Luis Lacalle Pou tiene una aplicación de cuenta regresiva en su celular. En 2019 quería saber cada mañana cuántos días faltaban para las elecciones. Después de que ganó el balotaje, eran los días hasta la asunción, y luego han sido los que le quedan de mandato. Quizá el 1º de marzo reajuste su aplicación para que le indique cuántos días faltan para las elecciones internas de 2029 o las nacionales de ese año.
No hay programa que pueda señalarle cuándo dejó de ser aceptable, en términos políticos e incluso éticos, que actúe como si ignorara que la ciudadanía le retiró la confianza a su coalición y eligió a un candidato de otra fuerza política para gobernar el país. Esto debería surgir de su fuero íntimo, a partir de virtudes como la humildad y la prudencia.
La transición entre períodos del gobierno nacional dura en Uruguay tres y hasta cuatro meses. En ese lapso, con las virtudes antedichas, la prioridad de las autoridades salientes tendría que ser una buena administración rutinaria del aparato estatal, sin innovaciones y hechos consumados contra la voluntad de quienes se disponen, por voluntad popular, a sucederlas.
El 21 de diciembre del año pasado publicamos un editorial acerca de esto, con el título “Se termina, pero siguen”. Lamentamos que sea necesario volver sobre el asunto, pero pasaron cinco semanas y aún siguen.
El martes informamos que ocho días antes, mediante un decreto, el presidente saliente había flexibilizado las exigencias de evaluación ambiental para nuevas plantaciones forestales de 100 o más hectáreas. Lo hizo a sabiendas de que la bancada electa del Frente Amplio se dispone a retomar la iniciativa de ponerle límites a la actividad forestal, en la línea de una ley aprobada en diciembre de 2021 con votos frenteamplistas y de Cabildo Abierto, que Lacalle Pou vetó.
Al día siguiente, el presidente del directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado anunció la decisión de presupuestar a 481 personas y dijo que pueden ser más. Según la representante de los usuarios en el directorio del organismo, entre esas personas hay unas 80 que ingresaron en este período como “personal de confianza política”. No se supo que Lacalle Pou haya querido frenar esta resolución.
El jueves el directorio de OSE firmó la habilitación para que el consorcio privado Aguas de Montevideo comience las obras del proyecto Neptuno-Arazatí. Lo había adelantado Lacalle Pou, contra la oposición del presidente electo, el futuro ministro de Ambiente, destacados integrantes de la comunidad científica, sindicatos, organizaciones socioambientales, productores de la zona, grupos de vecinos e incluso políticos oficialistas, entre otros actores.
El mismo jueves ingresó al Parlamento una solicitud presidencial de venia para designar como embajador en Perú al excanciller Francisco Bustillo, investigado por Fiscalía –al igual que Lacalle Pou– por el ocultamiento de información sobre el caso Marset. El pedido fue retirado por falta de apoyo en el propio oficialismo.
La aplicación en el celular del presidente no le advierte cuándo se está pasando de rosca. Tal como sucede con los tornillos, el exceso puede llevar a que algo se rompa en forma irreparable.