Neptuno, el disparatado proyecto para potabilizar agua de la zona de Arazatí en el Río de la Plata con la que abastecer parcialmente –y con viento a favor– a Montevideo, comenzó costando 207 millones de dólares. Sucesivos agregados llevaron el presupuesto a casi 300 millones de dólares.
A los cuatro vientos se lo publicitó como la obra “más grande de la historia” en agua potable y como la mayor inversión en ese rubro. Lo que no se dijo es que los pagos anuales previstos en el contrato de la obra sumaban 900 millones de dólares en 17 años. El 25 de enero de 2025 el gobierno saliente firmó el contrato comprometiendo el pago anual de más de 50 millones de dólares durante 17 años y medio, un total de 900 millones de dólares por la obra presupuestada en 294 millones.
El proyecto Neptuno fue cancelado por el nuevo gobierno, que asumió en marzo de 2025. Si bien se reconoció que el contrato firmado para el proyecto Neptuno incluía cláusulas inconstitucionales, por lo que legalmente era nulo, se decidió renegociar con el consorcio Infraestructura Arazatí SA la construcción de una planta potabilizadora en Aguas Corrientes y una línea de conducción de agua potable en Canelones.
En la “renegociación” se pactaron obras por 213 millones de dólares y un pago anual de casi 40 millones en 17 años y medio, unos 700 millones de dólares. Si se compara el contrato original con el resultante de la “renegociación”, el consorcio constructor consiguió un 12% más de ganancia por cada dólar presupuestado, una cifra nada menor.
Este tipo de situaciones en las que el costo de las obras se multiplica por tres y hasta por cuatro por la financiación privada no es nuevo y lo vimos claramente con la construcción del tren para UPM. Ese tren estaba presupuestado en 790 millones de dólares que estimaciones privadas incrementaron hasta 1.000 millones y se terminará pagando más de 3.000 millones de dólares, 17 anualidades de 180 millones de dólares, casi 500.000 dólares diarios.
Similar relación entre el valor de la obra y el costo financiero se ve en todas las obras construidas por el sistema de participación público-privada (PPP) y las denominadas “iniciativas privadas”. En esos esquemas la ganancia de las empresas constructoras se da más por el esquema financiero que por la construcción de la obra.
Desde el Movimiento Uruguay Sustentable se ha expresado repetidas veces la inconveniencia económica y financiera de este esquema. Si se calcula la tasa de interés de la financiación privada de las obras, se encuentran valores muy por encima de los que ofrecen en condiciones similares hasta los bancos de la plaza financiera local. Ni que decir cuando se comparan con los préstamos internacionales a los que podría acceder Uruguay.
Pagar 700 millones de dólares en 17 años y medio por una obra que cuesta algo más de 200 millones implica una tasa efectiva anual superior al 17%. A modo de comparación, un préstamo inmobiliario en plaza puede obtenerse con tasas tan bajas como 3,5% y en el peor de los casos siempre inferior al 6%. Un organismo internacional como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) otorga créditos con intereses por debajo del 5%.
La diferencia en el costo financiero es abismal: un préstamo de 200 millones de dólares con una tasa efectiva anual del 5% cuesta 292 millones en 17 años; pagarlo con una tasa del 17% implica más de 400 millones extra de costo financiero.
Es inaceptable que se pacten pagos con intereses que podrían superar los montos de la usura, especialmente cuando se hace para obras de dudosa conveniencia o francamente injustificables.
En el ordenamiento legal uruguayo, la Ley 18.212 marca los límites de usura, cuyo valor hoy no supera en dólares el 12%. Esa ley también establece que los intereses deben pactarse en términos claros y precisos, expresándose en términos efectivos anuales, lo que no sucede con los contratos firmados por obra pública, que solo establecen montos de pago por disponibilidad, resultantes de fórmulas que incluyen reajustes por variaciones del valor de la unidad indexada y del dólar, integrando la inflación a los intereses del contrato.
Un análisis de la fórmula utilizada en el contrato firmado por OSE en marzo de este año para la construcción de la nueva planta potabilizadora para el sistema de Montevideo muestra que si hoy se hiciera el pago trimestral previsto en el contrato sería por un monto en dólares 21% superior al original, lo que se suma a la leonina tasa de interés que se oculta en los pagos por disponibilidad pactados en el contrato.
Es inaceptable que se pacten pagos con intereses que podrían superar los montos de la usura, especialmente cuando se hace para obras de dudosa conveniencia o francamente injustificables. De confirmarse, los firmantes de esos contratos debieran ser llamados a responsabilidad, civil e incluso penal.
Raúl Viñas es magíster en Meteorología, integrante del Movimiento por un Uruguay Sustentable.
