Una encuesta reciente de la Usina se centró en las personas en situación de calle, mediante preguntas acerca de la evolución reciente del fenómeno, sus causas, las medidas que se han aplicado o podrían aplicarse para superarlo y las responsabilidades en la materia. Las respuestas de 500 personas, obtenidas a mediados del mes pasado, aportan información muy valiosa. En varias de ellas es notorio cierto sesgo vinculado con las preferencias políticas, pero resulta claro que ese factor no determinó alineamientos automáticos, y que hay percepciones mayoritarias en las que coinciden votantes del oficialismo y de la oposición.
Una de esas percepciones, compatible con los datos oficiales, es que la cantidad de personas en situación de calle ha aumentado, tanto en Montevideo como en el resto del país. El último relevamiento del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) en la capital se realizó en el invierno de 2023 y registró a 2.758 personas; durante el período de “alerta roja” que se decretó el año pasado, el pico máximo de plazas ocupadas en refugios del Mides y centros de evacuación del Sistema Nacional de Emergencias fue 3.007, y según estimaciones de especialistas, el total actual en el país es muy superior a esa cifra.
Antes de que el Mides fuera creado en 2005, se manejaba que había un millar de personas en situación de calle. La emergencia ha ido en aumento durante los gobiernos frenteamplistas y el de la coalición que apoyó a Luis Lacalle Pou. Según la encuesta de la Usina, la mayoría está desconforme con el desempeño gubernamental, pero no cree que haya soluciones simples, ya que reconoce la incidencia de factores de pobreza y desigualdad, de salud mental (incluyendo el consumo problemático de drogas), de exclusión y de respuestas inadecuadas por parte del Estado (incluyendo la insuficiencia de las políticas de vivienda). A esto hay que agregarle, por lo menos, que una parte considerable de la población afectada salió de la cárcel en condiciones de desamparo.
Es mayoritaria la aprobación de que la Policía intervenga para retirar a las personas de la calle, pero apenas un 10% considera que esa es la medida más adecuada. Resulta obvia, además, la cortedad de focalizar este tipo de procedimientos en un municipio montevideano, trasladando problemas agravados a otros territorios.
Se requiere mucho más que políticas del Mides, pero también es cierto que durante el período anterior de gobierno las capacidades de ese ministerio se debilitaron, y que estamos lejos de que se haya restaurado lo perdido desde 2019, cuando los recursos empleados ya eran insuficientes.
La mayor parte de la ciudadanía parece admitir que esta cuestión es compleja y difícil de resolver. Sin embargo, en el sistema partidario hay quienes plantean sus críticas como si las respuestas fueran sencillas y solo hiciera falta señalar y corregir o sustituir a un puñado de culpables. A veces el oportunismo y el electoralismo tampoco tienen techo.