Hace un mes, la Dirección de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) planteó la necesidad de crear un código de ética para la gestión cultural. Para empezar, ¿qué es esta especialidad?
Un gestor cultural es un profesional dedicado a diseñar, planificar y administrar proyectos y emprendimientos, así como a liderar organizaciones en el ámbito de la cultura. Su rol consiste en actuar como un puente o mediador entre creadores, diversos públicos y comunidades, desempeñándose dentro de una amplia gama de instituciones: desde el sector público (tal es el caso de los museos), pasando por organizaciones privadas sin fines de lucro (a modo de ejemplo, el teatro independiente), hasta entidades con fines de lucro (la oferta de los cines comerciales), vinculando así a la población con los bienes y servicios artísticos y demás identidades.
De acuerdo con el enfoque contemporáneo de la cultura, el rol de este profesional se inserta en tres grandes sectores:
Las artes: creación, producción, promoción y consumo de artes escénicas (teatro, danza, música), artes visuales y cine, entre otras.
El patrimonio: conservación, administración y puesta en valor del patrimonio histórico, arquitectónico, artístico y arqueológico, convocando a la experiencia de visita, tal como sucede en el Día del Patrimonio o en la oferta de los museos.
Las tradiciones vivas: fomento de los saberes comunitarios, las identidades locales y demás expresiones culturales inmateriales, como las fiestas tradicionales.
En esencia, el gestor cultural es un articulador que comprende que los bienes y servicios culturales poseen una doble naturaleza: una cultural (estética o identitaria) y otra económica. Su objetivo final es garantizar el acceso a la cultura, proteger la diversidad de las expresiones, fomentar el desarrollo y la cohesión social y procurar la rentabilidad económica cuando existan finalidades de lucro. Como toda convivencia en Uruguay, los marcos institucionales del gestor cultural están estimulados y restringidos por la economía de mercado con regulación estatal y por la democracia representativa sustentada en los partidos políticos, base de todos los derechos, clásicos y contemporáneos.
La actual directora nacional de Cultura del MEC, María Eugenia Vidal, es una destacada gestora en el campo de las artes visuales con una trayectoria ejemplar. No obstante, desde su asunción en la administración del presidente Yamandú Orsi, su labor se desenvuelve en un ámbito de mayor exposición pública, con responsabilidades muy acrecentadas y condicionada por herencias cercanas y lejanas. Lo que sigue es una postura personal que no busca debilitar a ninguna figura institucional, sino aportar al debate público y nutrir a una parte de una nueva agenda progresiva para el sector cultural.
Una gran dispersión difícil de unificar
La cultura en Uruguay descansa en una enorme heterogeneidad que muchas veces no refleja los ámbitos formales de formación e investigación en gestión cultural, ya sean públicos o privados. Esta inmensa diversidad abarca realidades muy variadas. A continuación, una ilustración no exhaustiva.
Carnaval: las 40 agrupaciones de Daecpu, más las del interior y todas las no afiliadas. Industria del libro: 150 librerías, 75 sellos editoriales. En música: tres sellos discográficos (y una vasta autoedición a través de Spotify y Youtube, que impulsa el negocio de los shows en vivo); unas 20 productoras de espectáculos de mediana y gran convocatoria y unas 800 agrupaciones contando todos los géneros. Prosiguiendo: 244 museos, 70 salas de teatro, alrededor de 90 productores de puestas en escena, 200 fiestas populares, 100 salas de cine y unos 40 recintos de artes visuales. A esto se suman bienes como el ex Frigorífico Anglo de Fray Bentos (Patrimonio de la Humanidad, Unesco), yacimientos arqueológicos como los cerritos de indios en Rocha y el arte rupestre de Chamangá en Flores, así como archivos históricos como el del Instituto de Historia de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (Udelar) o el Centro de Fotografía de Montevideo.
La elaboración de un código que cubra un espectro tan amplio exigiría redactar artículos generales y otros sumamente específicos para reflejar las finalidades, derechos y obligaciones de cada área, desde las artes escénicas hasta la importación de libros, para dimensionarlo de alguna manera.
Sobre la convocatoria y su incertidumbre
No parece sencillo convocar a representantes de cada disciplina vinculada a la gestión cultural, ya que escasean los incentivos para que los gestores reales participen. Ni siquiera existe un registro de servicios y organizaciones culturales. Es probable que los actores del sector público participen por motivaciones institucionales o curriculares; sin embargo, en el ámbito privado –con y sin fines de lucro– la tarea corre riesgo de fracasar. Este es el más abultado, alrededor del 70%. De hecho, la mayoría de los trabajadores no se autodenominan “gestores culturales”, sino que se identifican como productores (de espectáculos, sellos editoriales, obras de teatro o películas) y su capacitación no es formal en gestión cultural; muchos casos son meramente idóneos con capacidad emprendedora, que es lo más importante.
