A partir de un artículo de BBC News Mundo, reproducido y celebrado por algunos medios locales, volvió a instalarse la idea de que Uruguay sería un ejemplo global de sustentabilidad. El argumento se apoya en indicadores como la huella ecológica, el Overshoot Day y la elevada producción de biomasa. Detrás de esa lectura aparece la figura del ingeniero suizo Mathis Wackernagel, referente internacional de estas métricas.
El diagnóstico suena tranquilizador: producimos mucho, usamos relativamente pocos recursos y, por lo tanto, “vamos bien”. El problema es que esa mirada se queda en la superficie. Porque esa biomasa no cae del cielo: se fabrica, y se fabrica con una dosis creciente de venenos.
Los indicadores celebrados por Wackernagel miden volúmenes físicos, pero no registran el entramado químico que los hace posibles. El modelo agroproductivo vigente en Uruguay –transversal a la soja, el trigo, la cebada, el maíz, las praderas artificiales y la forestación– se sostiene sobre el uso sistemático de herbicidas, insecticidas y fungicidas.
Ese paquete de agrotóxicos atraviesa toda la cadena. Se aplica sobre los cultivos agrícolas, sobre las praderas que luego alimentan al ganado, y termina filtrándose en la producción láctea y cárnica que se presenta como “natural” mientras depende de sistemas intensamente intervenidos. Glifosato, 2,4-D, clorpirifos, atrazina y muchas otras moléculas forman parte cotidiana del paisaje productivo, aunque rara vez del debate público.
Sin ese baño químico permanente no habría récords de biomasa ni indicadores “virtuosos”. Pero la contabilidad biofísica suma toneladas y hectáreas sin descontar contaminación. No descuenta suelos degradados, cursos de agua con residuos tóxicos, aire fumigado ni poblaciones rurales expuestas a toxicidad crónica.
El productor, además, queda atrapado en un esquema que no diseñó. Durante décadas, las grandes multinacionales que venden semillas patentadas y agroquímicos –las mismas que producen herbicidas, insecticidas y fungicidas– han impuesto la idea de que no hay otra manera de producir. Ese paquete tecnológico funciona también como un mecanismo económico: captura una parte enorme de la renta antes de que el productor siquiera vea crecer lo que sembró.
Antes de que la planta emerja del suelo, el productor ya tuvo que comprar semillas, fertilizantes y venenos. Es decir, una parte sustancial de la rentabilidad potencial del campo ya fue transferida al exterior –en gran medida a corporaciones radicadas en Estados Unidos–, incluso antes de saber si la cosecha será buena o mala. El riesgo queda en el campo; la renta empieza a irse desde el inicio del proceso.
Ese daño sanitario tiene además un costo económico. Los sistemas de salud terminan tratando enfermedades asociadas a un modelo productivo que nunca contabiliza esos efectos en sus balances.
El resultado es un productor cada vez más dependiente, con márgenes estrechos y menor autonomía. El país importa esos insumos, drena divisas y captura apenas una parte del valor generado, mientras los pasivos ambientales se acumulan.
Pero hay otro costo que casi nunca aparece en estas cuentas: el costo sanitario. Los primeros expuestos son los productores, sus familias y las poblaciones rurales que viven rodeadas de fumigaciones. La literatura científica lleva años señalando la asociación entre varios de estos agroquímicos y enfermedades graves, entre ellas, distintos tipos de cáncer.
La exposición, sin embargo, no termina en el campo. Esos compuestos entran en la cadena alimentaria: en la cebada que termina en la cerveza, en los granos, en el trigo que se transforma en harina, en los lácteos y en muchos otros alimentos cotidianos. También llegan al agua. Después nos preguntamos por qué Uruguay registra niveles altos de cáncer, como si fuera un misterio inexplicable.
Ese daño sanitario tiene además un costo económico. Los sistemas de salud terminan tratando enfermedades asociadas a un modelo productivo que nunca contabiliza esos efectos en sus balances.
Algo similar ocurre con la forestación industrial. Los monocultivos de eucaliptus no se instalaron sobre tierras vacías o improductivas. Se plantaron sobre campos donde antes había producción ganadera, lechera u otras actividades rurales. En esos campos había gente trabajando. Con la forestación, gran parte de esos empleos desaparecieron.
Las promesas de desarrollo y trabajo asociadas a la industria celulósica raramente consideran ese balance: el trabajo que aparece en algunos puntos de la cadena convive con el que desapareció en amplias zonas rurales. Mientras otros países discuten la reducción del uso de pesticidas, la transición agroecológica y la soberanía alimentaria, aquí seguimos celebrando toneladas de biomasa como sinónimo de éxito.
El indicador “da bien”, pero el balance real es otro: renta que se va, venenos que quedan, suelos que se degradan y una sociedad que paga los costos sanitarios y ambientales.
Y mientras sigamos midiendo sustentabilidad sin mirar los venenos que la hacen posible, seguiremos repitiendo –con tono técnico y acento suizo– un cuento que huele cada vez menos a futuro y cada vez más a agrotóxico.
Miguel Zubieta es técnico agropecuario.