El Uruguay del consenso democrático posdictadura y los buenos modales políticos, con el paso del tiempo, transformaron las invocaciones y rememoraciones sobre la dictadura y la épica de la resistencia en estereotipos, de forma similar a lo sucedido en el caso de los actos conmemorativos por la Batalla de Las Piedras, aunque la distancia entre los tiempos transcurridos sea enorme en un caso y menos en el otro.
A ello ha contribuido, en gran parte, la esquematización de las explicaciones y la repetición de las conclusiones sobre las causas del golpe de Estado y sus responsables realizadas durante los últimos 40 años, principalmente desde la “palabra autorizada” monopolizada por el elenco de gobernantes y políticos tradicionales. La “teoría de los dos demonios” y la autoimagen que se construyeron como “demócratas de toda la vida” representan dos de los ejemplos concretos más salientes de ese proceso que describimos tras el objetivo de equiparar a las víctimas con los victimarios (“ni vencidos ni vencedores”) a la vez que exculpar a los liberales de toda responsabilidad sobre lo acontecido (“todos sufrimos la dictadura”).
La esquematización de las causas y la culpabilización de uno solo de los demonios (el “maligno”) se complementa con la repetición del discurso liberal, su mecanización o automatización, hasta transformarlo en un simple “sentido común” para explicar la dictadura, no solamente acrítico, sino también desafectado, de tal manera que los sentimientos sociales que afloraron a la caída de la dictadura y durante la primavera democrática, el respeto y la admiración por los ejemplos heroicos de la resistencia antidictatorial y sus protagonistas, con el paso del tiempo tuvieron que refugiarse en la esfera privada para ser contados como anécdotas personales de otros tiempos, sin proyección a la época actual, tan necesitada de épicas como de ética.
Así como la modernidad política laicizó el discurso teológico del poder terrenal, nuestros liberales “democratizaron” desde 1985 la circulación pública del discurso militar antisubversivo para que —sobre las mismas bases ideológicas anticomunistas y antiizquierdistas— tuviera una continuidad civil en democracia e incidiera como discurso del orden estatal reproducido por los políticos tradicionales, en defensa de la propiedad privada, la democracia liberal y la libertad de mercado.
La impunidad contra los crímenes de lesa humanidad, votada primero en 1986 como “ley de caducidad” por las mayorías parlamentarias —conformadas por los mismos partidos que en 1972 aprobaron la “ley de seguridad y el orden interno del Estado” así como implantaron el “estado de guerra interno”—, determinó también una permanente presentificación de la dictadura invocada frente a cualquier disidencia, paros, movilizaciones o protestas sociales, que eran así estigmatizadas como violentistas e intolerantes y asociadas a un posible retorno a los tiempos oscuros (“esa película ya la vimos, sabemos cómo termina”).
Durante años, desde la recuperación de la democracia, digamos, hasta la creación de la Comisión para la Paz por el gobierno de Jorge Batlle (2000), casi nada se avanzó en materia de verdad, investigaciones, archivos y justicia respecto de los crímenes de lesa humanidad cometidos en el pasado reciente y la condena penal a sus autores materiales e intelectuales, tanto en el país como en Argentina, en el marco de la coordinación represiva regional y el Plan Cóndor.
A decir verdad, como el nombre clásico del fenómeno lo indica, las causas y las responsabilidades políticas de un golpe de Estado siempre remiten al propio Estado como sujeto de la acción de “golpear” o “quebrar” el orden constitucional y legal del país. Por eso mismo, importa volver a analizar el proceso de gradual reestructura de las formas del Estado y la división de poderes, su capacidad no solo de aprobar leyes, sino de no aplicarlas o suspenderlas, de asegurar su unidad decisoria transformando su monopolio legítimo en un aparato de poder represivo, en la construcción de un tipo de liderazgo político “fuerte” y un estilo de gobierno basado en la autoridad gubernamental y no en el consenso social, en las prohibiciones y, finalmente, usurpación del poder social y sus formas de expresarse, junto con la suspensión de las libertades individuales.
Este proceso, que en nuestro país se acelera entre 1968 y 1973, de pasaje del Estado paternalista al Estado autoritario —antes que dictatorial—, aconteció dentro de un orden legal-constitucional y dentro de un sistema político liberal-democrático y de partidos, que subsistió hasta el 27 de junio de 1973. El relato identitario de la “excepcionalidad” de la democracia uruguaya y el Estado “batllista”, reproducido acríticamente durante décadas, no se validó en los años 60 y principios de los 70 del siglo XX. Por el contrario, para la “superación” de la crisis de la democracia liberal ante su incapacidad para gestionar el conflicto, las movilizaciones de masas y la polarización social e ideológica, absorber consensualmente el fraccionamiento de los partidos y el personalismo de los liderazgos políticos de turno y superar las alternativas reales de transformación del sistema ante la unidad alcanzada por el movimiento sindical en la CNT (Convención Nacional de Trabajadores; 1966) y por los partidos y grupos políticos de izquierda en el Frente Amplio (1971), para las clases dominantes y los militares golpistas la opción fue romper la legalidad democrática y el Estado garantista, para conservar así el orden y la unidad interna del Estado y el gobierno político de los conservadores a través de imponer por la fuerza una nueva gubernamentalidad por casi 12 años en el país.
