Narcotráfico y financiamiento de los partidos: el hombre que repartía trigo

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Cuenta el historiador romano Tito Livio que en los primeros tiempos de la República de Roma hubo una gran hambruna.¹ En ese contexto, apareció Espurio Melio, un romano acaudalado que compró trigo para repartirlo entre los más pobres. Melio daba comida cuando la ayuda estatal no alcanzaba. Sin embargo, Livio sostiene que los motivos de Melio eran interesados y dañinos. Tanto es así que la popularidad ganada lo llevó a aspirar a convertirse en rey. Además, de acuerdo con Livio, Espurio Melio logró comprar grandes cantidades de trigo con su propio dinero, alterando la capacidad del Estado para reducir el precio de ese bien. Fue un benefactor privado que, más que complementarlo, logró competir y debilitar el abastecimiento público.

Melio fue denunciado por acopiar armas y comprar influencia política. Este hecho generó tal temor, que el Senado romano nombró a Cincinato como dictador, una figura política de emergencia encomendada a resolver ese problema. Cincinato convocó a Melio, pero este último rechazó la citación. Melio pidió la protección del pueblo y denunció una persecución política en su contra. Finalmente, un funcionario de la república asesinó a Melio. A los ojos de una parte del pueblo, dice Livio, el gobierno de Roma asesinó injustamente a una persona que los ayudaba cuando el propio gobierno no podía hacer lo propio.

Maquiavelo analizó este episodio en sus Discursos. Su objetivo era extraer una lección sobre la naturaleza de la influencia política. De acuerdo con Maquiavelo, hay dos maneras de obtener ese tipo de influencia. La primera es pública y radica en servir bien al Estado con consejos y acciones. En ese caso, el servicio se da a través de canales públicos y abiertos. La segunda vía es privada. Radica en ayudar y hacer favores a la gente fuera de la órbita gubernamental. Maquiavelo creía que este tipo de influencia se podía transformar en una situación peligrosa. El riesgo no radica en que sean malas personas quienes usen esa estrategia, sino en que quienes reciben ayuda y favores terminan debiendo lealtad al benefactor y no a la ley. Y eso, dice Maquiavelo, corrompe lo público. La gente aprende que se puede saltear la ley. El problema aquí no es la ayuda privada, sino una forma específica de ayuda que convierte al ayudado en partidario y exige silencio, protección o colaboración frente a la ley.

Cuando pienso en la penetración del narcotráfico y el crimen organizado en el territorio, imagino una situación parecida pero aún más peligrosa que la de Espurio Melio. Me refiero a contextos en los que mientras el Estado está ausente o llega tarde para atender a quienes más lo necesitan, el narco está en el territorio para enriquecerse, dar empleo, pagar, prestar y proteger a los suyos. Y comprar tribunos en Roma o financiar ediles y parlamentarios en Uruguay son en principio emprendimientos similares. Cierto que hay diferencias importantes entre Melio y el narcotráfico. El trigo de Melio era un bien legal que producía lealtad, no miedo. Asimismo, Melio era peligroso porque podía reemplazar a la república, algo que el narco no necesita. Al crimen organizado le basta con mantener al Estado al margen de sus operaciones. Finalmente, más que buscar poder político en los barrios, el narco usa favores para asegurarse de que el sistema político no interfiera en sus operaciones.

Sin embargo, creo que en Uruguay la discusión sobre la interacción entre narco y política mira en la dirección de los tribunos comprados. Nos centramos demasiado en el dinero narco que busca lealtades y se mira muy poco en la dirección del trigo. Es decir, ponemos poca atención en el partido que baja al territorio y descubre a quien repartió el trigo para pedirle ayuda. Es ahí donde la historia de Roma dice algo que parece ausente en las discusiones sobre financiamiento de los partidos. Nos detenemos demasiado en discutir cómo entró la plata, quién la recibió, qué controles faltaron. Esa es una discusión similar a la que el Senado romano vio en Melio. Alguien con dinero que lo utiliza para obtener poder político. La ley de financiamiento de partidos es un filtro que vigila que la plata no entre por la puerta de entrada del Estado. Pero pensemos en el camino inverso.

Usualmente concebimos la relación entre narcos y políticos en los siguientes términos. El narco quiere vender su mercancía y pasar desapercibido. Por ello busca a políticos y otros trabajadores estatales para pagarles por protección y silencio. No obstante, también puede darse la historia al revés. Los políticos quieren ganar una elección y necesitan ayuda en el territorio. Precisan gente que conozca los barrios y a los vecinos, y que pueda organizar reuniones. Dada la presencia territorial del narcotráfico, es posible encontrarse con personas que tienen llegada en el territorio pero que al mismo tiempo están vinculadas a organizaciones criminales.

Juan Pablo Luna discute este fenómeno en distintos trabajos. Cuenta, por ejemplo, que ha entrevistado a informantes que confirman el retiro de los partidos del territorio y que narcos y evangélicos han pasado a ocupar ese lugar. Son estos actores quienes ahora articulan intereses y demandas que otrora eran potestad de los partidos. No es de extrañar, entonces, que los políticos se acerquen a esos actores. Por ello, Luna argumenta que en estos momentos los partidos no pueden garantizar que haya una infiltración narco en sus filas.² El establecimiento de esos vínculos puede transformarse así en un arma de doble filo. Puede empezar con políticos buscando votos sin que haya un acuerdo inicial para proteger a nadie. El problema es que puede construirse una dependencia que permita al intermediario reclamar después protección a cambio del apoyo recibido. Por este motivo es insuficiente mirar quién financia a quién. Poner el foco en quién consigue los apoyos en el territorio y qué espera a cambio es igual de relevante.

La ley de financiamiento mira plata, pero no mira favores. No mira lo que no pasa por cuentas bancarias o casas de cambio. La solución en la dirección de los tribunos comprados es sacarlo, condenarlo, inhabilitarlo y controlarlo. En la dirección del trigo, no alcanza con sacar a Melio porque el barrio sigue necesitando el trigo. Roma parece haber entendido ese problema y por ello, después de deshacerse de Melio, no dejó el trigo tirado, sino que lo vendió barato para que fuera accesible para sus pobladores. El trigo de hoy es la plata prestada cuando el banco no te da créditos, es una changa, es comida para ollas populares, o es ayuda para salir de algún lío. Son cosas que el narcotraficante puede dar y que cuando lo hace se genera una deuda que de alguna forma se cobra. Quien debería atender esos asuntos es el Estado, con sus políticas públicas, y por ello su ausencia abre estas posibilidades.

Por ejemplo, Luna sostiene que la llegada del Estado social en Uruguay mitigó la proliferación de mercados extorsivos, aunque no la violencia del microtráfico.³ Con vecinos que dependen de ayuda y con partidos que buscan vincularse con quienes la administran, las sanciones a los intermediarios dejan un canal abierto para que entre otros ocupen su lugar sin solucionar el problema. Una ley de financiamiento pone trabas para que la plata no suba a la política, pero no te cuida de lo que te encontrás cuando vas al territorio.

Cristian Pérez Muñoz es investigador y docente del Departamento de Ciencia Política y del Instituto de Justicia Social y Desigualdades de la Universidad de la República.