Uruguay parece tener bastante claro cuáles son algunos de los cambios que necesita. Hay diagnósticos que se repiten: un Estado que debe mejorar su capacidad de respuesta, un sistema tributario que requiere ajustes, regulaciones laborales que dialoguen mejor con las transformaciones productivas y un marco institucional capaz de acompañar los desafíos de la tecnología y la inteligencia artificial. Sin embargo, reconocer una necesidad no equivale a creer que el cambio efectivamente ocurrirá.
Esa distancia entre lo necesario y lo probable es otro de los hallazgos más sugerentes del Monitor Uruguay 2030 de Opción Consultores. El estudio, basado en 70 entrevistas en profundidad a actores pertenecientes a ocho segmentos de la vida nacional, permite observar no solo cuáles son las reformas que aparecen en el horizonte, sino también cuánta confianza existe en que el sistema político y la sociedad logren procesarlas.
En el campo fiscal, tributario y de los incentivos, aproximadamente 94% de las menciones identifica cambios como necesarios, mientras que solo cerca de 49% los considera probables. En materia de Estado, institucionalidad y seguridad, la distancia es todavía más expresiva: alrededor de 79% entiende que se requieren modificaciones, pero apenas 26% cree que podrían concretarse. En regulación laboral, la relación es de 30% frente a 10%; y en tecnología, inteligencia artificial y datos, de 30% frente a 14%.
Los datos no describen solamente una agenda pendiente. También muestran un problema de expectativas. Existe más acuerdo sobre los problemas que sobre la dirección concreta de las soluciones. Incluso cuando distintos actores coinciden en que una regulación debe cambiar, pueden estar imaginando reformas opuestas: algunos reclaman mayor flexibilidad y otros más protección; algunos proponen reducir el peso del Estado y otros fortalecer sus capacidades; algunos priorizan la apertura y otros la protección de sectores estratégicos.
Por eso, la brecha no se explica simplemente por falta de voluntad. Las reformas distribuyen beneficios y costos, modifican equilibrios y obligan a tomar decisiones que afectan intereses concretos. Una reforma laboral profunda, una reducción significativa del gasto público, una apertura comercial ambiciosa o la desregulación de sectores estratégicos pueden aparecer como necesarias en el diagnóstico y, al mismo tiempo, como poco probables cuando se consideran sus costos políticos y sociales.
La distancia entre lo necesario y lo probable es, en definitiva, la distancia entre el reconocimiento del problema y la disposición –política, institucional y social– a asumir los costos de transformarlo. Reducirla no depende solo de mejores diagnósticos.
Otras transformaciones parecen depender menos de una decisión técnica que del ciclo político y de la capacidad de construir acuerdos. La legislación no surge en el vacío: requiere coaliciones, negociación, legitimidad y una narrativa capaz de explicar por qué vale la pena asumir determinados costos en el presente para obtener resultados en el futuro. Cuando esas condiciones no están dadas, las reformas pueden permanecer durante años en el terreno de lo deseable.
Este mapa de tensiones es relevante porque permite mirar la agenda normativa con menos voluntarismo. No alcanza con enumerar cambios ni con afirmar que existe consenso sobre su importancia. Es necesario identificar los desacuerdos que hay detrás de cada formulación general, los actores que podrían sostenerla, quiénes asumirían sus costos y las condiciones institucionales necesarias para volverla viable.
La distancia entre lo necesario y lo probable es, en definitiva, la distancia entre el reconocimiento del problema y la disposición –política, institucional y social– a asumir los costos de transformarlo. Reducirla no depende solo de mejores diagnósticos. Depende también de la capacidad de acordar prioridades, procesar conflictos y sostener decisiones más allá de un período de gobierno. Allí se juega buena parte de la capacidad de transformación de Uruguay.
Valentina Viera es licenciada en Desarrollo y maestranda en Políticas Públicas.