Recordemos que la democracia política moderna se organiza dentro del sistema capitalista de producción y del Estado, que el Estado, antes que al derecho, está sujeto al principio de soberanía (interna y externa) que resguarda su integridad territorial y capacidad decisoria única, y que el orden legal instituido descansa, por último, en el monopolio estatal de la fuerza y de la autoridad para imponerlo, sobre todo en momentos de crisis como los vividos en Uruguay desde mediados de los años 50 del siglo pasado hasta el golpe.
Por lo tanto, los márgenes del disenso en la sociedad se dirimen, también, entre las contradicciones intrínsecas del capitalismo y sus efectos sobre la democracia, entre los principios del “gobierno del pueblo” y el “monopolio de la fuerza”, entre el “pluralismo de la sociedad” y la “soberanía estatal”, entre la igualdad de los individuos al nacer y ante la ley y la apropiación privada de los resultados de su trabajo, entre las garantías de respeto a la preservación de la vida y la integridad física de las personas y las necesidades de la “razón de Estado”.
Y cuando los marcos institucionales no son suficientes, la misma democracia y el Estado de derecho se van transformando en su contrario, degradan o corrompen sus principios clásicos a través de aplicar en forma permanente la “legalidad de excepción”, contemplada en la Constitución ante circunstancias “extraordinarias” que son definidas por la misma autoridad estatal que las aplica. Y si el gobierno de excepción, o bajo decreto o medidas prontas de seguridad —como fueron el de Jorge Pacheco Areco y Juan María Bordaberry—, no fueron suficientes para detener la lucha obrera y popular y disciplinar a la sociedad, entonces existieron instrumentos de dudosa constitucionalidad o al margen de esta como el “estado de guerra interno” o la “misión” encomendada a las Fuerzas Armadas de combatir a la subversión en todo el territorio nacional, el cogobierno de políticos y militares institucionalizado en el Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) o autorizar la intervención de la “justicia militar” en el juzgamiento de civiles y su internación en cuarteles hasta, incluso, tolerar el accionar clandestino de “Escuadrones de la Muerte”, grupos paramilitares y parapoliciales para el asesinato extrajudicial y la desaparición forzada de opositores al régimen.
El Uruguay del consenso democrático posdictadura y los buenos modales políticos, con el paso del tiempo, transformaron las invocaciones y rememoraciones sobre la dictadura y la épica de la resistencia en estereotipos.
Aun así, desbaratada la subversión armada en 1972 en el país, sobrevino igual un golpe de Estado y la dictadura, no solo en Uruguay, que estructuró definitivamente el Estado “dual” —normativizado y clandestino—, para actuar, ya sin límites legales y éticos, como “poder desaparecedor” y para el encierro carcelario masivo y prolongado y las torturas a gran escala de los secuestrados y detenidos.
En síntesis, entre 1968 y 1973, antes del golpe, se implementaron mecanismos de poder y se generaron las condiciones legales y subjetivas para degradar desde dentro el régimen democrático (lo que la izquierda en aquellos años caracterizaba como “cáscara vacía”) para salvaguardar el sistema capitalista y el monopolio del poder estatal, imponiendo un régimen de gobierno autoritario (o “dictadura constitucional”) y luego dictatorial que, a partir de 1975-1976, se configuró como “terrorismo de Estado”.
Esta descripción determina, a nuestro entender, algunas características específicas del proceso uruguayo, a diferencia de otros países del continente latinoamericano en que también se instalaron regímenes militares de “nuevo tipo” (Brasil, Argentina, Bolivia, Chile). En nuestro caso, mencionaremos brevemente algunos aspectos:
- El proceso de transición de la democracia a la dictadura en Uruguay, entre 1968 y 1973, fue lo que definimos en otros trabajos como el “camino democrático” a la dictadura, en el que las transformaciones institucionales autoritarias y abusos de la fuerza estatal fueron en principio legitimadas por la legalidad del Estado de derecho, la autoridad gubernamental electa y la institucionalización de la violencia pública a través de leyes y decretos aprobados por las mayorías parlamentarias de turno. En ese proceso gradual se produce una especie de codigopenalización de la Constitución, donde también la función policial del Estado de derecho para asegurar el orden público termina sobredeterminando su legalidad racional y función garantista, en el marco de un proceso creciente de criminalización, estigmatización y victimización desde el Estado de determinados sectores políticos de izquierda y de la sociedad civil.
