Cada vez que el calendario marca mayo, se suceden en forma espontánea, casi como una avalancha, cientos de actividades centradas –aunque no únicamente– en los desaparecidos. En ese contexto se mueven miles de militantes e innumerables colectivos y organizaciones. La asociación de Familiares sin duda es la que intenta dar rumbo a ese maravilloso “caos”.
Este mes de mayo no solo sirve para exteriorizar la adhesión a los desaparecidos, para expresar innumerables temas sobre derechos humanos, charlas por doquier intentando rescatar memorias. También es un mensaje para los desmemoriados o para pedir cuentas a políticos y gobiernos por promesas y compromisos incumplidos.
Uno de los grandes méritos de Familiares, a veces no suficientemente destacado, es su independencia de todo partido político u organización, cimentada por aquel pequeño grupo de viejas y aguerridas fundadoras. Sin duda esta ha sido una de las claves por las cuales ese pequeño núcleo se ha transformado en la expresión de cientos de miles. Ha resistido en el tiempo infinidad de presiones y tentadoras y edulcoradas propuestas, manteniendo con firmeza y dignidad sus demandas y reclamos.
Todo este proceso lo fueron aprendiendo al caminar, también errando, pues no había un libro de ruta que indicara cómo hacer. Se fue creando a medida que se caminaba, para llegar a esta consigna que sintetiza en una frase cuál es su reclamo y su sentido de existencia: Verdad, Justicia, Memoria y Nunca más Terrorismo de Estado.
Con la asunción del nuevo gobierno se crearon expectativas de avances que podrían ser significativos en ese largo y penoso camino, el de la búsqueda de los desaparecidos. Y de nuevo, lamentablemente, nos encontramos con las mismas trabas y dificultades de todas las administraciones de gobiernos anteriores, desde la presidencia de Jorge Batlle para acá. Agravadas por el paso del tiempo y el mayor conocimiento de toda la mecánica de represión y desaparición que practicó el terrorismo de Estado.
Muchos gobiernos prometieron investigar y desentrañar los asesinatos de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, William Whitelaw y Rosario Barredo; se creó incluso una comisión parlamentaria para investigar dichos casos. Sin embargo, los valiosos pero insuficientes avances en la materia fueron fruto del trabajo tenaz de periodistas de investigación, y últimamente de la fiscalía especializada en crímenes de lesa humanidad.
No nos olvidamos de que en la presidencia de Jorge Batlle se ubicó a Macarena Gelman. Que durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez se ordenó a los comandantes de las Fuerzas Armadas que realizaran informes sobre los detenidos desaparecidos. Tampoco que se entró a excavar en los batallones 13 y 14 de Infantería para ubicar a la nuera de Juan Gelman, madre de Macarena. Que la ministra Azucena Berrutti tuvo el coraje y la decisión de ubicar y capturar un “archivo” en una unidad militar.
Pero ya en esa época se marcaban los límites: “Queremos saber qué pasó, pero no queremos saber los nombres”, con lo que la impunidad estaba sellada. Quienes habían cometido crímenes, torturas, asesinatos, desapariciones no iban a ser nombrados. Se aceptó como cierta la versión militar de cómo habían sucedido los hechos y qué había pasado con los desaparecidos, dentro de territorio uruguayo, porque las desapariciones en otros países, en Argentina principalmente, no eran cuestión del gobierno ni de las autoridades uruguayas, aun cuando estaba comprobado y documentado que quienes fueron autores actuando en connivencia con fuerzas represivas locales eran mandados por los comandos de las FFAA uruguayas. Así, el Ejército uruguayo fue montando una campaña de desinformación, como la operación Zanahoria, que afirmaba que luego de desenterrados los cuerpos los restos fueron tirados al mar, o como la todavía muy difundida versión de que si los perpetradores que realizaron esas desapariciones se niegan a dar información, nunca se va a saber la verdad. Estas y otras patrañas fueron muchas veces “compradas” con agrado por las distintas administraciones y responsables de quienes tenían que responder dónde están.
Es imprescindible aclarar aquí que estos crímenes y desapariciones fueron cometidos desde el Estado, fueron acciones institucionales, no actos de simples bandidos como a veces se les quiere presentar. Y el Estado y particularmente las Fuerzas Armadas registran todo. Es decir, para cada acto de servicio hay una orden, un responsable de la ejecución de esa orden, y un informe hacia el superior del resultado.
