Guste o no, Luiz Inacio Lula Da Silva es el ídolo político más popular de América Latina. Ahora, más de 60 millones de votos lo han ratificado en su cuarta presidencia en Brasil. El Supremo Tribunal Electoral ha validado los datos de los comicios y el Partido Liberal, de Flávio Bolsonaro, ha aceptado los resultados.
A todos los rumores de anulación y fraude se los llevó la voz del pueblo. Como dicen, Lula “le ganó a su época”. Pese a ello, hay quienes en nuestro país pretenden juzgarlo u opinar sobre su persona. Descontrolados hay en todas partes, pero cuando ocupan cargos públicos y políticos, y son casualmente invitados día a día por los medios de comunicación, el asunto es más relevante, porque su opinión afecta la credibilidad democrática del sistema y puede confundir a más de un incauto.
¿Quiénes son los juzgadores?
Los colorados que se proclaman “lacallistas” y sepultaron por segunda vez a José Batlle y Ordoñez, y pretenden aconsejar al actual gobierno en su política exterior. También los blancos que se olvidaron de Luis Alberto de Herrera, autor de la frase “ni una estrella más en la bandera de ningún imperialismo”, e ignoran el libro El Partido Nacional y la no intervención, de 1946.
Los ministros blancos, colorados, de Cabildo Abierto y del Partido Independiente que en Consejo de Ministros firmaron junto al expresidente Luis Lacalle Pou los decretos para otorgar un monopolio privado hasta 2081 en el puerto de Montevideo, luego anulado por la Justicia. Los que nunca explicaron las razones para otorgarlo.
Los que apoyaron al expresidente, cuando se otorgó el pasaporte a Sebastián Marset, que no era ajustado a derecho. Los que en el marco de una investigación sobre el tema pasaron a saludar y destruyeron un documento público, y los que callaron frente a todo ello. Los que callaron cuando el jefe de seguridad del ex presidente ejercía influencias ilícitas y otorgaba favores desde la propia Torre Ejecutiva. Los que llamaban por teléfono a los fiscales y decían, por ejemplo: esta fiscal “es nuestra”. También quienes promovieron el espionaje a senadores del Frente Amplio, y los que expresaron la confianza en el exlegislador Gustavo Penadés, y su historia de abusos y su engaño a la Justicia.
Los que pretendieron privatizar parte del proceso de suministro de agua potable, violando el artículo 47 de la Constitución. Los que también hicieron silencio con las millonarias horas extras en la Intendencia de Artigas y con los ediles honorarios de Salto que cobraban sueldos en la Comisión Mixta de Salto Grande.
Los que celebraron un acuerdo con la empresa Cardama de España, aceptando garantías falsas y sin solvencia. Quienes recomiendan medidas de Nayib Bukele, el dictador que vive en estado de excepción desde 2022 y encarceló más 100.000 personas sin un debido proceso.
A todos los rumores de anulación y fraude se los llevó la voz del pueblo. Como dicen, Lula “le ganó a su época”. Pese a ello, hay quienes en nuestro país pretenden juzgarlo u opinar sobre su persona.
Estos mismos compatriotas son partidarios de los Bolsonaro: Jair, condenado a 27 años de cárcel por golpista; Eduardo, en Estados Unidos prófugo de la Justicia que lo condenó; Flavio, que se escapó a Estados Unidos, indagado por lavado de dinero y evasión y violando la prohibición de salida del país. Una familia muy preocupada por los destinos del pueblo brasileño. Por si fuera poco, están en línea con Donald Trump, el gendarme del mundo, con Javier Milei y “su deriva psicológica desajustada”, según el expresidente Julio María Sanguinetti, y están en silencio frente a la masacre y limpieza étnica contra el pueblo palestino.
El lector podrá inferir si tales ciudadanos tienen credenciales políticas y éticas para emitir juicios sobre Lula.
Julio Vidal Amodeo es doctor en Derecho y Ciencias Sociales.
