La bancada del Frente Amplio (FA) anunció el martes que se propone dialogar con los demás partidos representados en el Parlamento para designar nuevos titulares en el Tribunal de Cuentas de la República (TCR), la Corte Electoral (CE), el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y la Fiscalía General de la Nación. Los nombramientos deben ser realizados por mayorías especiales de la Asamblea General, donde actualmente ningún bloque llega siquiera a la mayoría simple.
La Constitución no siempre establece un procedimiento para designar a titulares cuando no se alcanzan las mayorías especiales requeridas. Esto ha determinado, en más de una ocasión, permanencias muy prolongadas en los cargos. En las últimas décadas, tales permanencias se han cuestionado señalando que ya no son representativas de las relaciones de fuerzas partidarias en el Poder Legislativo, pero la cuestión es más compleja.
Ninguna norma determina que la conducción de estos organismos deba corresponderle al oficialismo. Por el contrario, la naturaleza de sus tareas requiere una independencia de los partidos que les dé a todos ellos garantías de imparcialidad. El problema es que, como sus decisiones pueden ser muy relevantes en la contienda política, las designaciones de jerarcas se han partidizado, y se ha generalizado la resistencia a perder lo ganado en esa guerra de posiciones.
Mal de muchos
La primera vez que el FA ganó las elecciones nacionales, en el TCR y la CE (donde no hay límite para la permanencia de las autoridades) quedaron las personas designadas en 1995 durante la segunda presidencia de Julio María Sanguinetti, que habían continuado en el gobierno de Jorge Batlle. Desde 2005, colorados y nacionalistas se negaron a formar mayorías especiales para nombrar nuevas jerarquías, e incluso alegaron que resultaba conveniente el dominio opositor en las funciones “de contralor”: una tesis novedosa, que no se les había ocurrido cuando eran oficialistas. La situación recién se destrabó en 2010, con José Mujica como presidente.
El acuerdo alcanzado en esa ocasión le asignó la presidencia del TCR a Siegbert Rippe, quien renunció en 2017 y fue sustituido por su primera suplente, Susana Díaz. En 2022, Díaz se manifestó dispuesta a observar el contrato firmado entre el Poder Ejecutivo y Katoen Natie, pero luego desistió de hacerlo y el FA decidió retirarle su apoyo. Al año siguiente, Díaz renunció y, luego de un duro forcejeo, el oficialismo de aquel momento eligió como presidente al nacionalista Francisco Gallinal.
Antes, cuando Jorge Díaz renunció a la Fiscalía de Corte en 2021, el FA evitó que su cargo fuera ocupado por alguien afín a la “coalición multicolor” que gobernaba. Quedó como subrogante Juan Gómez, y cuando este se jubiló en 2024, después de varios meses de licencia médica, fue reemplazado por Mónica Ferrero, también en forma interina y hasta hoy. El Partido Nacional desea que Ferrero siga en el cargo como subrogante o sea designada como titular; por ese motivo no tiene el menor interés en negociar con el FA su apoyo a otra persona.
También en el período anterior, estuvo trancada la renovación de integrantes de la CE, porque Cabildo Abierto quería un lugar y el Partido Colorado no aceptaba cedérselo. Como se ve, es difícil encontrar a alguien libre de pecado para que lance la primera piedra.
Intrascendencias y peligros
La propuesta lanzada ahora por el FA tuvo un obvio disparador en el reciente dictamen del TCR contra el cese del proyecto Neptuno/Arazatí y su sustitución por otras obras, en virtud de un acuerdo entre el Poder Ejecutivo y el consorcio privado al que el gobierno anterior había adjudicado la licitación.
El TCR es un tribunal muy particular. “Observa” que considera ilícita la realización de un desembolso estatal, pero no tiene potestades para lograr que quede sin efecto. Solo les informa a los organismos que a su entender se apartaron de las normas; luego, esos organismos son libres de corregir la decisión cuestionada o mantenerla.
Si la mantienen, el TCR le comunica a la Asamblea General lo que ocurrió, “a los efectos correspondientes”, que la Constitución no especifica. Lo que ocurre es que el Poder Legislativo recibe todos los años cientos de esas comunicaciones, que en un período de gobierno suman miles. La Asamblea General no las trata ni las podría tratar, porque cada una de ellas exige el estudio de un expediente y la consideración rigurosa de argumentos contrapuestos.
De todos modos, los dictámenes del TCR pueden ser agitados en la lucha política, y así sucedió con la observación mencionada sobre Neptuno/Arazatí. La sustitución seguirá adelante, y el oficialismo invoca la opinión de cinco especialistas en derecho administrativo que respaldan la modificación del contrato.
Obviamente, dista mucho de lo ideal que no haya una autoridad reconocida por todas las partes y cada bando político tenga “sus” expertos. Si llegara a pasar algo semejante en el área de competencias de la Corte Electoral, las consecuencias pueden ser pavorosas.