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El Uruguay que somos y el que queremos seguir siendo

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La visita del papa León XIV volvió a poner de manifiesto algo que, por momentos, parecemos olvidar: el tipo de país que hemos construido. Un Uruguay pequeño, afectuoso, con una larga tradición democrática, capaz de expresar respeto, tolerancia y convivencia aun en medio de sus diferencias. Un país que, con todas sus contradicciones, ha sabido construir una identidad reconocida y valorada mucho más allá de sus fronteras.

Sin embargo, ese mismo Uruguay que nos emociona y nos enorgullece es también aquel en el que, casi a diario, abrimos un periódico o encendemos la televisión y nos encontramos con la noticia de una nueva muerte violenta, generalmente en alguno de los barrios más pobres de Montevideo.

La visita a Casavalle puede ofrecernos una imagen conmovedora de encuentro y cercanía. Pero alcanza con escuchar a quienes trabajan cotidianamente en el territorio para descubrir otra realidad. Hace poco, un docente me contaba que muchas familias no aceptan que sus hijos participen en actividades fuera de sus casas después de las 20.30. No porque no les interese, sino porque temen que, al regresar, puedan ser atacados o incluso asesinados.

Detengámonos en lo que eso significa. Hay ciudadanos y ciudadanas de nuestro país para quienes algo tan sencillo como volver a casa constituye un riesgo. Hay adolescentes y jóvenes cuya libertad de circular, encontrarse, aprender o disfrutar está condicionada por el miedo. Y hay familias que deben organizar su vida cotidiana alrededor de la posibilidad de perder a alguien que aman.

¿De qué convivencia hablamos si una parte de nuestra sociedad no puede ejercerla plenamente? Hay otra dimensión de esta contradicción que me preocupa profundamente. Tiene que ver con la responsabilidad de quienes, desde la política y particularmente desde el Parlamento, deberían contribuir a fortalecer los valores democráticos que tanto nos gusta reivindicar.

Asistimos con demasiada frecuencia a debates de una pobreza argumental alarmante, a agresiones personales, descalificaciones, falsedades y expresiones de una virulencia que poco tienen que ver con la responsabilidad de representar a la ciudadanía a pedidos de renuncia cotidianos a partir de desgracias humanas que parecen ser una buena excusa para la agresión.

Parecería que cualquier acontecimiento sirve para atacar al adversario. Una muerte, una enfermedad, una dificultad de gestión, un error, una situación dolorosa o una circunstancia que merecería sensibilidad y prudencia se convierten, casi automáticamente, en oportunidades para obtener alguna ventaja política.

Lo más preocupante no es solamente el contenido de esas intervenciones, sino el mensaje que transmiten. Cuando quienes ocupan lugares de representación pública mienten con descaro, tergiversan deliberadamente o utilizan el agravio como herramienta política, no están simplemente participando en una disputa partidaria. Están contribuyendo a naturalizar prácticas que deterioran la confianza, empobrecen el debate público y debilitan la convivencia democrática.

¿Qué autoridad moral puede reclamar la política para promover el respeto, la honestidad y la tolerancia si algunos de sus propios representantes parecen considerar que esos valores son prescindibles cuando se trata de conquistar votos o conservar poder?

No se trata de reclamar una política sin confrontación. Las diferencias son necesarias, legítimas y constitutivas de la democracia. Tampoco de exigir unanimidades ni silencios complacientes frente a los errores de un gobierno. La oposición tiene el derecho y la obligación de controlar, cuestionar y denunciar. Y quienes gobiernan tienen la responsabilidad de escuchar, responder y rendir cuentas. Pero confrontar no es agredir. Controlar no es tergiversar. Denunciar no es mentir. Y ejercer la oposición no debería confundirse con apostar sistemáticamente al fracaso de quien gobierna.

En definitiva, cuando fracasan las políticas que deberían mejorar la vida de la gente, no fracasa solamente un gobierno. Pierde la sociedad.

El Uruguay que queremos no puede ser solamente el que mostramos en las grandes ocasiones. Tiene que ser, también y sobre todo, el que somos capaces de construir cada día.

Me duele especialmente porque quiero a este país. He tenido la oportunidad de comprobar, en lugares del mundo donde jamás hubiera imaginado que se conociera tanto sobre nosotros, el reconocimiento y el afecto que despierta Uruguay. Tenemos una historia de construcción democrática, de conquistas sociales y de convivencia que merece ser cuidada. Pero ese reconocimiento no puede convertirse en una coartada para ignorar nuestras fracturas ni en una excusa para conformarnos con lo que alguna vez supimos ser.

La democracia no se sostiene únicamente en las instituciones, en las elecciones periódicas o en el respeto formal a las reglas. También se construye en la palabra pública, en la forma de procesar los desacuerdos, en el reconocimiento de la legitimidad del otro y, sobre todo, en la responsabilidad de no destruir aquello que después decimos querer defender.

No alcanza con celebrar la tolerancia cuando una visita extraordinaria nos convoca a mostrar nuestra mejor cara. Hay que practicarla también en el desacuerdo cotidiano, en el Parlamento, en los medios de comunicación, en las redes sociales y en cada espacio donde se construye opinión. Fundamentalmente, hay que hacerla posible para quienes hoy viven con miedo, para quienes no pueden disfrutar de los mismos derechos ni de las mismas libertades que otros damos por descontados.

Quizás sea tiempo de preguntarnos qué país estamos construyendo con nuestras palabras, nuestras acciones y nuestros silencios, y de exigir, especialmente a quienes tienen responsabilidades públicas, que estén a la altura de aquello que tanto nos enorgullece. El Uruguay que queremos no puede ser solamente el que mostramos en las grandes ocasiones. Tiene que ser, también y sobre todo, el que somos capaces de construir cada día.

Fernanda Blanco es diplomada en Educación y en Educación en Derechos Humanos.

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