la diaria Posturas

Ilustración: Ramiro Alonso

La discusión no se agota en “cuánto Estado” o “cuánto mercado”

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Hay debates que Uruguay repite hace décadas. Uno de ellos es el del tamaño y el rol del Estado: más Estado o menos Estado, más mercado o más regulación. Pero, al pasar de las posiciones generales a proyectos concretos, las preferencias resultan menos lineales.

El cuarto volumen del Monitor Uruguay 2030, de Opción Consultores, recoge 70 entrevistas en profundidad a referentes de ocho segmentos políticos, empresariales, sociales e institucionales. Ante la pregunta sobre qué articulación público-privada requieren los proyectos estratégicos, predomina una respuesta: combinar capacidades, aunque con distintos papeles según la etapa.

En la definición y estructuración, el 54% de las preferencias es por un esquema mixto, el 31% por uno público y el 15% por uno privado. En la ejecución, las proporciones son 65% mixto, 3% público y 32% privado. En operación y mantenimiento, 62% mixto, 8% público y 30% privado.

El esquema mixto lidera en todas las fases. La diferencia está en el peso relativo de cada actor: la opción pública alcanza su máximo en la definición, mientras que la privada gana espacio en la ejecución y la operación. Los porcentajes describen preferencias de los referentes consultados, no la opinión del conjunto de la población.

Una distribución de funciones

Las entrevistas permiten precisar qué significa “mixto”. En la definición, se espera que el Estado establezca prioridades, objetivos, reglas e incentivos; que el sector privado aporte propuestas, conocimiento técnico y evaluación de viabilidad. En la ejecución, se asocia al Estado con permisos, coordinación y supervisión, y al privado con inversión, obras, gestión técnica y cumplimiento de plazos.

Para la operación y el mantenimiento, las funciones públicas mencionadas son regulación, fiscalización y protección del interés general. Del lado privado se destacan gestión del servicio, mantenimiento, eficiencia e innovación. La articulación, por tanto, no equivale a duplicar tareas, sino a asignar responsabilidades y riesgos.

El reclamo de mayor intervención estatal aparece especialmente en la planificación de largo plazo, la infraestructura crítica, los bienes públicos, los recursos naturales y los proyectos que no siempre ofrecen rentabilidad suficiente para atraer inversión privada. Los argumentos favorables a un mayor rol privado se concentran en inversión, eficiencia, velocidad e innovación.

Los énfasis también varían por segmento. Entre las empresas privadas se mencionan reglas claras y menos fricciones; entre las empresas públicas, protección de activos estratégicos, servicios esenciales y buena distribución de riesgos. Los referentes ministeriales destacan la conducción pública con modalidades de ejecución adaptables. Las organizaciones sociales y sindicales ponen atención en los recursos naturales, los bienes sociales y la capacidad de control estatal. Los periodistas, por su parte, insisten en pasar de los diagnósticos a los proyectos concretos. Son diferencias de enfoque dentro de una conversación que, en general, reconoce la necesidad de coordinar actores.

La discusión no debe agotarse en cuánto Estado o cuánto mercado. También importa preguntar quién define, quién financia, quién ejecuta, quién controla y qué condiciones hacen posible transformar los proyectos en resultados.

Las dificultades para concretar

La preferencia por combinar actores convive con críticas al funcionamiento actual. Las entrevistas recogen cuatro obstáculos recurrentes: burocracia y demoras, diagnósticos que no se traducen en proyectos, responsabilidades y riesgos insuficientemente definidos, y falta de previsibilidad para inversiones de largo plazo.

Algunas respuestas describen una articulación “excesivamente burocrática, complicada, costosa y lenta”. Otras señalan que se dedica mucho tiempo a preparar proyectos sin llegar a ejecutarlos. También se reclaman reglas estables y contratos robustos que permitan sostener compromisos más allá de los cambios de gobierno.

En este punto, el planteo no se limita a promover más participación público-privada. Se demanda una articulación que funcione mejor: con responsabilidades claras, coordinación efectiva y capacidad de concreción.

Las diferencias políticas

Los referentes vinculados al Frente Amplio (FA) enfatizan planificación, soberanía y conducción pública; los de oposición y Coalición Republicana, inversión privada, simplificación y un Estado facilitador. Esa diferencia también aparece en las respuestas por etapa.

En el grupo del FA (seis entrevistados), la definición se reparte entre dos preferencias públicas, tres mixtas y una privada. En ejecución y operación, los seis optan por esquemas mixtos. En el grupo de oposición y coalición (ocho entrevistados), la definición se distribuye entre dos públicas, cuatro mixtas y dos privadas; en ejecución y operación, cinco prefieren el esquema privado y tres el mixto.

Se trata de grupos pequeños, por lo que estos resultados ilustran posiciones entre los referentes entrevistados y no permiten generalizar a cada fuerza política. Sí permiten identificar énfasis diferentes, aun cuando en ambos grupos aparece la combinación de funciones públicas y privadas.

Más allá de la dicotomía

Los datos no muestran un modelo único para todos los proyectos. Muestran una preferencia extendida por la articulación mixta, una distribución de roles que varía según la fase y críticas concretas a los mecanismos existentes.

La discusión no debe agotarse en cuánto Estado o cuánto mercado. También importa preguntar quién define, quién financia, quién ejecuta, quién controla y qué condiciones hacen posible transformar los proyectos en resultados.

Valentina Viera es licenciada en Desarrollo y maestranda en Políticas Públicas. Este artículo se elaboró con base en los datos de Monitor Uruguay 2030, volumen 4, Opción Consultores.

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