- El propio presidente constitucional —y dirigente del Partido Colorado—, electo democráticamente, devino dictador (Bordaberry); no hubo en este caso vacío ni usurpación del poder (un asalto al poder”) por parte de los militares desplazando a los civiles. El poder estatal fue compartido, así como la cultura de la impunidad en la democracia recuperada fue luego también construida por la voluntad de los políticos profesionales y la omertá militar. Recordemos, al pasar, que durante el siglo XX, los golpes de Estado en Uruguay fueron ejecutados por los presidentes de iure convertidos en presidentes de facto.
- Se configuró así un régimen dictatorial de naturaleza “mixta” o “híbrida”: civil-militar, con una división de funciones en su ejercicio cotidiano: político-tecnocrático-diplomático y represivo-militar-burocrático dentro de un único bloque de poder gubernamental compartido por ambos elencos. Contrario sensu, no se da en nuestro ejemplo una personalización del poder en la figura del dictador o tirano militar como en Chile (Augusto Pinochet), Argentina (Juan Carlos Onganía, Jorge Rafael Videla), Bolivia (Hugo Banzer), al menos hasta 1981 y la asunción como presidente _ de facto_ y comandante militar del general Gregorio Álvarez.
- Los elencos burocráticos, administrativos y políticos, así como buena parte de los oficiales generales golpistas e integrantes de la Logia de Artigas, tenían su adscripción política previa en los partidos tradicionales. Incluso algunos de ellos fueron posteriormente líderes de sectores o candidatos a presidentes de la República (Mario Aguerrondo, Juan Pedro Ribas), así como también los presidentes de facto (Alberto Demicheli y Aparicio Méndez) y los designados para el Consejo de Estado de la dictadura (Martín Echegoyen). A nivel departamental, los intendentes electos continuaron en sus cargos luego del golpe de Estado, salvo el intendente de Rocha (Mario Amaral), quien renunció en protesta por el golpe de Estado.
- Si bien el objeto de la vigilancia y el disciplinamiento del régimen dictatorial se ejerció sobre el conjunto de la población y los sectores opositores al régimen, la represión y castigos del Estado dictatorial en Uruguay, Argentina y Chile se descargaron contra los partidos y grupos de izquierda e integrantes del recién constituido Frente Amplio. En consecuencia, también pertenecen a estos sectores la mayoría de las víctimas de asesinato político, desaparición forzada, encierro carcelario prolongado, tortura masiva y exilio.
- La declaración unilateral de “guerra interna” o “guerra sucia” contra el “enemigo interno” define un conflicto intraestatal que enfrenta al Ejército contra sus propios connacionales. Esto reconfigura la lógica y los métodos de las guerras clásicas entre Estados, así como la crudeza del enfrentamiento entre “hermanos de sangre” y la inhumanidad de las acciones de los perpetradores, sin límites éticos ni convenciones contra el enemigo hasta su exterminio. Por consiguiente, ello también redefine el papel de las Fuerzas Armadas, que del papel orgulloso de defensores de la soberanía de la nación pasan a la misión de defender el orden interno, transformando su guerra antisubversiva en una guerra policial, donde las estrategias de despliegue, métodos y armamentos están condicionados por el enfrentamiento a un enemigo que no se respeta como combatiente, sino que se lo considera un delincuente común y traidor a la patria. En este proceso, las Fuerzas Armadas incluso adoptan los métodos que achacan a sus enemigos: la actuación clandestina, el no uso de uniformes y armas a la vista, la infiltración y delación, el cambio de identidades, la utilización de centros de reclusión clandestinos, la mentira y el engaño institucional para ocultar la verdad, los enterramientos clandestinos y desaparecidos.
La otra historia de la época de la dictadura: la resistencia
A la madrugada del mismo día del golpe, con el cambio de turno en las fábricas, se abre un capítulo heroico de la historia contemporánea de Uruguay protagonizado por la clase obrera organizada en la CNT, que respondió unitariamente al quiebre democrático en el país con la huelga general de 15 días, con ocupación de los lugares de trabajo en Montevideo y otros departamentos del interior del país, medida acompañada por las declaraciones antidictatoriales y decisiones de ocupar sus facultades por parte de la Universidad de la República y la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay. Pero esa es ya otra historia.
Álvaro Rico es exdocente de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación e investigador del Centro de Estudios Interdisciplinarios Uruguayos, Universidad de la República.
