El miércoles 1º de noviembre de 2023, a las 11.00, Carolina Ache compareció a declarar en la Fiscalía sobre el otorgamiento de un pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset, casi dos años antes, cuando ella era subsecretaria de Relaciones Exteriores y Marset estaba preso en Dubái. Ache afirmó entonces que altos jerarcas del Poder Ejecutivo habían participado en por lo menos cuatro maniobras para ocultar lo que sabían sobre Marset cuando le dieron aquel pasaporte.
La primera, según sus declaraciones nunca desmentidas, fue una reunión que se llevó a cabo en la residencia presidencial de Suárez y Reyes, donde se decidió escamotearle información al Parlamento. En la segunda, el entonces ministro Francisco Bustillo le recomendó a Ache que “perdiera” el celular donde estaba parte de esa información, que el sistema judicial le había reclamado a la cancillería. Ella, por el contrario, entregó en el ministerio un registro ante escribana del contenido de su móvil. La tercera fue un encuentro realizado con disimulo en la Torre Ejecutiva, donde la presionaron para que borrara los datos del celular y obtuviera una nueva certificación notarial de su contenido. La cuarta, cuando ella le confirmó al entonces asesor presidencial, Roberto Lafluf, que no iba a hacer lo que le habían pedido, y él le dijo, después de pedirle unos minutos para hablar con el presidente Luis Lacalle Pou, que ya había destruido la certificación original.
Una de las repercusiones inmediatas de las declaraciones de Ache fue que Bustillo dejó de ser ministro, pero siguió siendo funcionario de Relaciones Exteriores, ya que es un diplomático de carrera. Lacalle Pou intentó sin éxito nombrarlo embajador en Perú, y luego fue pedido en comisión por el diputado nacionalista Juan José Olaizola.
Ahora, más de dos años después de la comparecencia de Ache, y cuatro años y medio después de los hechos que se investigan, es grave que el país siga sin saber hasta dónde llegaron las responsabilidades de lo que pasó.
Impulsos y frenos
La causa estaba a cargo del fiscal Alejandro Machado, quien a mediados de mayo de este año fue trasladado a la nueva Fiscalía Especializada en Cibercrimen, por decisión de la fiscal de Corte interina, Mónica Ferrero. Está previsto que Machado sea sustituido recién el mes que viene por el fiscal Diego Pérez, cuando este regrese de un curso de capacitación en Roma al que lo envió Ferrero. Después de que Pérez estudie el expediente, veremos cómo y por cuánto tiempo sigue esta historia.
Machado le había solicitado información a Relaciones Exteriores, donde faltaba parte de los datos requeridos por el fiscal. Este fue uno de los motivos de una investigación administrativa ordenada por el actual canciller, Mario Lubetkin, que reconstruyó el proceso y halló elementos que permitían identificar a Bustillo y al exjefe de Jurídica de la secretaría de Estado, Carlos Mata, como presuntos responsables de hechos irregulares.
Mata declaró que Bustillo le había ordenado que la certificación notarial de Ache fuera llevada a la Torre Ejecutiva y admitió que él le había entregado en persona a Lafluf el sobre correspondiente. Las declaraciones de Bustillo, sobre las que informó el semanario Búsqueda, fueron alarmantes. Dijo que si Lacalle Pou le hubiera pedido el documento, él le habría enviado una copia, pero que no recuerda si lo hizo. Pese a la mala memoria, aseguró que no era cierto lo declarado por Mata. Ahora parece que el excanciller trata de pasar a la ofensiva.
El acusado acusa
Lubetkin dispuso que se le iniciara un sumario a Bustillo, pero este se niega a declarar. Alega que no corresponde someterlo a un procedimiento administrativo por sus actos políticos como ministro, que él ya fue sancionado con su cese como canciller y que no puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos.
Esa línea de razonamiento, que no parece de recibo para eludir la acusación de cometer un delito, es acompañada por un relato en el que se presenta como víctima de una persecución orquestada por el actual prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz. Este mes, quizá por casualidad pero con una fuerte apariencia de contraataque, la noticia sobre el sumario a Bustillo y su negativa a declarar fue acompañada por la difusión, en varios medios, de cuestionamientos a los viajes que ha realizado Lubetkin y el correspondiente cobro de viáticos. En forma menos pública y sin presentar pruebas, han circulado también acusaciones de mayor gravedad contra el canciller.
Lubetkin estuvo en Estados Unidos hasta ayer, cuando viajó a Panamá para una reunión de la Organización de Estados Americanos, y luego seguirá ocupándose de tareas fuera del país. Consultado por Búsqueda, aseguró que está en condiciones de documentar los motivos valederos de cada uno de sus traslados al exterior y que ha devuelto buena parte de los viáticos. Cabe preguntarse si Bustillo podrá exponer con similar transparencia sobre los hechos por los que es investigado, cuando le toque algún día –aún indeterminado– comparecer en la Fiscalía.