Los jerarcas del gobierno actual muestran empatía con los reclamos y demandas de los familiares de los detenidos desaparecidos. Pero lo que realmente marca la cancha es cuánto hacemos y estamos dispuestos a hacer.
Es sabido y reconocido que los crímenes eran perpetrados por organismos especializados de inteligencia militar. Por eso adquieren enorme relevancia los archivos, particularmente los partes operativos, del Servicio de Información de Defensa (SID) y del Organismo de Coordinación de Operaciones Antisubversivas (OCOA).
De acuerdo con reglamentos que rigen en las FFAA, los documentos de estos archivos, catalogados como secretos, solo pueden ser desclasificados por el organismo que los generó o por orden del mando superior. Por lo que el general director del SID o el coronel jefe del OCOA podían desclasificar. También el comandante en jefe del Ejército, o el mando superior, que en nuestra República es el presidente de la nación. Hoy, el SID y el OCOA ya no existen con esa denominación, pero sí están sus organismos herederos, que han continuado con una buena parte de sus funciones bajo otra sigla.
La demanda de pedir al presidente que dé la orden a las FFAA de desclasificar estos archivos y ponerlos a disposición de los investigadores o de cualquier miembro de la sociedad, de entregar la información sobre dónde están los desaparecidos, apunta a un mensaje político claro e inequívoco del presidente a los mandos y un sentido práctico para que se investigue por otros medios si las FFAA no entregan la información. Esta demanda de Familiares y de la sociedad civil organizada, incumplida hasta ahora, es clave para evaluar el compromiso de los gobiernos con la búsqueda de los desaparecidos y los derechos humanos.
Los jerarcas del gobierno actual muestran empatía con los reclamos y demandas presentadas desde hace mucho tiempo por los familiares de los detenidos desaparecidos. Algunos realmente sinceros. Pero lo que realmente marca la cancha es cuánto hacemos y estamos dispuestos a hacer.
Ya han pasado tres administraciones del mismo partido que está gobernando hoy, el Frente Amplio, por lo que no son nuevos los desafíos que debemos enfrentar. En estos días, desde varios lugares –Familiares y la Institución Nacional de Derechos Humanos, entre otros– han remarcado las críticas hacia la burocracia que no deja avanzar en las investigaciones, que resuelve colaborar, pero no termina de hacerlo y pone excusas e impedimentos lamentablemente no desconocidos por lo reiterativos. Desde hace un tiempo, ante tales trabas e impedimentos, algunas organizaciones han recurrido al pedido de acceso a la información pública, al que da derecho la Ley 18.381.
Desde el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior no contestan los pedidos, incumplen los plazos establecidos, alegan reservas para no dar la documentación, etcétera. Esto es lo que ha pasado recientemente con varios pedidos de acceso de Familiares al Ministerio de Defensa, lo que fue reclamado en la última reunión con la ministra y el encargado de la subsecretaría, Fabián Piñeyro, quien oficia de “tapón”, desestimando y desdeñando los pedidos. Lo mismo ha pasado con el proyecto universitario Cruzar: ante un pedido, el Ministerio de Defensa solicitó la prórroga establecida en la ley y después pasó meses sin responder hasta el momento. O con el Ministerio del Interior ante un pedido de Cruzar de un memorándum operativo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia sobre el asesinato de Álvaro Balbi, ocurrido hace 50 años: incumplieron los plazos, en primera instancia lo declararon información reservada por 15 años, y paso seguido negaron tener ese documento.
¿Por qué pasa esto? Esto es parte vital de la impunidad que está enquistada muy especialmente en estos ministerios. Una impunidad que sigue implantada desde épocas dictatoriales, porque ningún gobierno se atreve a tocarla a fondo para desterrarla. Por lo cual, los jerarcas políticos de turno, unos con beneplácito y otros sin ser promotores, miran para otro lado para no molestar o ser molestados.
A más de un año de la asunción del actual gobierno, este no ha mostrado señales claras ni categóricas de avances en materia de búsqueda de los desaparecidos y de la verdad. Hasta ahora se remite a declaraciones y amagues que no se terminan de transformar en avances significativos.
Este 20 de mayo nuevamente marcharemos por Verdad, Justicia y Memoria, Nunca más Terrorismo de Estado.
Nilo Patiño es integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos.
