El último trimestre del año comenzó con noticias relevantes vinculadas al desempeño del gobierno nacional. El miércoles 7, el Instituto Nacional de Estadística informó que casi 100.000 personas salieron de la pobreza, según la medición por ingresos en el período enero-junio. El lunes 12, el Consejo de Ministros aprobó un proyecto de ley que facilita la jubilación anticipada a los 60 años. El miércoles 14, el presidente Yamandú Orsi anunció un preacuerdo con la empresa española Solaria para desarrollar centros de datos y un parque de energía fotovoltaica en Canelones, Florida y San José, bajo régimen de zona franca y con una inversión histórica de 5.700 millones de dólares.
Es notorio el esfuerzo del oficialismo por retomar el control de la agenda política, destacar el cumplimiento de sus compromisos y revertir insatisfacciones, incluso en filas del Frente Amplio, que causaron más de un año de caída de la aprobación al gobierno de Orsi en las encuestas. Sin embargo, no se trata solo de construcción de relatos. Hay hechos significativos que corresponde valorar y que, sin ser soluciones completas o definitivas, abren perspectivas nuevas de avance.
La disminución de la pobreza y la indigencia, un factor clave para el desarrollo sin exclusión, tiene que ver con una política de aumentos mayores para los salarios más bajos, con el alza de la tasa de empleo y con una inflación por debajo de la esperada, que mejoró la capacidad de compra de todos los ingresos. A todo eso se sumará en 2027 el incremento de las transferencias a hogares pobres con población infantil.
Por supuesto, consolidar la mejoría requiere más empleos de calidad, así como políticas eficaces y combinadas en otras áreas, entre ellas las de vivienda, salud, cuidados, educación y seguridad. Todas implican el uso acertado de recursos escasos sin comprometer la macroeconomía.
A su vez, si el proyecto del Ejecutivo sobre causales jubilatorias se aprueba, el retiro a los 60 años tendrá desventajas en relación con el que se concrete a los 65. Los efectos en términos de calidad de vida dependerán de diversas políticas sociales y también de la evolución futura del índice medio de salarios, que determina el reajuste anual de las pasividades, pero es importante que muchas personas dejen de estar obligadas a prolongar su vida laboral.
Por último, inversiones como la que plantea Solaria son un requisito, no suficiente pero sí necesario, para acercarnos a magnitudes y modalidades de crecimiento económico capaces de sustentar un mayor desarrollo humano. Faltan aún definiciones tan básicas como las referidas a la localización precisa, el estudio de impacto ambiental y el propio análisis económico de lo que puede aportarle a Uruguay el proyecto español, pero su potencial es alto.
Están en juego la creación de puestos de trabajo directos e indirectos, el fortalecimiento de un área que diversifica la economía y potencia otras actividades, y la atracción de más inversiones. Después de un año y medio con crecimiento menor que el previsto, no es poca cosa.
Las reacciones en la oposición han incluido, lamentablemente, varios intentos de sembrar dudas tan prematuros como algunos cantos de victoria. Es tiempo de encaminar un proceso riguroso y participativo de evaluación, teniendo presente que lo primordial no son los resultados que pueda lograr el oficialismo, sino los que redunden en beneficio del país.
