En un país que se precia de democrático, donde el equilibrio entre los tres poderes del Estado resulta ser la base de ese sistema, el Poder Judicial no debería quedar relegado en materia presupuestal. Y pasa, porque el Poder Judicial no tiene independencia para gastos. Sus dineros para funcionar dependen de la autorización del Poder Ejecutivo, que siempre se fundamenta en criterios macroeconómicos ajenos a la separación de poderes. Las magras reasignaciones que hace luego el Legislativo no resuelven el problema. Y la escasez de recursos sin dudas que hacen del Poder Judicial un prestador de servicios menos eficiente, muy a su pesar.
En relación a los otros poderes del Estado, el Legislativo corre con la ventaja de que se fija a sí mismo sus propios sueldos (los de los legisladores y los de los funcionarios) y demás gastos sin la necesidad de que el Poder Ejecutivo lo autorice. El Poder Judicial, en cambio, sí debe contar con la autorización del Poder Ejecutivo y la aprobación a posteriori del Legislativo para recibir un dinero que siempre ha estado muy por debajo de sus aspiraciones.
Ello es así porque lo permite nuestra propia Constitución. Lo que en particular dispone el artículo 220 de la carta magna es grave. Pone a la misma altura las aspiraciones presupuestales del Poder Judicial con las de organismos tales como la Corte Electoral, el Tribunal de Cuentas o los rntes autónomos y servicios descentralizados. Se equipara a un poder del Estado con organismos de mucha menor importancia. No pueden ser consideradas como iguales instituciones tan disímiles en cuanto a su jerarquía y a la cantidad y trascendencia de los servicios que le prestan cada una a la sociedad. Ello atenta contra el principio de la separación de poderes, que es el emblema de la democracia. También atenta contra el Estado de derecho, la tutela de los derechos humanos fundamentales y el acceso universal a la justicia.
Para tener una idea, el Poder Legislativo tiene asignado para todo el quinquenio recursos para salarios, gastos operativos e inversiones muy similar a los del Poder Judicial. Sin embargo, el Legislativo cuenta con el 20% de los funcionarios en relación al Poder Judicial y con solo dos edificios, todos en Montevideo. En tanto, el Judicial tiene alrededor de 5.000 funcionarios y 500 sedes repartidas en todo el país -muchísimas de ellas alquiladas-, que son edificios que hay que mantener y que requieren de limpieza y seguridad.
Gestiona a los jueces y juzgados, también al Instituto Técnico Forense y por ello paga pericias y salarios de funcionarios técnicos como psiquiatras, médicos forenses y psicólogos, entre otros. Tiene a su cargo a decenas de defensores de oficio y un aparato de informática que usa para facilitar el acceso a la justicia. Y más. El gasto operativo es continuo. El Poder Judicial, como se aprecia, es un gran prestador de servicios públicos mientras que el Legislativo es un órgano básicamente deliberativo. No es justo.
El Poder Judicial representa 1% del presupuesto total del gobierno central, lo que indica una participación muy baja dentro del gasto total. En América Latina, los porcentajes destinados al Poder Judicial oscilan entre el 0,5% y el 3% del gasto total del Estado. En la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) los porcentajes rondan el 0,5% y el 1% del gasto total, pero son países en los que el Producto Interno Bruto (PIB) es muy superior al de Uruguay.
En su momento, el Poder Judicial elaboró y presentó su presupuesto al Poder Ejecutivo y pidió -entre otras cosas- para el primer año del quinquenio un refuerzo de dinero de 44 millones de dólares. El Poder Ejecutivo le otorgó solamente el 6,5% de lo pedido, es decir, unos 3 millones de dólares. Fuera de ese refuerzo pidió, además, para todo el quinquenio, una cifra de dinero de la que recibió apenas el 6%. En total percibe el equivalente a 0,32% del PIB, es decir unos 270 millones de dólares, mucho más de los 800 millones de dólares que destina para financiar el Fonasa y mucho más de los 700 millones de dólares que destina para financiar la Caja Militar.
En cuanto al Poder Ejecutivo, elabora su propio presupuesto. Tiene independencia porque lo presenta al Poder Legislativo, que, salvo algunas reasignaciones, lo aprueba como viene. Para comparar con el Poder Judicial, el gasto en seguridad en Uruguay alcanza el 12% del presupuesto total (12 veces más que el Poder Judicial) y representa el 2% del PIB (casi 7 veces más que el Poder Judicial). Este gasto constituye la cifra más alta de la región para la seguridad. El promedio de América Latina se ubica en el 5,4% del presupuesto de los gobiernos y 1% del PIB.
Bregamos por un reparto más equitativo de los dineros públicos entre los tres poderes del Estado. La misma Suprema Corte de Justicia ha dicho que no hay independencia judicial sin presupuesto y que la falta de recursos afecta la celeridad y la eficacia de las sentencias.
En Uruguay el Estado invierte más en prevención y represión de delitos que en quienes tienen que juzgarlos. El Poder Judicial tiene cientos y cientos de causas penales, más miles y miles de causas de familia y sucesiones, cientos de causas civiles, de violencia de género, de lo contencioso administrativo, de familia especializada y ni que decir de las decenas y decenas de juzgados de paz que imparten justicia a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. La justicia es una de las dos “patas” de la seguridad; la más débil.
El porcentaje destinado a la Justicia por el Poder Ejecutivo se ha mantenido incambiado históricamente. Sin embargo, la demanda de servicios judiciales ha crecido exponencialmente (por ejemplo, solo en violencia de género el número de las audiencias en los juzgados especializados aumentó un 30% de 2023 a 2024) y a pesar de ello el número de jueces y los recursos prácticamente no han variado en esos años. Eso ha causado más casos por cada juez y defensor de oficio.
También se han causado problemas para mantener edificios y abrir sedes en el interior porque no puede construir edificios propios por falta de recursos. Muchas veces se deben suprimir juzgados de paz para abrir especializados y alquilar casas y locales para funcionar. Los profesionales se van por bajos salarios y eso genera vacantes difíciles de llenar.
Entre los dineros que solicitó, el Poder Judicial pidió la creación de 24 juzgados especializados en violencia de género, junto con 24 nuevos jueces y el fortalecimiento de la defensoría pública con la incorporación de 116 cargos de defensores de oficio entre titulares y suplentes. Sin embargo, el Poder Ejecutivo autorizó -recién para 2027- la implementación de solo dos juzgados para atender casos de violencia basada en género, que seguramente deberán repartirse en todo el interior del país, donde casi no los hay. Otros pedidos, como la creación de más cargos técnicos y más funcionarios, quedaron por el camino.
Bregamos por un reparto más equitativo de los dineros públicos entre los tres poderes del Estado. La misma Suprema Corte de Justicia ha dicho que no hay independencia judicial sin presupuesto y que la falta de recursos afecta la celeridad y la eficacia de las sentencias. También expresó que invertir en justicia es invertir en desarrollo. Invertir en desarrollo implica un sistema judicial sólido y confiable, garantiza derechos, genera certeza jurídica, atrae inversiones, impulsa el empleo y fortalece la cohesión social.
Luis Acuña es abogado y realizó el curso de formación de altos ejecutivos de la administración pública dictado por la Oficina Nacional de Servicio Civil.