Los aspectos ambientales hace tiempo que dejaron de ser opcionales. El lunes 18 de agosto, el Ministerio de Ambiente publicó una propuesta para modificar la normativa vigente respecto de la calidad de los cursos de agua y de las condiciones de vertido de efluentes de actividades productivas e industriales. Esta propuesta, cuyos orígenes se remontan a un intento previo en 2014, busca la necesaria actualización del decreto vigente de 1979. El nuevo decreto que se propone es complejo y aborda diversas temáticas por demás relevantes para la gestión ambiental. La presente nota se centra en el aumento de las exigencias ambientales que se proponen para la industria, la producción agropecuaria y los sistemas de saneamiento.
Necesaria actualización
La actualización normativa es necesaria por varias razones. Una de ellas es que el decreto actual establece criterios de calidad de los cursos de agua en función del uso que se le destina, los cuales no se cumplen, lo que dificulta la clasificación de las distintas fuentes de agua. Más aún: la situación actual de contaminación por nutrientes (nitrógeno y fósforo) se encuentra lejos del cumplimiento de los criterios de calidad que establecería la nueva propuesta, y evidencia la problemática.
De acuerdo con los datos del Observatorio Ambiental Nacional, la concentración de fósforo en los embalses del Santa Lucía es 22 y 13 veces superiores, para el Canelón Grande y Paso Severino, respectivamente, al parámetro de calidad objetivo que establece la nueva propuesta. Para los embalses del río Negro, las concentraciones de fósforo triplican al objetivo de calidad. En nitrógeno total, la situación de los embalses también supera a los valores objetivos de calidad. La combinación de fósforo en exceso con presencia de nitrógeno genera las condiciones que favorecen los florecimientos de cianobacterias.
Aumentan las exigencias
La propuesta contempla un aumento de las exigencias ambientales en los vertidos de toda la industria y la producción agropecuaria. Es decir, se extienden las normas hoy vigentes en la cuenca del Santa Lucía a todo el país, con un plazo máximo de adecuación de cinco años. Esto implicaría inversiones significativas y mayores costos operativos en actividades productivas de toda índole: tambos, establecimientos bovinos de engordes a corral, criaderos de cerdos, frigoríficos, industria láctea, queserías y la industria en general. Las empresas deberán adecuarse, realizando inversiones millonarias en sistemas de tratamiento de efluentes avanzados o en alternativas de vertido como puede ser un riego de cultivos con efluentes. Pero no todos los sectores están en igual situación: para muchas empresas puede significar un costo difícil de asumir y un freno para invertir en productividad y competitividad. Incluso dentro de cada sector, las diferentes escalas determinan distintos niveles de capacidad actual de enfrentar las inversiones necesarias.
Desde el Estado se debe colaborar proactivamente en la mejora de los estándares ambientales de las actividades productivas, teniendo especial consideración por su sostenibilidad económica.
¿Herramientas de apoyo a la producción?
Esta actualización normativa debe acompañarse de herramientas de apoyo por parte del Estado. Una opción es la profundización de los mecanismos de promoción de inversiones específicas para la adecuación en la gestión ambiental, a través de la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap), con exoneraciones impositivas orientadas a la inversión en adecuación ambiental. Adicionalmente, sería deseable generar las condiciones para que las empresas (sobre todo pequeñas y medianas) puedan acceder a financiamiento a tasa accesible para hacer frente a las inversiones que deberán realizar. No alcanza sólo con establecer estándares ambientales más restrictivos. Desde el Estado se debe colaborar proactivamente en la mejora de los estándares ambientales de las actividades productivas, teniendo especial consideración por su sostenibilidad económica. El Uruguay productivo debe continuar y potenciarse.
Las capacidades del Ministerio de Ambiente
Uruguay dispone de ejemplos de legislación y normativa, con la mejor de las intenciones, pero de escaso cumplimiento, ya sea por errores de diseño o por dificultades en la fiscalización. El fortalecimiento de las capacidades del Ministerio de Ambiente, con mayores recursos y procesos más eficientes, será clave para el éxito del salto normativo. Primero, porque durante el proceso de adecuación será significativo el número de proyectos que el ministerio deberá evaluar y aprobar. El sector productivo requiere reglas claras y procesos ágiles para llevar adelante las inversiones necesarias. En segundo lugar, el aumento de exigencias deberá acompañarse de un proceso de fiscalización inteligente, basado en un análisis de riesgo, con reglas claras. La futura Ley de Presupuesto será importante en este sentido, al posibilitar el fortalecimiento de las capacidades.
El desarrollo productivo y económico debe acompañarse de una visión de sostenibilidad ambiental. Para que este proyecto de adecuación normativa aporte a estos objetivos, debe considerarse parte de un proceso integral. No alcanza sólo con promulgar un decreto. El Estado debe acompañar con herramientas de apoyo a los sectores productivos, así como fortalecer las capacidades de gestión y control de la autoridad ambiental. En definitiva, la actualización es necesaria, pero su éxito dependerá de un Estado que acompañe y de un sector productivo que pueda adaptarse sin perder competitividad.
Ignacio Di Pascua es ingeniero químico.