversias que genera la adhesión de Uruguay a este tratado dejan en evidencia los problemas de fondo que nos impiden aunar esfuerzos para impulsar a nuestro país al desarrollo. Entre los argumentos en contra se plantea que la adhesión sólo favorece a empresas multinacionales y que, en efecto, las industrias nacionales, particularmente farmacéuticas y químicas, se verían severamente perjudicadas. Pero ¿qué hay detrás de estas afirmaciones? ¿Qué efectos tendría la adhesión al TCP para las industrias locales o la academia?
El mayor argumento que se esgrime contra la adhesión al TCP es que las industrias farmacéutica y química nacionales se verían perjudicadas por una posible avalancha de solicitudes de patentamiento que les impediría seguir produciendo libremente, que aumentaría los costos de producción y elevaría el precio de los medicamentos. En un informe elaborado por Juan Dubra y Néstor Gandelman se demuestra que los perjuicios económicos contra esta industria y el efecto en el precio de los medicamentos no serían significativos.
Por otro lado, el aumento del plazo a 30 meses para patentar en un país del TCP favorece particularmente a los inventores o empresas más pequeñas, quienes carecen del equipo legal y de los recursos para hacer frente a todo el proceso en sólo 12 meses. La evidencia recabada en los países que ya adhirieron al TCP (¡casi todos!) es que en efecto la adhesión al tratado no aumenta el número de solicitudes de patentes. Existe una fantasía que nos hace creer que en algún país lejano algún hombre de traje y sombrero de copa fuma un habano mientras mira algún noticiero uruguayo y espera que la Cámara de Representantes apruebe la adhesión para ordenar a su ejército de abogados que corra a Uruguay a patentar todos los productos que industrializan las farmacéuticas uruguayas. Es importante tener en cuenta que en Uruguay ya es posible patentar, por lo que cualquier empresa que produzca un bien patentado debe pagar regalías. Además, la adhesión al TCP no genera efectos retroactivos, por lo que sólo atañe a los nuevos productos que se patenten luego de la adhesión. ¿Acaso somos tan ingenuos de creer que las multinacionales se veían inhibidas por la burocracia uruguaya? ¿Que si desearan patentar algún medicamento o químico que producimos en Uruguay no lo habrían hecho ya?
La adhesión al TCP permitiría una mayor difusión de las innovaciones uruguayas al facilitar el acceso a otros ámbitos protegiendo la propiedad intelectual local.
Un aspecto por demás relevante es que la adhesión de Uruguay al TCP es valorada positivamente por la Universidad de la República y colectivos de investigadores, como Investiga uy (asociación de investigadoras e investigadores de Uruguay). Esto es muy importante si lo enmarcamos en un modelo de desarrollo como el que plantearon los sociólogos Henry Etzkowitz y Loet Leydesdorff, denominado de Triple Hélice, que es utilizado para explicar las relaciones necesarias entre el Estado, la academia y la industria. Como un gran barco movido por una hélice de tres aspas, el desarrollo de un país sólo se logra si esas tres aspas trabajan en conjunto. En este contexto, la Universidad debe asumir un rol de universidad emprendedora. Sin embargo, aún hoy persisten voces que creen que una interrelación muy estrecha con las industrias podría condicionar la agenda de investigación y dirigirla únicamente a áreas con potencial uso económico en detrimento de una investigación a largo plazo.
El rol de universidad emprendedora implica además la creación de patentes, participación en grupos de trabajo interdisciplinarios, creación de parques tecnológicos y la captación de fondos de empresas para investigación. La necesidad de registrar patentes y procesos en cada país implica un enorme esfuerzo organizacional y de presupuesto. Además, las universidades nacionales no tienen la estructura necesaria para hacer un seguimiento y asegurarse de que efectivamente el contenido está protegido y no está siendo violado. La adhesión al TCP simplifica estos procesos, ya que el registro de una patente en un país adherido permite su validación en todos los países miembros. Actualmente, son 157 países los que están adheridos y por lo tanto resulta evidente la simplificación en trámites y dinero que genera a la hora de registrar una patente.
Uruguay está actualmente en un muy reducido grupo de países que no adhieren al TCP. La adhesión permitiría una mayor difusión de las innovaciones uruguayas al facilitar el acceso a otros ámbitos protegiendo la propiedad intelectual local.
Si queremos que en Uruguay exista un desarrollo importante de ciencia, innovación y tecnología, es necesario que el sector privado tenga una participación mayor en las inversiones en el sector, además del aporte del sector público. Es evidente que el aporte estatal es clave para impulsar el desarrollo innovador del país, pero no es un factor suficiente. El Estado debe procurar generar las condiciones para que el ecosistema innovador crezca y se desarrolle. Para ello, estamos convencidos de que la adhesión al TCP es un paso necesario, pero a todas luces no suficiente. El presupuesto destinado a ciencia y tecnología está muy por debajo de lo que todos los partidos prometieron en campaña electoral. El papel del Estado debe ir más allá del otorgamiento de presupuesto y las políticas públicas son clave en ese sentido. ¿No es acaso una excelente oportunidad de que nuestros legisladores den una señal clara? ¿No será hora de dejar de dar la espalda al mundo? Es momento de decidir si queremos poner nuestra parte e impulsar nuestro país al desarrollo, o si seguiremos siendo un barco con hélices mochas.
Rodrigo Coniglio, Ignacio Di Pascua y Leandro Cantera son ingenieros químicos.