En el editorial de la semana pasada consideramos la posibilidad de que los partidos de la Coalición Republicana (CR) se negaran a la aprobación en general del proyecto de Rendición de Cuentas. Señalamos que esto impediría el incremento de recursos propuesto por el Poder Ejecutivo para las áreas de pobreza infantil, seguridad pública, educación y personas en situación de calle, de modo que “en nombre de una desaprobación a la política económica se impediría que mejore”. Concluimos que solo cabía esperar que intereses partidarios mezquinos no condujeran a un desenlace tan lamentable.
El jueves, con una conferencia de prensa realizada en el Palacio Legislativo, numerosos parlamentarios de la CR anunciaron su intención de recorrer ese indeseable camino. Alegaron que lo harían para expresar su descontento con el desempeño gubernamental, poniéndose en el lugar de un tribunal que le toma examen a un estudiante y decide reprobarlo.
No es un simple gesto de desacuerdo político, como los que se han producido muchas veces en el pasado, ante oficialismos con mayoría propia en ambas cámaras. Este rechazo puede conducir a que no haya modificación alguna de lo que se presupuestó el año pasado.
Es, además, una decisión adoptada sin haber estudiado el proyecto y sin escuchar a expertos y representantes de organizaciones sociales en el trámite usual y pertinente. Ni siquiera se plantearon exigencias que pudieran cambiar la decisión anunciada.
Como explicamos el sábado pasado, las rendiciones de cuentas se componen de dos partes: la que le da su nombre es un informe sobre el cumplimiento de lo dispuesto para el año previo en materia de ingresos y egresos estatales; la otra es la propuesta de cambios para el año siguiente. Sin aprobación en general, no se abre la discusión acerca de la segunda parte.
Es habitual que la oposición critique las orientaciones de la política económica oficialista, pero eso no implica cerrarles el paso a las modificaciones anuales. Por el contrario, intensifica la discusión sobre los cambios necesarios, que requieren la aprobación en general. Esta le fue negada en 2003 y 2004 al gobierno presidido por Jorge Batlle, pero aquella decisión, adoptada por una amplia mayoría del Parlamento, se debió a discrepancias de fondo con la forma en que el informe contable registraba el impacto de la crisis de 2002.
Algunos dirigentes opositores sostienen que el Ejecutivo debería plantear por separado los cambios incluidos en el proyecto de Rendición de Cuentas y aseguran que en tal caso los apoyarían. Ese procedimiento sería riesgoso, porque en el debate parlamentario de iniciativas separadas se puede perder el equilibrio integral de las cuentas públicas.
Puede ocurrir que acuerdos del oficialismo con algunos legisladores de la CR, o con otros partidos que no la integran, aporten los votos necesarios para una aprobación en general, pero la conferencia de prensa del jueves enrarece el clima político, fomenta el descreimiento ciudadano y nada bueno presagia para los próximos años.