Al presentar la iniciativa legislativa para –sencillamente– volver a lo que la Ley Nacional de Vivienda planteaba como mínimo habitacional, es decir, 35 metros cuadrados, tanto los promotores privados como la Cámara Inmobiliaria y varios representantes políticos que defienden sus intereses pusieron el grito en el cielo. Me pregunto: ¿cuál es el problema de construir diez metros cuadrados más? Es obvio que lo que más les molesta es que se ponga en cuestión una ley como la de vivienda promovida, que les otorgó un negocio extraordinario.
Esta norma efectivamente dio trabajo; bueno sería que, exonerados de todo tipo de impuestos, no dejaran trabajo por dicha prebenda extraordinaria. Pocas ramas de otras industrias tienen este privilegio.
En ningún lado del proyecto de ley se dice que se va a derogar la Ley de Vivienda Promovida, en ningún lugar dice que se eliminarán los monoambientes. Pero, evidentemente, la gente comienza a saber que las exoneraciones son verdaderamente millonarias. Para que tengan idea, una supuesta encuesta difundida por el sector inmobiliario en estos días señala que el 54% de las compras son efectivamente para inversión. Uno se pregunta: ¿es correcto que nuestro país exonere a gente para invertir en un gran negocio inmobiliario?
En 2021, en la rendición de cuentas, se modificó nuestra Ley Nacional de Vivienda, llevando de 35 a 25 metros cuadrados el mínimo habitacional. La Comisión de Urbanismo y de Vivienda de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay dijo ese mismo año respecto de esta modificación que “claramente un monoambiente, es decir, un inmueble que no cuenta con un dormitorio por lo menos, no es una vivienda adecuada, esta debe contar por lo menos con un dormitorio”.
¿Cuál es el problema de construir diez metros cuadrados más? Es obvio que lo que más les molesta es que se ponga en cuestión una ley como la de vivienda promovida, que les otorgó un negocio extraordinario.
En otro estudio, realizado por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) también en 2021, alertaban que “al no haber control sobre el destino final, muchos monoambientes exonerados de impuestos terminarán destinados a usos no residenciales, como oficinas o consultorios”. El estudio también cuestiona la incoherencia del sistema, ya que “estas tipologías no son admitidas en otros programas públicos, como las cooperativas de vivienda”.
Entonces, en realidad, quienes abrieron un debate a mi juicio muy interesante fueron los defensores no solamente del monoambiente, sino y fundamentalmente de los grandes negocios que generó la Ley de Vivienda Promovida sobre la base de exoneraciones millonarias del conjunto de nuestro pueblo y su Estado.
Al tomar posición en este debate se trata, entonces, en primera instancia, de si es correcto o no volver a lo que planteaba la mejor ley de vivienda de todos los tiempos en nuestro país. Nos referimos a la Ley 13.728, aprobada el 17 de diciembre de 1968. Una norma que es envidiada siempre por otros países por su calidad, lo que queda de manifiesto en varios eventos internacionales sobre vivienda y hábitat.
No inventen falsos debates reclamando libertades ni pongan miedos –como es costumbre– de que se pueden fugar capitales. Ahora los defensores de la ley tienen que explicar por qué violan la propia ley que dicen defender, que no habla de construir con exoneraciones para realizar consultorios u oficinas.
No cesaré en generar distintas propuestas legislativas sobre el tema de la vivienda. Me preocupa mucho la brutal desigualdad de que estas construcciones tengan, por ejemplo, entre otras exoneraciones, la del IVA en los materiales de la construcción, mientras que no las tienen las cooperativas de vivienda, en un contexto de situación crítica de varias pensiones, asentamientos y del régimen de alquileres. Ya estamos trabajando con un equipo de especialistas al respecto. Muy bienvenido todo debate que se haga con altura política.
Gustavo González es senador del Partido Socialista, Frente Amplio.