La gestión cultural existe en Uruguay al menos desde 1793, con la inauguración de la Casa de Comedias de Montevideo. Más allá de los títulos formales académicos, siempre hubo responsables de garantizar que la oferta cultural estuviera disponible para el público. Los cursos específicos comenzaron a dictarse hace 30 años, logrando que las dos palabras, “gestión cultural”, tengan cierto arraigo en la esfera pública, aunque lejos de alcanzar una universalidad. Al analizar dicho lapso, la institución pionera –Fundación Itaú, originariamente BankBoston– acaparó los primeros 14 años en solitario, representando casi la mitad de ese período. Recién a partir de 2010 se sumaron las ofertas del Claeh, la Udelar y la Universidad Católica (UCU).
Por lo tanto, no puede hablarse de madurez cuando se cuenta con solo 16 años de oferta educativa plural y una investigación casi nula, con la salvedad de algunos trabajos finales de alumnos de la Udelar disponibles en la plataforma Colibrí. Asimismo, hasta el presente no ha surgido acontecimiento alguno que evidencie la carencia de un código deontológico en el sector. A diferencia de profesiones que exigen titulaciones obligatorias para el ejercicio, en la gestión cultural la idoneidad práctica supera con creces a los certificados académicos.
El protagonismo estatal y la comparación internacional
Uruguay carece de una organización gremial de gestores culturales y esta es la primera vez que el Estado promueve un código de ética para una profesión. Ninguna otra profesión en el país –algunas con siglo y medio de antigüedad– ha sido convocada por el Estado para redactar su código ético. Salvo Medicina y Veterinaria, ninguna cuenta con colegiación obligatoria por ley que regule matrículas, ejercicio de la práctica profesional y sanciones disciplinarias. A nivel internacional, en Europa (44 países) y América Latina (20 países) solo existe un código de ética de la gestión cultural en España, elaborado de forma independiente por su federación de gestores y sin carácter jurídico estatal vinculante.
Lo habitual en el mundo son códigos de buena conducta para funcionarios públicos o normativas internacionales específicas por áreas como las del ICOM para museos, la de conservadores-restauradores, arqueólogos, archivólogos, o las declaraciones y convenciones de la Unesco, por ejemplo, la de la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales.
Embarcarse desde el Estado en la redacción representativa de un código de gestión cultural es un proceso engorroso, costoso en tiempo y recursos y de resultado incierto frente a la heterogeneidad del sector. Esta tarea no debería ser prioritaria. Existen urgencias mayores, de real utilidad para la gestión cultural y la orientación de políticas públicas, como la creación de un sistema de indicadores de consumo cultural real (no encuestas), por ejemplo, para artes escénicas, relevando los resultados de taquillas día a día, es decir, la concurrencia, los porcentajes de ocupación, el tipo de espectáculo, georreferencia, otros. Para esto se puede aprovechar lo que Agadu hace todos los días, sala por sala, para monetizar los derechos de autor, que están contabilizados a partir del precio de la entrada y la cantidad de ubicaciones vendidas. Esto el MEC lo puede actualizar como servicio público permanente, basándose en antecedentes valiosos como la Cuenta Satélite de Cultura, publicada en 2012 en la sección artes escénicas, pero brindando información mensual y anual. Hay que concentrar esfuerzos y recursos en lo esencial, que está lejos de la cobertura necesaria.
Embarcarse desde el Estado en la redacción representativa de un código de gestión cultural es un proceso engorroso, costoso en tiempo y recursos y de resultado incierto frente a la heterogeneidad del sector.
El vínculo entre el MEC y la Udelar
Para la elaboración del código deontológico, el MEC decidió encomendar la tarea a la maestría en Gestión Cultural de la Udelar, según se informó públicamente en la diaria el 7 de setiembre y registran las páginas oficiales del gobierno. Esta elección denota parcialidad y vulnera el derecho a la libre competencia y la igualdad de oportunidades.
El ministerio argumenta su decisión en lo que supone una dilatada experiencia en las trayectorias de centros de estudios que brindan formación en Gestión Cultural en los últimos 30 años, dando cuenta de esta manera del rol pionero de la Fundación Itaú, que durante 13 de los 30 años, casi la mitad, estuvo sola. El resto de las ofertas que hoy también están vigentes comenzaron a partir de 2010: Udelar, UCU y Universidad Claeh.
Además, Itaú cuenta con un programa de patrocinio de proyectos (que en 2025 apoyó 47 iniciativas y en 2026 recibió 170 postulaciones) que le otorga un valor cualitativo: le permite “tomar el pulso” a parte de lo que está sucediendo en el sector. Sin embargo, las demás instituciones de formación –Udelar, Claeh, UCU– no poseen ese componente. Una opción equilibrada y deontológicamente sana habría sido que UCU, Claeh, Udelar e Itaú, lideradas por el MEC, impulsaran un llamado abierto y remunerado a profesionales para realizar el proceso en igualdad de condiciones. Al no hacerse así, se otorgan privilegios injustificados a la Udelar, alimentando redes de relaciones personales con información privilegiada, enfoques hegemónicos, endogamia y el fortalecimiento de currículos individuales.
Estos apuntes tienen como finalidad invitar a la opinión pública y al MEC a revisar prácticas no prioritarias y que implican tomas de partido institucionales en favor de una única casa de estudios.
Manuel Esmoris es máster en Gestión Cultural. Exdocente de Marketing Cultural en Fundación Itaú, Udelar (FHCE) y UCU. Expresidente de la Comisión de Patrimonio.
