Creo que no tengo condiciones para pretender señalar directivas, pero sí para llamar la atención sobre lo que está ocurriendo con el proyecto de modificación de la ley de medios.
Existe una ley de medios audiovisuales aprobada en 2014, que innovó estableciendo, entre otras novedades, el pago de un canon por el uso del espectro electromagnético por emisoras de radio y TV. De inmediato, fue impugnada aduciendo inconstitucionalidad, pero la Suprema Corte de Justicia (SCJ) falló, varios años después, desestimando casi todos los reclamos, salvo algún inciso de un par de artículos que nada tenían que ver con el canon mencionado.
Es probable que el Poder Ejecutivo que ejerció el Frente Amplio haya decidido esperar el pronunciamiento de la SCJ sin aplicar esta ley (aunque ella dispone que debía ser reglamentada en 120 días) para tener la seguridad de que no era inconstitucional. Escribí “dispone”, y no “dispuso”, porque esa ley está vigente hoy.
Creo que no tengo condiciones para pretender señalar directivas, pero sí para llamar la atención sobre lo que está ocurriendo con el proyecto de modificación de la llamada "Ley de medios".
En efecto, se comenzó a aplicar a finales del anterior gobierno, y al comenzar el período del actual, este no sólo dejó de aplicarla, sino que devolvió lo recaudado (más de ocho millones de pesos) y -sin derogarla- anunció que lo haría en el proyecto que envió al Parlamento.
Ese proyecto fue aprobado en Diputados. En el Senado se le hicieron algunas modificaciones, y a último momento Cabildo Abierto presentó otra modificación en el artículo 72 (extremadamente confusa) que postula “imparcialidad” en los mensajes massmediáticos, que mereció reprobación académica y de organismos varios de la sociedad civil que se ocupan de derechos civiles, además de varios legisladores de diversos partidos que integran la coalición gobernante. De modo que volvió a Diputados, como corresponde.
En Diputados apareció una última perla: la bancada colorada hizo saber que votaría todas las modificaciones del Senado si el presidente de la República se comprometía a vetar el aditamento cuestionable de Cabildo Abierto. Al parecer, esta brillante idea no fue bien recibida en la Torre Ejecutiva, por lo que seguimos con la ley de 2014 vigente y que no se aplica. Y el 10 de julio, los colorados informaron a la coordinación de esa cámara que no podían definirse hasta el mes de agosto.
Mi humilde sugerencia es que el FA sea más enérgico en el cuestionamiento político a la situación planteada, explicando que lo hace para evitar que alguien, entre los numerosos frenteamplistas y otros ciudadanos que también desean que la Constitución se cumpla, no entre en la maligna sospecha de que “todos son iguales”, dado que un excesivo silencio del FA podría interpretarse como un propósito de no malquistarse con el poder de la derecha massmediática. Es posible que el silencio pueda atraer algunos votos, pero también puede alejar conciencias militantes. Algo que creo que la experiencia ya demostró.
Roque Faraone es escritor y docente.